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El Proyecto de Ley que nos ocupa desarrolla un nuevo marco regulatorio para transparentar las actividades de influencia (lobby, según la RAE) dentro de la Administración General del Estado (AGE). Se trata de la primera normativa del lobby y de la actividad de los grupos de interés a nivel nacional (sin contar el registro de la CNMC). De esta forma, España quiere sumarse a la lista de países que ya cuenta con una regulación en esta materia. En este sentido, la experiencia ha demostrado que la normativa de esta actividad no es baladí y que hay una serie de elementos básicos de la regulación en los que cada país hace énfasis de una forma o de otra.

El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que se encuentra en fase de presentación de enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados, introduce diferentes figuras para la categorización de empresas en el marco de la Autonomía Estratégica.

Mónica García, ministra de Sanidad, destacó en primer vlugar su vocación por garantizar la equidad y la universalidad del sistema de salud en todo el territorio. Sin pretender centralizar los servicios, subrayó la importancia de colaborar con las comunidades autónomas para abordar de manera conjunta problemas puntuales que puedan surgir en la atención sanitaria en algunas zonas del país.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, destacó la relavancia de la Estrategia de la Industria Farmacéutica como un nuevo marco, basado en tres pilares fundamentales: Investigación y desarrollo, Política industrial y Acceso y sostenibilidad.

Tras varios meses de anuncios, el Ministerio de Sanidad publicó el lunes 12 de agosto el proyecto de Real Decreto (RD) que regula la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS). El texto, que se somete a trámite de audiencia e información pública hasta el 20 de septiembre, pretende establecer un nuevo sistema de evaluación, claro y transparente, en el que participen los agentes clave del Sistema Nacional de Salud. Con este objetivo, se crean nuevos organismos dentro del sistema, como el Consejo de Gobernanza o las Oficinas de Evaluación, y se establecen dos ámbitos diferenciados de evaluación: uno para medicamentos y otro para productos sanitarios y otras tecnologías.

Tras el acuerdo de investidura firmado por el Partido Socialista de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se prepara ya el camino legal para que Cataluña salga del régimen fiscal común y pueda «gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar» el 100% de sus impuestos. En definitiva, sería la Generalitat quien «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña».