Categoría: Sin categorizar

“Más del 60% de la población española se dirige a Internet para consultar temas relacionados con el ámbito de la salud”.

La cultura digital ha supuesto en el ámbito sanitario un cambio solo comparable al que en su día protagonizó la revolución industrial en la economía mundial.

Si introducimos el término ‘salud’ en Google, encontramos cerca de 700 millones de resultados asociados. Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), más del 60% de la población española se dirige a Internet para consultar temas relacionados con el ámbito de la salud. Si a esto le añadimos la cada vez mayor velocidad de viralización de los contenidos que imprimen las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, nos hallamos frente al campo de cultivo perfecto para que las denominadas fake news de salud proliferen a sus anchas.

La salud protagoniza buena parte de los bulos en Internet. Algunos de ellos, curiosos, como asegurar que las patatas fritas ayudan a combatir la calvicie. Sin embargo, otras aseveraciones pueden desencadenar un verdadero problema de salud pública. Se trata de informaciones tan descabelladas como decir que las vacunas pueden provocar autismo o que el zumo de limón con bicarbonato en ayunas ayuda a combatir el cáncer.

Conscientes de esta situación, algunos grupos políticos, tanto en España como en otros países de la UE, están comenzando presentar iniciativas legislativas a favor de establecer un marco jurídico que ayude a luchar contra las fake news. Asimismo, la Comisión Europea puso en marcha, el pasado mes de enero, un grupo de expertos de alto nivel, con el fin de trabajar en la búsqueda de opciones para combatir esta «amenaza contra los valores democráticos».

Lejos de crear un Ministerio de la Verdad “imparcial y objetivo” —como aquel que George Orwell describía en su “1984”— es interesante ver cómo distintos agentes sociales llevan a cabo actividades de lobby para combatir los bulos, a través de posibles modificaciones legislativas.

En un ejercicio de responsabilidad social, también están comenzando a aparecer iniciativas interesantes para combatir las noticias falsas en Internet. Un ejemplo reciente ha sido la creación de #SaludSinBulos (www.saludsinbulos.com), una plataforma impulsada desde la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES), cuyo propósito es crear un Observatorio de los Bulos de Salud en Internet. El objetivo es conseguir la unión de profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes, instituciones y periodistas, para denunciar y desmontar las informaciones falsas que circulan por la Red.

Como ya se ha demostrado en otros ámbitos, el trabajo multidisciplinar de todos los agentes implicados en un área es la mejor fórmula para mejorar la calidad, en este caso de la información de salud en la red.

 

 

 

 

 

 

María Real Bela

Directora Asociada

El Gobierno de España ha anunciado, en el Congreso de los Diputados, su intención de aprobar en los próximos meses el “Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones 2018-2021”. En este sentido, Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha expresado su intención de poner en marcha 26 proyectos en 2018, a través de un grupo interministerial que se coordinará con el sector, contando con una estructura directiva encabezada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). De la Serna también ha desgranado algunas de las acciones contempladas en el Plan, como la creación de un laboratorio y un observatorio de drones que impulsen la investigación y la innovación.

El Plan cuenta con 4 ejes estratégicos: implantación del marco normativo actual y desarrollo de la normativa futura; impulso al desarrollo empresarial y a la I+D+I del sector; divulgación de información sobre el sector, y coordinación entre Administraciones. Estos ejes se estructuran, a su vez, en 8 líneas estratégicas, que se concretan en 29 iniciativas. La nueva regulación se presentó oficialmente en marzo y desde entonces ha estado abierto un proceso de consulta pública. Según el ministro, “el Plan apuesta de una manera decidida por la innovación tecnológica como elemento clave para el desarrollo del sector, constituyendo una pieza complementaria al Plan de Innovación elaborado por el Ministerio de Fomento y presentado el pasado mes de noviembre”. Además, “supone complementar y ampliar el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre que ampliaba el marco normativo adoptado inicialmente por la Ley 18/2014 para la realización de actividades con drones, y que desde 2014 ha habilitado a más de 3.000 operadores”. Desde el Gobierno son conscientes de que la irrupción de los drones afecta a los modelos tradicionales de movilidad, razón por la que ha buscado que todas las partes implicadas tengan la oportunidad de trasladar sus intereses y llevar a cabo acciones de lobby.

¿Cómo plantea el Gobierno la financiación del Plan Estratégico? Según fuentes ministeriales, se utilizarán los fondos del CDTI (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), los programas de financiación europeos H2020 y los fondos CEF. Tal y como señalan los datos oficiales, en la Unión Europea (UE) se estima que existe un parque de entre 1 y 1,5 millones de drones de uso civil, que se ha alcanzado fundamentalmente por un fuerte crecimiento de los drones de uso recreativo, con incrementos superiores al  100% anual en los últimos años. De las cifras anteriores, se calcula que 10.000 unidades se corresponden con drones de uso profesional. Dado el impacto creciente del sector en la economía, las autoridades españolas han decidido apostar por el impulso del país en la carrera por la innovación y la formación.

 

Álvaro Sanz López

Consultor de Public Affairs

“Su ingesta reduce además el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular”

Comer con mucha frecuencia frutas, verduras y granos enteros se traduce, con el tiempo, en menos posibilidades de sufrir depresión. Esta es la principal conclusión de un trabajo desarrollado por la doctora Laurel Cherian, de la Universidad Rush, en Chicago y que será presentado estos días en la reunión de la Academia estadounidense de Neurología, en Los Angeles. Este estudio encontró que aquellas personas cuyas dietas se asemejan a la de Enfoques dietéticos para detener la hipertensión (DASH), tienen menos posibilidades de desarrollar depresión de las que no ingerían esos alimentos. Además de frutas y verduras, esta dieta recomienda productos lácteos descremados o bajos en grasa y limita los alimentos con alto contenido de grasas saturadas y azúcar. Según los analistas, DASH reduce la tensión arterial alta y el colesterol malo (LDL), junto con una disminución del peso corporal.

Como recuerda la doctora Cherian «La depresión es común en adultos mayores y es más frecuente en personas con problemas de memoria, factores de riesgo vascular como presión arterial alta o colesterol alto. También entre los que han tenido un accidente cerebrovascular. En su opinión hacer un cambio en el estilo de vida como alterar su dieta a menudo es preferible a tomar medicamentos. “Por eso queríamos ver si la dieta podría ser una forma efectiva de reducir el riesgo de depresión», añade. En este trabajo participaron 964 voluntarios con una edad promedio de 81años. Fueron evaluados anualmente durante seis años y medio. Los investigadores analizaron en este tiempo si siguieron dietas como DASH, la dieta mediterránea y la dieta occidental tradicional.

La doctora Cherian matiza que su trabajo no prueba que la dieta DASH conlleva un menor riesgo de depresión, “solo muestra una asociación”. Son necesarios más ensayos para confirmar los resultados obtenidos por esta neuróloga y su equipo.

 

PUBLICADO EN A TU SALUD(LA RAZÓN) EL DOMINGO 22 ABRIL 2018

José María Fernández-Rúa

¿Qué es la inteligencia artificial (IA)? Según BBVA Data & Analytics, “es un campo de la informática que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana, como por ejemplo traducir un documento o reconocer a una persona por su cara. También sistemas que aprenden a comportarse de manera autónoma, como vehículos sin conductor o robots”. La IA constituye un área en constante desarrollo y supone importantes retos regulatorios para los legisladores de los países más avanzados tecnológicamente; siendo creciente la presión sobre éstos para aumentar la protección de los usuarios frente a las prácticas de las grandes compañías tecnológicas. En este sentido, el contexto actual brinda a los actores sociales y económicos una ventana de oportunidad óptima para trasladar a los decisores, mediante acciones de lobby o representación de intereses, sus visiones sobre el mejor abordaje de esta nueva realidad.

Es conocido el potencial tecnológico de países como Estados Unidos o Reino Unido, pero son potencias como China o Emiratos Árabes Unidos (EAU) las que están tomando posiciones delanteras en la carrera por el desarrollo de la IA. En Estados Unidos se ha creado un comité asesor que marcará el camino para diseñar un marco regulatorio para el avance y control de la IA, existiendo además una normativa sobre trabajos vinculados a la IA y dos borradores para regular el uso del coche autónomo. Por otra parte, en Reino Unido el último plan estratégico industrial que presentó el Gobierno británico incluía la creación de un centro ético para el tratamiento de datos y la innovación.

No obstante, la pole position la ostentan países como EAU, que ha diseñado una estrategia para liderar, antes de 2031, los avances en inteligencia artificial a nivel mundial. Para ello, está desarrollando una amplia normativa en este campo y pretende integrarla en nueve sectores económicos: transporte, salud, espacio, energías renovables, agua, tecnología, educación, medio ambiente y tráfico. Posición de ventaja compartida con China, que con el lema “Made in China 2025” quiere fomentar el desarrollo de la IA en diferentes industrias de interés estratégico para el país.

¿En qué situación se encuentra la Unión Europea (UE)? Todavía no existe una política común sobre esta materia, a pesar del rápido desarrollo de esta tecnología en la región. De momento, todos los avances legislativos se han centrado en aspectos como la protección de datos, pero todavía no en robótica o IA. En este sentido, la Comisión Europea ha manifestado su intención de establecer una base legal común para todos los Estados miembro.

 

Álvaro Sanz López

Ejecutivo de Cuentas

“El Impuesto de Sucesiones fue creado como tributo de cierre, para contrarrestar el bajo número de tributantes por el antiguo IRTP”

El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómico esta sobre la mesa y nuestros representantes políticos se enfrentan a un reto que parece tener proporciones colosales: alcanzar un consenso. Las tensiones políticas que ha provocado la situación en Cataluña han trastocado los planes del Gobierno y del Partido Popular. Si mantener un equilibrio entre Ciudadanos y el PNV para apoyar los presupuestos ya era complicado, la posición de los nacionalistas, que se niegan a dar su voto favorable mientras siga vigente el artículo 155, está empujando al Ejecutivo a plantearse opciones nunca vistas durante nuestra joven democracia, como es la prorrogación de los presupuestos durante dos ejercicios.

La situación es difícil per se, y la proximidad de los diversos procesos electorales sólo puede agravarla. La estrategia de los partidos por captar votos pasa por alejarse del resto de formaciones, tratando de resaltar sus bondades sobre las maldades de los demás. El escenario catalán, el proceso judicial al que se están sometiendo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, o la polémica por los títulos universitarios en la Comunidad de Madrid no parecen ser elementos que vayan a contribuir a lo que todos los españoles realmente necesitamos: un consenso político que priorice al ciudadano y que cuente con un modelo de distribución de los fondos públicos, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad y equitativos en todos los rincones de nuestro país.

A pesar de que las estimaciones del Ministerio de Hacienda sitúan 2018 como el año con mayor financiación a las autonomías –105.051 millones de euros– son muchas las Comunidades Autónomas que siguen considerando insuficiente el sistema actual. El caso catalán es el más sonado, pero otras como Castilla y León, Andalucía o la Comunidad Valenciana, también piden una revisión de un modelo en el que consideran que salen perjudicados.

En este contexto, nos hemos encontrado con una tendencia a la baja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Andalucía o Extremadura son los casos más extremos, pues han pasado de ser dos de las Comunidades con mayor presión fiscal en este ámbito, a bonificarlo prácticamente en su totalidad. Pueden ser varios los motivos que impulsan esta deriva: el pulso de Ciudadanos en Andalucía, la proximidad de elecciones autonómicas, la “competencia fiscal” entre regiones… Pero hay algo seguro: el mayor beneficiario de una rebaja en este impuesto es el ciudadano medio.

La Administración ya ha mostrado su preocupación, sobre todo las regiones gobernadas por el Partido Socialista, por su carácter más intervencionista, pues entrar en una competencia fiscal entre Comunidades Autónomas afectaría su poder recaudatorio. La necesidad de abordar este tema por parte del principal partido de la oposición puede ser uno de los elementos que fuercen el acuerdo de cara a los presupuestos, pero tampoco parece tarea fácil, pues pasaría por una modificación de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El punto de partida parece ser el informe elaborado por la llamada “Comisión Lagares” que, entre otras cosas, establece unas bandas de máximos y mínimos dependiendo del grado de parentesco, que garanticen cierta nivelación interregional. Sin embargo, se antoja difícil esta empresa pues, para que esta nivelación fuese efectiva, sería necesario eliminar algunas competencias en materia fiscal transferidas a las Comunidades Autónomas por esta misma ley. De no hacerse así, de nada serviría este cambio regulatorio, pues cada región podría bonificar a su antojo el impuesto, obteniendo una presión fiscal inexistente y volviendo al punto de partida.

Quién sabe, puede que, después de todo, un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre el Impuesto de Sucesiones sea la baza que desbloquee la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta la contraposición de PNV y Ciudadanos.

Mientras, distintas asociaciones regionales hacen lobby frente a las autoridades autonómicas, con el objetivo de acabar con un impuesto que, creado durante la transición, no dejaba de ser un tributo de cierre, necesario por el bajo número de contribuyentes al entonces IRTP (Impuesto sobre los Rendimientos del trabajo Personal). Sin embargo, con el alto porcentaje de la población aportando al IRPF (en torno al 42%), el de sucesiones y donaciones pierde este rol y, por tanto, el sentido de mantenerlo, especialmente a tipos del 25% —como los de Asturias o Aragón— que ahogan a la clase media (recordemos que más del 99% de las herencias en España son de menos de 1 millón de euros, incluyendo vivienda familiar).

 

Pepe Fernández-Rúa

“Existe un parentesco prehistórico genético muy estrecho entre ibéricos y norteafricanos”

Los antígenos de leucocitos humanos (HLA), denominados así por el inmunólogo y premio Nobel francés Jean Dausset en la década de los cincuenta del siglo pasado, ilustran como ningún otro marcador biológico la unicidad y la diversidad de las personas. Esto lo sabe muy bien el profesor Antonio Arnáiz, catedrático de Inmunología de la Universidad Complutense y uno de los mayores expertos mundiales en genética de las poblaciones. Este acreditado especialista investiga desde hace más de 25 años la genética de las poblaciones del norte y sur del Mediterráneo. En su laboratorio del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y del Departamento de Inmunología de la Complutense colabora con científicos tunecinos y acabo de publicar en “PLOs One” que existe un parentesco muy estrecho prehistórico genético, cultural (misma civilización megalítica y de pinturas rupestres esquemáticas saharianas y de cuevas  de Iberia) e incluso lingüística. En su opinión, el ibéro antiguo, el euskera  y el bereber están muy emparentados. Pero como ha explicado esta semana en un congreso internacional celebrado en Estados Unidos, la genética sin contexto cultural y lingüístico puede dar lugar a interpretaciones confusas e incompletas.

En este punto cabe recordar al profesor Angel Martín-Municio, que solía repetir al referirse al polimorfismo genético, que este lenguaje de los aminoácidos se mantiene constante a través de las sucesivas generaciones de la misma especie y es distinto, a su vez, en las diferentes especies de seres vivos”. Ahora, el profesor Arnaiz concluye que ibéricos y norteafricanos tienen genes específicos comunes desde tiempos prehistóricos, tras protagonizar el estudio más grande que se ha hecho hasta hora en esta área, con cien poblaciones atlántico-mediterráneas de 36 países que incluye 32.012 cromosomas.

José María Fernández-Rúa

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Justicia inició el trámite de información pública del Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales. Pendiente del inicio de su tramitación parlamentaria, diferentes instituciones están llevando a cabo el análisis del nuevo texto. El Anteproyecto de Ley, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva UE 2016/943, busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en el mercado interior. En este sentido, el objetivo de la Directiva es paliar la falta de armonización existente en los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en la definición y protección de los secretos comerciales. Un marco regulatorio más homogéneo en la UE ha sido una de las reivindicaciones históricas de los diferentes agentes económicos que operan en el “mercado común”; siendo esta demanda un punto focal de las diferentes acciones de lobby o representación de intereses desarrolladas por éstos.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un informe en el que se considera que “la trasposición de la Directiva podría efectuarse sin necesidad de articular una nueva ley, introduciendo las modificaciones exigidas por la norma europea en las españolas vigentes, en particular en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Competencia Desleal, al estimar que se produce cierto solapamiento normativo en tanto que la violación de los secretos empresariales constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de esta última”. Además, el Consejo considera que la definición de secreto empresarial del Anteproyecto es imprecisa y que “el criterio para determinar cuándo una información debe ser considerada secreto empresarial debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo (de su titular) para mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad”.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado, a petición del Ministerio de Justicia, sobre el Anteproyecto de Ley. La CNMC valora “de forma positiva la propuesta desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente”. No obstante, se han realizado una serie de recomendaciones como, por ejemplo: “Mejorar la definición del concepto de secreto empresarial para evitar que se proteja la información obtenida de manera ilegal”; “hacer confidenciales las denuncias por infracción de secretos para aumentar la protección de los denunciantes frente a posibles represalias”; ”permitir que no solo los titulares de los secretos empresariales, sino todos los que resulten perjudicados por la vulneración de un secreto puedan presentar una denuncia”.

El Gobierno de España considera que la seguridad jurídica reforzada que pretende ofrecer contribuirá a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos empresariales, lo que en último término contribuirá a incrementar la inversión del sector privado en investigación e innovación.

Álvaro Sanz López

Ejecutivo de Cuentas

“Las reacciones cerebrales ayudan a predecir quienes mantienen relaciones de amistad y en que grado”

El estudio de las distintas funciones cerebrales ocupa desde hace décadas a diversos grupos de neurocientíficos en todo el mundo, que siguen consultando los estudios del Nobel español Santiago Ramon y Cajal. El sabio de Pitillas sigue siendo el mas citado en las publicaciones científicas.

Ahora, Carolyn Parkinson, de la Universidad de California en Los Angeles, explica en “Nature” el resultado de su trabajo en el que afirma que los cerebros de dos amigos tienden a responder de forma similar a los estímulos del entorno. Dicho de otra forma, los cerebros de dos amigos perciben el mundo de forma semejante y responden de forma similar a los estímulos del mundo real. Carolyn Parkinson y su equipo consiguieron reclutar a un total de 279 voluntarios, todos ellos estudiantes de posgrado. Su relación social se analizó a través de encuestas y lo representaron en un gráfico. Así pudieron establecer los vínculos de amistad. Además de 42 de ellos visualizaron vídeos sobre música, ciencia y política, entre otros temas, mientras los científicos medían su actividad cerebral con ayuda de Resonancia Magnética funcional.

Las respuestas neuronales de las áreas del cerebro que están implicadas en la respuesta sensorial y en la interpretación del entorno eran más parecidas entre los que son amigos. Esta coincidencia disminuía cuanto más distanciadas se encontraban dos personas dentro de la red de vínculos sociales. Estos científicos se basaron en las conclusiones de un ensayo anterior, también realizado por ellos, en el que demostraban que cuando una persona ve a alguien que conoce, su cerebro le informa casi instantáneamente sobre la importancia e influencia de ese conocido. Como concluye Carolyn Parkinson, las reacciones cerebrales ayudan a predecir a aquellos que mantienen relaciones de amistad y en que grado.

PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN) EL DOMINGO 8 ABRIL 2018

José María Fernández-Rúa

La actividad de representación de intereses o lobby forma parte del proceso de toma de decisiones de manera natural en todo el mundo. Es más, la OCDE señala que la actividad del lobby es un elemento fundamental y positivo para los sistemas democráticos y para Transparencia Internacional (TI), el lobby es una actividad ineludible en una democracia.

A falta de una definición universal, la actividad de lobby se puede entender como toda aquella acción de comunicación centrada en la defensa de intereses legítimos y que está dirigida a tratar de influir en el ámbito de la toma de decisiones públicas.

El lobby facilita el acceso a las partes interesadas en el desarrollo e implementación de políticas públicas, es decir, facilita la participación en la toma de decisiones públicas. Además, cuando la actividad se lleva a cabo con transparencia e integridad, ayuda a los decisores a elaborar leyes y regulaciones más efectivas, ya que no siempre cuentan con toda la información relevante y actualizada necesaria para poder legislar o adoptar una regulación.

A pesar de que la actividad se lleva desarrollando de forma importante desde el establecimiento de los sistemas democráticos modernos, principalmente en EE.UU., sólo en los últimos años ha tenido una mayor relevancia en el ámbito público. Esto se refleja en el número de países que han decidido regular el lobby de una u otra manera: en los últimos 8 años se han aprobado por primera vez más regulaciones sobre la actividad en los países miembros de la OCDE que en las seis décadas anteriores.

Hay distintos elementos que explican esta tendencia en los diferentes países y regiones, entre los que destaca que la regulación del lobby se presenta hoy en día como una cuestión fundamental en términos de calidad democrática y de transparencia, tal y como señala la propia OCDE o TI. Para ello, el principal reto al que se enfrentan las distintas administraciones está en incluir la regulación en un marco de integridad más amplio, ya que es fundamental para que la regulación sea efectiva y minimice los riesgos asociados a la actividad del lobby. Dado que para hacer lobby hacen falta dos partes, el mencionado marco de integridad es esencial que se amplíe al ámbito público.

Otro de los elementos que explican esta moda regulatoria podría ser la creciente pérdida de confianza de la sociedad en los gobiernos. Así, existe una preocupación por parte de los gobiernos ante este hecho, para lo que la OCDE ha identificado cinco líneas de acción para incrementar la confianza en las instituciones en la que los países deben trabajar. Entre ellas, destaca que los gobiernos tienen que potenciar la apertura e inclusividad en la toma de decisiones, mediante un enfoque completo en el que se institucionalice la comunicación bilateral entre los agentes interesados y los decisores en políticas públicas como medio para mejorar la transparencia y la responsabilidad pública.

Con todo, la falta de información y control democrático en relación al lobby contribuyen a una imagen negativa de la actividad, pese a que, como señala TI en su informe “Una evaluación del Lobby en España: Análisis y propuestas”, no se conocen casos en los que lobistas profesionales hayan estado implicados en corrupción en España.

La regulación de la actividad de representación de intereses o lobby contribuirá, sin duda, a mejorar la percepción en el imaginario público. No obstante, si el marco en el que se encuadre la regulación es la corrupción y no el fortalecimiento del sistema democrático, no se logrará mejorar la imagen de los lobistas y la regulación, por tanto, no será efectiva.

Jorge Fernández-Rúa

Director Asociado en Cariotipo

El grupo de trabajo sobre alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha publicado un informe con el que se quiere poner de manifiesto “los problema que el consumo de alcohol genera entre adolescentes y jóvenes en España” y sus consecuencias sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS), la sociedad y la economía.

El alcohol es una de las sustancias que mayor impacto negativo tiene en términos sanitarios, sociales y económicos en Europa, en parte por su fácil accesibilidad y bajo coste. Sin embargo, su consumo es considerado como algo normal por la mayor parte de la población, incluso por adolescentes que no pueden adquirirlo legalmente. Según datos oficiales, en España muchas personas se inician en el consumo de alcohol a edades tempranas, siendo la edad media los 16 años.

La SEE asegura que “la promoción de las bebidas alcohólicas a través de la publicidad es clave en la iniciación y mantenimiento del consumo, especialmente entre la población joven, que se ha identificado como la más influenciable por la publicidad”. En este sentido, se recomienda: “eliminar su publicidad y marketing (directo o indirecto) de eventos culturales y deportivos; delimitar un horario restringido (de 8.00h a 20.00h) para su publicidad en radio, televisión e internet; y limitar la presencia de sus marcas logotipos en el entorno urbano”. Según la Sociedad, “a través de medidas regulatorias es posible reducir la exposición de la población joven a las marcas de bebidas y sus mensajes de fomento del consumo. Los poderes públicos deben actuar con este fin a favor de la salud pública”.

La publicación de este informe se enmarca en el actual proceso de diseño de la Ley de Menores sin Alcohol, impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicha Ley está recogida en el Plan Anual Normativo de 2018 y su redacción se encuentra a la espera de que se apruebe el informe de la Ponencia de estudio «Menores sin alcohol», constituida en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Este documento está previsto que se apruebe antes del verano y recogerá la exigencia de un mayor control de la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas, principalmente en espacios y eventos dónde es más probable que acudan niños y jóvenes.

Destaca la posible recomendación de que los famosos, especialmente del mundo del deporte y de la televisión, no puedan patrocinar ni anunciar bebidas alcohólicas. Desde la Ponencia se ha informado de que la industria de productores y distribuidores ha sido una fuente de información clave para el desarrollo de su trabajo. El Ministerio de Sanidad ha mostrado su interés en colaborar con los diferentes actores afectados por la nueva regulación, siendo una oportunidad para que éstos lleven a cabo sus acciones de lobby.

 

Álvaro Sanz López

Ejecutivo de Cuentas