“El Impuesto de Sucesiones fue creado como tributo de cierre, para contrarrestar el bajo número de tributantes por el antiguo IRTP”
El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómico esta sobre la mesa y nuestros representantes políticos se enfrentan a un reto que parece tener proporciones colosales: alcanzar un consenso. Las tensiones políticas que ha provocado la situación en Cataluña han trastocado los planes del Gobierno y del Partido Popular. Si mantener un equilibrio entre Ciudadanos y el PNV para apoyar los presupuestos ya era complicado, la posición de los nacionalistas, que se niegan a dar su voto favorable mientras siga vigente el artículo 155, está empujando al Ejecutivo a plantearse opciones nunca vistas durante nuestra joven democracia, como es la prorrogación de los presupuestos durante dos ejercicios.
La situación es difícil per se, y la proximidad de los diversos procesos electorales sólo puede agravarla. La estrategia de los partidos por captar votos pasa por alejarse del resto de formaciones, tratando de resaltar sus bondades sobre las maldades de los demás. El escenario catalán, el proceso judicial al que se están sometiendo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, o la polémica por los títulos universitarios en la Comunidad de Madrid no parecen ser elementos que vayan a contribuir a lo que todos los españoles realmente necesitamos: un consenso político que priorice al ciudadano y que cuente con un modelo de distribución de los fondos públicos, que garantice la prestación de servicios públicos de calidad y equitativos en todos los rincones de nuestro país.
A pesar de que las estimaciones del Ministerio de Hacienda sitúan 2018 como el año con mayor financiación a las autonomías –105.051 millones de euros– son muchas las Comunidades Autónomas que siguen considerando insuficiente el sistema actual. El caso catalán es el más sonado, pero otras como Castilla y León, Andalucía o la Comunidad Valenciana, también piden una revisión de un modelo en el que consideran que salen perjudicados.
En este contexto, nos hemos encontrado con una tendencia a la baja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Andalucía o Extremadura son los casos más extremos, pues han pasado de ser dos de las Comunidades con mayor presión fiscal en este ámbito, a bonificarlo prácticamente en su totalidad. Pueden ser varios los motivos que impulsan esta deriva: el pulso de Ciudadanos en Andalucía, la proximidad de elecciones autonómicas, la “competencia fiscal” entre regiones… Pero hay algo seguro: el mayor beneficiario de una rebaja en este impuesto es el ciudadano medio.
La Administración ya ha mostrado su preocupación, sobre todo las regiones gobernadas por el Partido Socialista, por su carácter más intervencionista, pues entrar en una competencia fiscal entre Comunidades Autónomas afectaría su poder recaudatorio. La necesidad de abordar este tema por parte del principal partido de la oposición puede ser uno de los elementos que fuercen el acuerdo de cara a los presupuestos, pero tampoco parece tarea fácil, pues pasaría por una modificación de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El punto de partida parece ser el informe elaborado por la llamada “Comisión Lagares” que, entre otras cosas, establece unas bandas de máximos y mínimos dependiendo del grado de parentesco, que garanticen cierta nivelación interregional. Sin embargo, se antoja difícil esta empresa pues, para que esta nivelación fuese efectiva, sería necesario eliminar algunas competencias en materia fiscal transferidas a las Comunidades Autónomas por esta misma ley. De no hacerse así, de nada serviría este cambio regulatorio, pues cada región podría bonificar a su antojo el impuesto, obteniendo una presión fiscal inexistente y volviendo al punto de partida.
Quién sabe, puede que, después de todo, un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre el Impuesto de Sucesiones sea la baza que desbloquee la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta la contraposición de PNV y Ciudadanos.
Mientras, distintas asociaciones regionales hacen lobby frente a las autoridades autonómicas, con el objetivo de acabar con un impuesto que, creado durante la transición, no dejaba de ser un tributo de cierre, necesario por el bajo número de contribuyentes al entonces IRTP (Impuesto sobre los Rendimientos del trabajo Personal). Sin embargo, con el alto porcentaje de la población aportando al IRPF (en torno al 42%), el de sucesiones y donaciones pierde este rol y, por tanto, el sentido de mantenerlo, especialmente a tipos del 25% —como los de Asturias o Aragón— que ahogan a la clase media (recordemos que más del 99% de las herencias en España son de menos de 1 millón de euros, incluyendo vivienda familiar).
Pepe Fernández-Rúa
