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Andalucía han pasado de ser una de las Comunidades que más pagaban a ser la que menos en 2018.

Distintos sectores de la sociedad hacen lobby para su supresión y mantenimiento

 

El artículo 133 de la Constitución Española proclama que el Estado tiene el poder originario de crear tributos de acuerdo con las leyes. En su párrafo segundo, atribuye a las Comunidades Autónomas la titularidad de una potestad tributaria que les permite establecer tributos con arreglo a la Constitución y a las leyes.

Uno de los impuestos que más polémica está generando en los últimos años, y que en ocasiones es objetivo para conseguir votos y acuerdos entre partidos es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava los incrementos de patrimonio obtenidos por título sucesorio, por título gratuito ínter vivos y, por último, por la percepción de cantidades en virtud del contrato de seguros de vida.  Este impuesto se encuentra cedido por el Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común, teniendo además una serie de competencias normativas cedidas, en concreto las siguientes: reducciones de la base imponible (base liquidable), tarifa del impuesto (tipo impositivo), cuantías y coeficientes de patrimonio preexistente, deducciones y bonificaciones de la cuota, gestión y liquidación del impuesto.

Durante 2018, las Comunidades Autónomas se han lanzado a una carrera por rebajar la factura fiscal del impuesto de Sucesiones. Hasta seis de ellas –Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Murcia– introdujeron modificaciones en el impuesto para ser cada vez más atractivas a ojos de los contribuyentes, fruto de las acciones de Lobby llevadas a cabo por distintas asociaciones que con su argumento han logrado convencer a distintas fuerzas políticas del lastre económico que supone esta figura impositiva.  Por el contrario, Navarra y Cantabria, incrementaron la carga sucesoria.

Prestando atención a los datos de 2018, Andalucía va a ser la comunidad en la que menos impuestos se pagarán, gracias a la aprobación, por parte de la Junta, de un mínimo exento de un millón de euros para adquisiciones mortis causa (descendientes, ascendientes y cónyuges), en vez de los 250.000 euros de tope anteriores. De este modo, el 95% de los andaluces no van a tener que abonar este impuesto.

Los gobiernos de Murcia, Castilla y León y Cantabria también se incorporaron a la competición a la baja que en su día lideró Madrid. Igualmente, ha introducido cambios Asturias, sin lograr evitar que continúe siendo la segunda región que más grava las herencias, solo por detrás de Aragón.

Si miramos a nuestros socios europeos, 15 Estados miembros todavía cuentan con este impuesto. Francia, Bélgica, Alemania o Dinamarca son algunos de ellos, pero por el contrario en Suecia, Estonia, Rumanía o Eslovaquia tan siquiera se contempla este impuesto.

En 2015, un estudio de la Tax Foundation situó a España como el segundo país de la eurozona que más cobra a las herencias. Dentro de los países de la OCDE España ocupa el sexto lugar.

Y como en todo, existen distintas corrientes de opinión. Ciertos sectores de la sociedad hacen lobby en favor de mantener el impuesto basando su discurso en la reducción de las desigualdades de la distribución de la riqueza desde la perspectiva de la equidad fiscal intergeneracional. Por contra, otra parte de la sociedad defiende que esta figura supone una doble imposición al gravar activos que ya han contribuido con otras figuras como el IRPF o el impuesto de sociedades. Asimismo, defienden que al ser un impuesto autonómico genera discriminaciones entre los contribuyentes españoles que afectan a la equidad del impuesto, debilitando su acepción fiscal, pudiendo dar lugar a movimientos migratorios internos.

 

Desde la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, que abogan por la donación libre, afirman que morir en Zaragoza o en Gijón es cien veces más caro que en Extremadura, Murcia o Madrid.

Macarena Puentes

Este investigador asegura que España está indefensa ante un posible ataque bioterrorista

Con la esperanza puesta en el trasplante de células madre a cinco pacientes infectados por el virus de la inmunodefiencia humna (VIH) que causa el sida, realizados en España hace semanas, el Día mundial de esta enfermedad que sigue siendo sinónimo de muerte en los países subdesarrollados, celebrado ayer, se centra en conocer el estado serológico; esto es, en saber si se tienen anticuerpos de ese agente patógeno. De esta forma la OMS entra en la controversia que, desde hace años, se registra en algunos países de Europa por revelar el estado serológico a otras personas, por el riesgo del posible rechazo que conlleva. Como se sabe, el VIH origina un progresivo deterioro del sistema inmunitario y, paralelamente, disminuye la capacidad del organismo para combatir infecciones. Dicho esto, los investigadores siguen encontrando nuevos detalles sobre este retrovirus inteligente que tiene la diabólica habilidad de disfrazarse para evitar la acción de los fármacos. En esta área es justo reconocer el trabajo de  científicos estadounidenses de las Universidades de Cornell y Delaware que, en “Nature” han desvelado detalles significativos de la estructura de la cápside del virus del sida. Se trata de datos críticos de esta cubierta de una proteína que encierra un plano genético. Así, vieron que en una molécula natural denominada IP6 es básica para el VIH. Para llegar a esta conclusión fue básica la utilización de plataformas informáticas ensambladas entre sí, que forman parte del proyecto“Extreme Science and Engineering Environment”.

Como dato anecdótico, recordar que el mayor referente mundial en investigación del VIH, el estadounidense Anthony Fauci, director del emblemático Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. estuvo en Madrid en otoño para, lógicamente, hablar sobre la situación actual del sida pero también para subrayar que España está prácticamente indefensa en lo que se refiere a un posible ataque bioterrorista.

José María Fernández-Rúa

PUBLICADO EN A TU SALUD EL DOMINGO 2 DIC 2018

Un registro obligatorio de la actividad del lobby (incluyendo a toda organización que busque ejercer influencia ante los decisores públicos) es conveniente y necesario

El registro de intereses es uno de los elementos que se están implementando de forma mayoritaria en lo que a regulación de la actividad de lobby se refiere. El fin último de esta herramienta debe ser transparentar las interacciones entre los representantes de intereses o lobistas y los decisores públicos (esto es, Ejecutivo, Legislativo y organismos reguladores), pero teniendo presente que hay cierta información sensible que no debe de incluirse en el registro, tal y como apunta la OCDE.

Aunque, es una de las patas principales de la regulación de la actividad de representación de intereses, en ningún caso puede plantearse de forma aislada.

Por otra parte, cabe destacar que los registros de interés son posiblemente una de las medidas más vistosas y vendibles, políticamente hablando, en términos de transparencia. Y, en una época en el que la transparencia está de actualidad, se está dando una situación cuanto menos peculiar: una carrera entre distintas administraciones públicas por demostrar quién es más transparente. El resultado, se están implementando multitud de registros (nacionales, como el de la CNMC; autonómicos como el de Cataluña o Castilla-La Mancha; y locales, como el de Madrid) inconexos, controlados por organismos que no son independientes y cada uno con sus peculiaridades en cuanto a la información que se debe facilitar y publicar, así como las sanciones incluidas en estas regulaciones o si es obligatorio o voluntario. Si cada administración pública de España contara con un registro propio (contando Estado, CCAA, municipios y organismos reguladores), tendríamos una cantidad ingente de herramientas para hacer más transparente la administración y la actividad del lobby, pero sería completamente ineficiente.

En este contexto, la idea de diseñar e implementar un registro único y obligatorio se ha demandado desde hace tiempo por la asociación de lobistas de España (APRI), pero parece no estar en la agenda política nacional, al menos de momento. Así, al contar con un registro único, se tendrían varias ventajas. Por una parte, se facilitaría por la labor de los lobistas al realizar los trámites administrativos y tener que enfrentarse sólo a un sistema. Por otra, a las administraciones, que ahorrarían costes administrativos en lo relativo a sistemas de información, entre otros. Por último, facilitaría también a la sociedad civil poder informarse sobre las actividades de representación de intereses.

Con todo, un registro obligatorio de la actividad del lobby (incluyendo a toda organización que busque ejercer influencia ante los decisores públicos) es conveniente y necesario. En este sentido, debe establecerse un sistema de registro único, de forma que, aunque existieran diversos registros, el inscribirse en cualquiera de ellos tuviera efectos en todos los demás. Además, la transparencia de la actividad de representación de intereses debe conjugarse con la confidencialidad necesaria para proteger intereses comerciales, patentes y estrategias empresariales. Por último, debe existir una agencia u órgano independiente con recursos suficientes que gestione el sistema, monitoree y sanciones los incumplimientos tanto del sector público como del privado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Fernández-Rúa

Director Asociado

 “El foco principal se detectó hace años en un rio de la isla francesa de Córcega”

Un híbrido de dos gusanos altamente infecciosos, que causan la esquistosomiasis, está conquistando Europa tras infectar a centenares de personas. Y el recuento sigue. La alerta se produjo hace cuatro años cuando en Francia y en Alemania empezaron a detectar casos de esta enfermedad infecciosa, con origen en el río Cavu, en la isla francesa de Córcega, aunque su origen parece estar en Senegal. La Organización Mundial de la Salud considera a la esquistosomiasis como una enfermedad tropical desatendida. Se adquiere fácilmente cuando la piel está en contacto con agua dulce contaminada con estos parásitos.

Los esquistosomas se multiplican dentro de ciertas clases de caracoles. Contagian a través de la piel, penetrando y trasladándose por el torrente sanguíneo hasta el hígado. Allí crecen y se reproducen fácilmente en las paredes del intestino y de la vejiga. De esta forma surge una inflamación que da lugar a hemorragias y úlceras. Paralelamente algunos huevos del parásito pasan a las heces y la orina. En el caso de que una persona infectada se bañe en agua dulce, los huevos eclosionan y el parásito se introduce en los caracoles. Así comienza de nuevo el ciclo infeccioso.

Expertos de diversos países en biología evolutiva, reunidos recientemente en la localidad gala de Perpignan, han lanzado de nuevo la alerta a las autoridades sanitarias de todo el mundo para que no se deje de lado la investigación sobre estos parásitos que, según estimaciones de la OMS, han infectado ya a más de 230 millones de personas, principalmente en África, India y América del Sur. En opinión de la británica Christina Faust, de la Universidad Glasgow, “esta situación está cambiando la forma en que pensamos acerca de la tansmisión de enfermedades”.

José María Fernández-Rúa

PUBLICADO EN A TU SALUD(LA RAZÓN ) EL DOMINGO 25 NOV 2018

El Gobierno plantea introducir el modelo NutriScore, conocido como “semáforo nutricional”, para controlar los niveles de obesidad en España, provocando gran controversia entre los profesionales sanitarios y la industria agroalimentaria

La obesidad infantil es una plaga que lleva asolando Europa y España varias décadas. Sin embargo, los esfuerzos llevados a cabo por los gobiernos y las sociedades científicas de los diferentes países no parecen dar fruto. Las cifras siguen siendo alarmantes en nuestro país, tal y como lo demuestran las últimas publicaciones de la Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil de la OMS en Europa (COSI, por sus siglas en inglés), en las que se pone de manifiesto que el 40% de los menores tienen sobrepeso.

El pasado 12 de noviembre, se celebró el Día Mundial de Lucha Contra la Obesidad, oportunidad que aprovechó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, para anunciar una nueva iniciativa que frene este problema de salud pública. Entre otras medidas, se anunció la implantación del Etiquetado Nutricional Frontal, también denominado como Front-of-Packo NutriScore, ya implantado en Francia hace un año con muy buenos resultados. Consiste en un código de etiquetado de colores, que recuerda al de un semáforo, desde el verde claro al rojo intenso, en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas.

Esta noticia se publicó sólo cinco días después de que cinco gigantes de la industria alimentaria —Mondelez, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola y Unilever—anunciasen un etiquetado con su propio semáforo y código de colores para mostrar la composición de sus productos. Esta autorregulación es un claro ejemplo del poder que tiene las grandes empresas para adelantarse a las tendencias normativas y marcar una hoja de ruta.

Por otro lado, han sido muchos los lobbies implicados de la industria alimentaria que han mostrado sus opiniones, tanto en contra como a favor, de la futura medida. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) considera que este etiquetado no es el óptimo para los consumidores porque podría generar confusión si solo se elige el alimento en función del código de color. Los endocrinos apuestan por un sistema mixto, uno que aúne composición nutricional y calidad nutricional porque ofrecen mayor información al consumidor, más allá del número de grasas saturadas o del contenido de azúcares del alimento.

Otra gran controversia se ha generado en el sector del aceite de oliva, fuente de la dieta mediterránea y producto estrella de la “marca España”.  Los representantes de este sector se muestran “confusos” y “sorprendidos” en los diferentes medios de comunicación tras conocer que el aceite de oliva recibirá una calificación D (la cuarta de cinco) y los refrescos light la B (la segunda mejor).

Es necesario comprender el algoritmo de NutriScore para entender esta clasificación. Científicos y profesionales sanitarios explican que las grasas saturadas o las calorías contenidas en 100 gramos perjudican la puntuación de los alimentos, por lo que los alimentos muy calóricos tendrán una peor puntuación. Sin embargo, no se valora la calidad nutricional del producto, perjudicando, por ejemplo, al aceite de oliva. Además, el “semáforo nutricional” solo compara raciones del mismo tamaño, siendo incomparable casos como el del aceite de oliva y el refresco, ya que nunca se va a consumir 100 gramos de aceite en una comida y sí 100 gramos de refresco.

En una semana, el  modelo NutriScore ha provocado un sinfín de opiniones entre los diferentes agentes implicados en la industria alimentaria. Desde ahora y hasta la aprobación del Real Decreto que prepara el Gobierno, la tarea de estos agentes es realizar acciones de lobby para tratar trasladar una visión de una forma eficaz. De esta manera, se conseguirá una mejor regulación, que beneficie tanto a consumidores como al tejido productivo, y que solucione el verdadero problema que se está tratando de paliar, la obesidad infantil.

Margarita Guillamón Dávila

“El estudio multinacional “Approach” sienta las bases para conseguir un preparado eficaz”

La excelente gestión de Michel Sidibé, máximo responsable de Onusida, para terminar con la pandemia en 2030 está dando sus frutos desde que en 2009 accedió a este organismo internacional. Desde entonces ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a poner en marcha un programa integrado para el salud y el bienestar de las mujeres, niños y adolescentes, implicando a seis organismos de Naciones Unidas. El objetivo es reducir a cero las nuevas infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida. De momento, se ha logrado que quince millones de personas (han leído bien, quince millones) que viven con el VIH reciban terapia antirretroviral. La fecha tope era finales de 2015. Se consiguió en el primer trimestre de ese año. Paralelamente, cada vez son más los países que adoptan medidas de urgencia para acabar con esta gravísima amenaza para la salud pública en 2030, que forman parte del trinomio 90-90-90. Es decir, que el 90 por ciento de los infectados por el virus del sida conozcan su estado, que tengan además acceso al tratamiento terapéutico y que el 90 por ciento de estos últimos consigan suprimir la carga viral.

A esta magnífica noticia hay que añadir que la compañía farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha publicado los primeros datos de respuesta inmunitaria a largo plazo de una vacuna profiláctica o preventiva para el virus VIH. En el marco del último congreso mundial sobre el sida, celebrado en Amsterdam, los investigadores y clínicos allí reunidos pudieron ver los resultados del estudio “Approach”. Todos los voluntarios que en él participaron han logrado una respuesta sólida de anticuerpos al virus y la han mantenido durante un año. Está previsto que en 2021 se conozcan los resultados de la segunda fase de este estudio, en el que participan centros de Estados Unidos, Ruanda, Uganda, Sudáfrica y Tailandia.

PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN ) EL DOMINGO 18 NOV 2018

José María Fernández-Rúa

 

Una de las aportaciones que puede prestar el lobby, a través de la utilización de diferentes herramientas o el desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación, es contribuir a poner en la agenda política determinados asuntos que, en ocasiones, no ocupan el lugar que merecen por su magnitud económica o su impacto social. En otras, ocurre que el propio interés o foco de atención del titular de la cartera ministerial sitúa determinados temas en un lugar prioritario del argumentario político y la actualidad mediática.

Desde la llegada de Carmen Montón al Ministerio de Sanidad, la recuperación de la sanidad universal, la lucha contra los copagos y hacer frente a las pseudoterapias han sido los ejes que ha respetado y dado continuidad la actual ministra. Esta semana, el Gobierno ha dado un paso al frente en este sentido, con el único fin de proteger un derecho básico y fundamental de los ciudadanos: la salud. La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, han presentado el Plan para la Protección de la Salud frente a las pseudoterapias.

Este plan se sustenta, fundamentalmente, en cuatro objetivos. Uno, defender la salud como un derecho básico. Dos, proteger a la ciudadanía frente al grave riesgo para la salud que implica el uso de las pseudoterapias, ya sea de forma alternativa o complementaria a los tratamientos basados en el conocimiento y la evidencia. Tres, proporcionar información veraz y rigurosa para que la sociedad pueda tomar decisiones informadas y cuatro, asegurar que la formación sanitaria universitaria no incluya contenidos y programas que no tengan evidencia científica.

A pesar de que la actividad médica fue la actividad profesional más valorada, según datos de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología  de FECYT de 2016, el recurso de la pseudoterapia no es algo residual. Casi el 60% de la población cree que la acupuntura funciona, y cerca del 53% considera que los productos homeopáticos son efectivos. Por tanto, es una iniciativa muy loable que supondrá el cambio normativo de diferentes reales decretos para combatir la publicidad engañosa, expulsar de los centros sanitarios las pseudoterapias y asegurar la formación futura de los médicos.

No obstante, sin quitar importancia ni tratar de restar relevancia a este Plan, el Ministerio de Sanidad no debería olvidar otros asuntos importantes, sobre los que diferentes agentes sociales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes llevan tiempo reclamando atención  y que también merecen un espacio privilegiado en su agenda. Especialmente aquellos que, incluso, han logrado el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, a través de la aprobación de iniciativas parlamentarias en ambas Cámaras legislativas, y que siguen sin ser abordados y aprobados por una falta de voluntad política.

Por citar sólo algunos ejemplos, es el caso de la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas o la eliminación de la discriminación laboral que sufren los pacientes diabéticos. Es necesario que se imponga una coherencia política y las decisiones del Parlamento se cumplan y sean respetadas, sin que el hecho de que se ocupe un lugar en el Gobierno o en la oposición haga cambiar de opinión sobre asuntos clave para el futuro sanitario.

 

Francisco J. Gutiérrez

Director Asociado

 “Hallan una proteína que es capaz de proteger los corazones débiles de niños afectados”

 

Un hallazgo protagonizado por científicos estadounidenses sobre la enfermedad de Duchenne es acogido con esperanza en la última reunión anual de la Asociación Americana del Corazón, celebrada en Texas. En esencia, este descubrimiento apunta hacia una proteína ya conocida por los investigadores por impulsar la supervivencia de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, que es capaz de proteger corazones débiles de niños y adolescentes con esta clase de distrofia muscular. Esta enfermedad rara, se caracteriza por debilidad y pérdida de masa muscular. Puede afectar a los músculos del corazón. Se sabe que la enfermedad de Duchenne está causada por mutaciones en un gen, que codifica la proteína distrofina. Los varones que la padecen carecen de esta proteína en sus músculos, corazón y en neuronas de determinadas regiones de sus cerebros.

La enfermedad suele aparecer en niños de tres a cuatro años, en los músculos más cercanos del tronco y de la pelvis, del cuello y hombros. Con el tiempo afecta a los músculos de brazos y piernas. Las primeras señales y síntomas incluyen retraso de las habilidades motoras, como sentarse o ponerse de pie y, en ocasiones, para aprender a hablar. La capacidad de caminar se puede perder a los 12 a 13 años de edad y el niño tendrá que usar una silla de ruedas. En algunos casos hay problemas de aprendizaje y de la memoria, así como problemas de comunicación y problemas emocionales.

Es bastante complicado para los clínicos predecir cuándo se puede producir una miocardiopatía en pacientes con la enfermedad de Duchenne y, además, no existen en la actualidad tratamientos específicos para preservar la función cardíaca. La profesora Cristi Lara Galindo, de la Universidad de Vanderbilt y coordinadora de este trabajo, opina que ahora se abren las puertas para conseguir este tratamiento.

PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN )EL DOMINGO 11 NOV 2018

José María Fernández-Rúa

El incremento del precio del alquiler de viviendas en los últimos años está en la agenda política

Los cambios regulatorios relativos al mercado del alquiler de viviendas pueden afectar a distintos sectores de forma sustancial

Las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) son sociedades anónimas cotizadas que, según la Ley 11/2009, de 26 de octubre modificada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre deben cumplir dos requisitos fundamentales: contar con una cartera de inmuebles de los que al menos el 80% se dedique al alquiler y permanecer en la cartera al menos tres años. Además, este tipo de sociedades anónimas inmobiliarias gozan de un régimen fiscal especial —están exentas del pago del Impuesto de Sociedades— a cambio de retribuir anualmente a sus accionistas, debiendo repartir el 80% de los beneficios obtenidos por rentas de alquiler.

La gran subida de los alquileres en las grandes ciudades ha sido una preocupación creciente para los políticos en los últimos años. De hecho, los distintos agentes implicados se han manifestado y comenzado sus actividades de Lobby, acerca de cómo parar lo que algunos llaman la “burbuja del alquiler” a través de diferentes medidas. El objetivo de dichas medidas no sería otro que facilitar el acceso a una vivienda y frenar la subida de precios del alquiler que se ha instalado en las principales ciudades españolas. Esta subida ha coincidido, entre otras cosas, con la mejora económica y la renovación masiva de miles de contratos de alquiler, con una duración de tres años, tras la entrada en vigor de la nueva ley de arrendamientos urbanos en 2015. El grupo parlamentario Unidos Podemos ha abanderado una cruzada para responsabilizar a las Socimis del alza en el precio del alquiler, reclamando al ejecutivo de Pedro Sánchez que se desarrollen medidas que pongan coto a dicha burbuja. De esta forma, en la sesión de control al Gobierno del 11 de septiembre, Pablo Iglesias, realizó al presidente del gobierno la pregunta “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para acabar con la burbuja del alquiler?” y mencionó, entre su propuesta de medidas, el acabar con los privilegios de las Socimis.

De hecho, en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social, firmado por el PSOE y Unidos Podemos, se refleja la posibilidad de cambiar el régimen fiscal de las Socimis, comenzando a tributar un 15% de Impuesto de Sociedades en sus beneficios no distribuidos, aunque mantendrían un régimen fiscal diferenciado y ventajoso.

Por otro lado, algunas de las principales Socimis han criticado la posibilidad de que se cambiasen las ventajas fiscales ya que aseguran que, si el objetivo de esta medida es frenar el crecimiento de los precios del alquiler, no tendrá el impacto deseado. Esto se debe a que, según ellos, sólo tienen una pequeña porción de todo el parque de vivienda en alquiler en España. Este dato ha sido confirmado en el informe realizado por CBRE, que estima que entre un 2% y el 4% del parque de pisos están en régimen de arrendamiento. Además, las Socimis también destacan que el cambio de medidas fiscales supondría un efecto negativo de cara a los inversores, que llevarían su dinero a otros mercados. De la misma manera, según diferentes medios de comunicación, representantes de estas sociedades están estudiando la creación de una asociación con el fin de poder iniciar campañas de Lobby y así potenciar el análisis y el conocimiento de este tipo de sociedades.

No obstante, aún queda por confirmar cómo se elaborará el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, así como su aprobación en las Cortes Generales. El resultado dependerá, en gran medida, de la efectividad de las acciones de lobby de los distintos agentes sociales, tanto a favor y en contra de mantener esta situación fiscal.

Beatriz ALBERTO

“También sirve para reducir el uso innecesario de antibióticos”

Los avances en biomedicina se traducen en una mejor calidad de vida para los pacientes y también en curación de enfermedades. Hay ejemplos significativos, quizás el mas relevante fue el fármaco que consigue eliminar el virus C de la hepatitis y, por tanto, curar la enfermedad. Además, ese fármaco en concreto ahorra costes al sistema, ya que evita los reingresos hospitalarios y la administración de otros medicamentos a esos pacientes infectados por el virus C de la hepatitis. Esto viene a colación de la prueba no invasiva, fácil y rápida, que han logrado en Inglaterra para reducir el uso innecesario de antibióticos e ingresos hospitalarios y que se presentó en el marco del Congreso internacional de la Sociedad Respiratoria Europea, en París. En menos de una hora los clínicos tienen los datos. De esta forma pueden proceder con efectividad para evitar, si así lo deciden, el ingreso del paciente en el centro sanitario.

El doctor Kay Roy, del West Hertforshire Hospital NHS Trust, en Watford,detalló que se pueden ahorrar 2.500 euros por paciente no ingresado y aliviar la presión invernal en las camas disponibles. En ese centro están utilizando esta prueba desde enero de este año y, paralelamente, podría reducir el desarrollo de resistencia a los antibióticos. Según explicó, los resultados iniciales de los primeros 1.075 pacientes muestran el potencial de esta prueba. “Pudimos identificar –dijo- a 121 pacientes que tenían infecciones virales, carecían de evidencia de infección bacteriana, tenían una radiografía de tórax normal y solo indicadores modestos de inflamación”. De éstos, el ingreso hospitalario se evitó posteriormente en el 25% y se libraron de recibir antibióticos innecesarios en el 50%. Ninguno de los 30 pacientes que soslayaron el ingreso hospitalario y que no recibieron antibióticos experimentaron resultados clínicos adversos, “lo que es tranquilizador», concluyó el doctor Roy.

 PUBLICADO EN A TU SALUD(LA RAZÓN) EL DOMINGO 4 NOV 2018

José María Fernández-Rúa