El incremento del precio del alquiler de viviendas en los últimos años está en la agenda política
Los cambios regulatorios relativos al mercado del alquiler de viviendas pueden afectar a distintos sectores de forma sustancial
Las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis) son sociedades anónimas cotizadas que, según la Ley 11/2009, de 26 de octubre modificada por la Ley 16/2012 de 27 de diciembre deben cumplir dos requisitos fundamentales: contar con una cartera de inmuebles de los que al menos el 80% se dedique al alquiler y permanecer en la cartera al menos tres años. Además, este tipo de sociedades anónimas inmobiliarias gozan de un régimen fiscal especial —están exentas del pago del Impuesto de Sociedades— a cambio de retribuir anualmente a sus accionistas, debiendo repartir el 80% de los beneficios obtenidos por rentas de alquiler.
La gran subida de los alquileres en las grandes ciudades ha sido una preocupación creciente para los políticos en los últimos años. De hecho, los distintos agentes implicados se han manifestado y comenzado sus actividades de Lobby, acerca de cómo parar lo que algunos llaman la “burbuja del alquiler” a través de diferentes medidas. El objetivo de dichas medidas no sería otro que facilitar el acceso a una vivienda y frenar la subida de precios del alquiler que se ha instalado en las principales ciudades españolas. Esta subida ha coincidido, entre otras cosas, con la mejora económica y la renovación masiva de miles de contratos de alquiler, con una duración de tres años, tras la entrada en vigor de la nueva ley de arrendamientos urbanos en 2015. El grupo parlamentario Unidos Podemos ha abanderado una cruzada para responsabilizar a las Socimis del alza en el precio del alquiler, reclamando al ejecutivo de Pedro Sánchez que se desarrollen medidas que pongan coto a dicha burbuja. De esta forma, en la sesión de control al Gobierno del 11 de septiembre, Pablo Iglesias, realizó al presidente del gobierno la pregunta “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para acabar con la burbuja del alquiler?” y mencionó, entre su propuesta de medidas, el acabar con los privilegios de las Socimis.
De hecho, en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social, firmado por el PSOE y Unidos Podemos, se refleja la posibilidad de cambiar el régimen fiscal de las Socimis, comenzando a tributar un 15% de Impuesto de Sociedades en sus beneficios no distribuidos, aunque mantendrían un régimen fiscal diferenciado y ventajoso.
Por otro lado, algunas de las principales Socimis han criticado la posibilidad de que se cambiasen las ventajas fiscales ya que aseguran que, si el objetivo de esta medida es frenar el crecimiento de los precios del alquiler, no tendrá el impacto deseado. Esto se debe a que, según ellos, sólo tienen una pequeña porción de todo el parque de vivienda en alquiler en España. Este dato ha sido confirmado en el informe realizado por CBRE, que estima que entre un 2% y el 4% del parque de pisos están en régimen de arrendamiento. Además, las Socimis también destacan que el cambio de medidas fiscales supondría un efecto negativo de cara a los inversores, que llevarían su dinero a otros mercados. De la misma manera, según diferentes medios de comunicación, representantes de estas sociedades están estudiando la creación de una asociación con el fin de poder iniciar campañas de Lobby y así potenciar el análisis y el conocimiento de este tipo de sociedades.
No obstante, aún queda por confirmar cómo se elaborará el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, así como su aprobación en las Cortes Generales. El resultado dependerá, en gran medida, de la efectividad de las acciones de lobby de los distintos agentes sociales, tanto a favor y en contra de mantener esta situación fiscal.
Beatriz ALBERTO
