La actividad de representación de intereses o lobby forma parte del proceso de toma de decisiones de manera natural en todo el mundo. Es más, la OCDE señala que la actividad del lobby es un elemento fundamental y positivo para los sistemas democráticos y para Transparencia Internacional (TI), el lobby es una actividad ineludible en una democracia.

A falta de una definición universal, la actividad de lobby se puede entender como toda aquella acción de comunicación centrada en la defensa de intereses legítimos y que está dirigida a tratar de influir en el ámbito de la toma de decisiones públicas.

El lobby facilita el acceso a las partes interesadas en el desarrollo e implementación de políticas públicas, es decir, facilita la participación en la toma de decisiones públicas. Además, cuando la actividad se lleva a cabo con transparencia e integridad, ayuda a los decisores a elaborar leyes y regulaciones más efectivas, ya que no siempre cuentan con toda la información relevante y actualizada necesaria para poder legislar o adoptar una regulación.

A pesar de que la actividad se lleva desarrollando de forma importante desde el establecimiento de los sistemas democráticos modernos, principalmente en EE.UU., sólo en los últimos años ha tenido una mayor relevancia en el ámbito público. Esto se refleja en el número de países que han decidido regular el lobby de una u otra manera: en los últimos 8 años se han aprobado por primera vez más regulaciones sobre la actividad en los países miembros de la OCDE que en las seis décadas anteriores.

Hay distintos elementos que explican esta tendencia en los diferentes países y regiones, entre los que destaca que la regulación del lobby se presenta hoy en día como una cuestión fundamental en términos de calidad democrática y de transparencia, tal y como señala la propia OCDE o TI. Para ello, el principal reto al que se enfrentan las distintas administraciones está en incluir la regulación en un marco de integridad más amplio, ya que es fundamental para que la regulación sea efectiva y minimice los riesgos asociados a la actividad del lobby. Dado que para hacer lobby hacen falta dos partes, el mencionado marco de integridad es esencial que se amplíe al ámbito público.

Otro de los elementos que explican esta moda regulatoria podría ser la creciente pérdida de confianza de la sociedad en los gobiernos. Así, existe una preocupación por parte de los gobiernos ante este hecho, para lo que la OCDE ha identificado cinco líneas de acción para incrementar la confianza en las instituciones en la que los países deben trabajar. Entre ellas, destaca que los gobiernos tienen que potenciar la apertura e inclusividad en la toma de decisiones, mediante un enfoque completo en el que se institucionalice la comunicación bilateral entre los agentes interesados y los decisores en políticas públicas como medio para mejorar la transparencia y la responsabilidad pública.

Con todo, la falta de información y control democrático en relación al lobby contribuyen a una imagen negativa de la actividad, pese a que, como señala TI en su informe “Una evaluación del Lobby en España: Análisis y propuestas”, no se conocen casos en los que lobistas profesionales hayan estado implicados en corrupción en España.

La regulación de la actividad de representación de intereses o lobby contribuirá, sin duda, a mejorar la percepción en el imaginario público. No obstante, si el marco en el que se encuadre la regulación es la corrupción y no el fortalecimiento del sistema democrático, no se logrará mejorar la imagen de los lobistas y la regulación, por tanto, no será efectiva.

Jorge Fernández-Rúa

Director Asociado en Cariotipo