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Ha sido una magnífica idea traer a España al profesor Frank R. Lichtenberg, referente mundial en economía de la salud. Y ha sido una torpeza por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al declinar la invitación del nuevo presidente de Farmaindustria, Jesús Ponce, para asistir a su intervención en un acto abarrotado de investigadores, analistas y todo tipo de cargos de la industria farmacéutica, en la Fundación Areces.

Como comentaba un veterano periodista, “estos mensajes de Lichtenberg los tendría que haber escuchado la ministra; a ver si alguien se los traslada…”. Me tomo la libertad de hacerlo en este espacio, sintetizando lo que dijo sobre el aumento de años de vida en pacientes oncológicos, gracias a la investigación privada.

Concretamente, destacó que la inversión en investigación y desarrollo de nuevos fármacos está ligada a un beneficio directo en la salud de los pacientes y, además, a una reducción de costes que beneficia el sistema. El profesor Lichtenberg adelantó los resultados de un estudio que ha llevado a cabo sobre el impacto de los fármacos innovadores en el tratamiento de pacientes oncológicos entre los años 1999 y 2016.

Hizo hincapié en que la comercialización de nuevos medicamentos oncológicos ha conseguido aumentar la esperanza de vida de estos pacientes, en España. En números totales -destacó-, esta mejora en la esperanza de vida se tradujo en una reducción del 29,2 % en el número de fallecimientos por cáncer en 2016, es decir, 42.132 muertes menos. Dicho de otra forma: cuanto más moderno es el arsenal terapéutico contra un tipo de cáncer, menos muertes prematuras se producen. No puede estar más claro, ministra.

José María Fernández-Rúa
PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN) EL DOMINGO 4 DICIEMBRE 2022

Siempre hay historias curiosas, tras los grandes protagonistas de la historia; en esta ocasión, en genética. Alemania ha conmemorado con el rigor que les caracteriza el bicentenario del nacimiento de Gregor Mendel, monje agustino y científico, que marcó un antes y un después con lo que se conoce como las leyes mendelianas. Y España, a pesar de los esfuerzos de un puñado de investigadores que dan la impresión de estar huérfanos del amparo de las autoridades del flamante Ministerio de Ciencia, intentó dar a conocer la figura y la obra de uno de nuestros más insignes científicos, Antonio de Zulueta y Escolano, a través de una exposición en el Museo de Ciencias Naturales. Se cumplen cincuenta años de la muerte del que fue el introductor de la Genética en nuestro país.

Y en estas historias curiosas, como recuerda el profesor Pedro García Barreno a sus íntimos, aparece Francisco J. Ayala, el investigador mendeliano por excelencia. Con los hábitos de dominico y poco antes de colgarlos definitivamente, Zulueta le convenció para que marchara a Estados Unidos, a trabajar con Theodosius Dozbanski en la Universidad de Columbia. Sobre el profesor Ayala se han vertido acusaciones sin pruebas, solo testimonios, de una serie de mujeres que le acusaron de acoso. Injustamente tratado, en mi opinión, le expulsaron de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y de la Universidad de Irvine, donde dictaba clases.

Pero esa es otra historia, que habrá que abordar en su día. Volviendo a Antonio Zulueta, recordar que obtuvo un reconocimiento internacional a principios del siglo pasado por sus trabajos sobre la herencia ligada al sexo en el escarabajo Phytodecta variabilis.

José María Fernández-Rúa
PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN) EL DOMINGO 23 OCTUBRE 2022

En el capítulo sanitario de las vacunas para otras enfermedades diferentes a Covid-19, que origina SARS-CoV-2, en España se están registrando, al menos, tres injusticias sociales. La primera de ellas tiene como protagonista a la vacuna para el virus del herpes zoster. Si usted tiene más de 65 años y 435 euros para comprar en su farmacia habitual este preparado, sin ninguna duda, es un afortunado. Se trata de la vacuna Shingrix, fabricada por la multinacional GSK, con una eficacia superior al 90 por ciento. Son dos dosis (217,52 € cada una). De momento únicamente los colectivos de 65 y 80 años (en 2023 se vacunarán solo a los que cumplan estas edades, y así sucesivamente) pueden recibir este preparado gratis, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades autónomas. Es un claro ejemplo de injusticia social. Hago un paréntesis para recordar que la culebrilla (herpes zoster) es una erupción cutánea vesicante, muy dolorosa. Está causada por el virus varicella-zoster, de la familia del virus del herpes.

Otra cuestión similar es lo que acontece con la vacuna de la meningitis B. Se está vacunando gratis en Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla León y Canarias. Pero no en el resto de España. Ese, cuando menos, extraño consenso con la vacuna del herpes zoster no se ha producido con el preparado de la meningitis B. De nuevo, injusticia social.

Y, todo esto, sin olvidar que hay otra situación incomprensible: actualmente hay tres comunidades autónomas que no están vacunando con el preparado antigripal de alta carga en residencias de ancianos. Son Madrid, Cantabria y Navarra. Tercera injusticia social, de momento.

José María Fernández-Rúa
PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN) EL DOMINGO 18 SEPTIEMBRE 2022

La historia de un científico corrupto y de un periodista honesto, bajo el paraguas de las acusaciones del primero contra la vacuna triple vírica, que llegó a publicar estudios falsos para vincularla con la aparición del síndrome del espectro autista, es uno de los muchos casos de investigadores que han utilizado la ciencia en provecho propio. Ese científico corrupto es Andrew Wakefield, que a finales de los años noventa trabajaba como gastroenterólogo en el Royal Free Hospital, en Londres. El periodista que descubrió su fraude en 2004 es Brian Deer, del Sunday Times. Wakefield tenía una patente para una vacuna frente al sarampión de un único antígeno. Por eso desacreditó a la triple vírica. Utilizó The Lancet a su antojo y facilitó la aparición, en 1998, del movimiento antivacunas. Esa revista es una de las más prestigiosas en el mundo de la biomedicina y a pesar de que tiene el sistema de revisión por expertos (peer review, en inglés) para analizar los artículos antes de publicarlos, Wakefield supo saltarse las normas para engañarla en varias ocasiones con estudios manipulados.

Estas líneas vienen a colación por el Congreso internacional de Revisión por Expertos y Publicaciones Científicas, en su novena edición que, entre los días 8 al 10 de este mes de septiembre, se celebrará en Chicago (EE. UU.). Está organizado por Journal of the American Medical Association (JAMA), British Medical Journal (BMJ) y Meta Research Innovation Center at Sanford (METRICS). Su objetivo es fomentar la investigación sobre la calidad y credibilidad del peer review y la publicación científica, y evitar casos como el que refiero al inicio.

José María Fernández-Rúa
PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN) EL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 2022

La innovación, precisión y personalización se materializan en el sector sanitario, a través de lo que se conoce como terapias avanzadas. Así, las terapias génicas y celulares han incrementado la oferta farmacéutica para poder llegar a enfermedades que antes no tenían tratamiento, o cronificar algunas consideradas hasta entonces como mortales. ^[1]

Nos encontramos ante un cambio de paradigma, donde la medicina de precisión se pone a la cabeza, creando medicamentos diseñados en función de las necesidades específicas de cada paciente o grupo de ellos.  Se basan en el uso de genes (terapia génica), células (terapia celular) o tejidos (ingeniería tisular). 

Un claro ejemplo de estas terapias, sería el tratamiento llevado a cabo con células CAR-T, que se aplica para el tratamiento del cáncer consistentes en la alteración genética de las células del paciente, con la posterior aféresis^[2] de las células modificadas. Actualmente en España no todos los centros están autorizados para trabajar con estar terapias, por lo que existe una Red de Centros Autorizados para llevar a cabo su implementación. ^[3]

Otro ejemplo clave de la aplicación de estas terapias, sería la terapia celular NC1^[4] indicada en el tratamiento de lesiones medulares crónicas y clínicamente incompletas. El hospital Puerta de Hierro de Madrid, ha desarrollado de forma íntegra el medicamento, que, tras su aprobación por parte de la AEMPS, ya ha sido administrado a 17 pacientes esperándose que, a mediados de este año, alrededor de 40 personas hayan recibido la pauta completa.  

El desarrollo de este tipo de terapias en nuestro país ha registrado en los últimos años un rápido incremento. La manipulación genética, los conocimientos en materia de secuenciación y las innovaciones celulares, han traído consigo la comercialización para uso clínico de estos productos.

Dada la importancia de su crecimiento y desarrollo en España, el Gobierno presentó el pasado mes de febrero el Plan Complementario de Biotecnología, un programa de investigación cogobernando y cofinanciado entre el ejecutivo y cinco comunidades autónoma ( Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura) para impulsar las terapias avanzadas y la medicina de precisión a través de la ciencia y la innovación.^[5] El plan girará en torno a seis líneas de actuación y contará con una dotación de 32 millones de euros, de entre los cuales 16 procederán del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Sin duda, la Comunidad de Madrid podría calificarse de pionera en la aplicación de estas nuevas terapias. Antes de verano 2022, estrenará un nuevo plan para mejorar el acceso de los pacientes a las mismas, así como impulsar la investigación. La Comunidad cuenta actualmente con tres centros designados (Gregorio Marañón, la Paz y el Niño Jesús) habiendo solicitado su ampliación a un total de siete hospitales públicos. ^[6]

Los pacientes merecen que la calidad asistencial de nuestro sistema de salud esté a la altura de las capacidades de innovación. Las terapias avanzadas constituyen un gran éxito de la medicina de precisión que gracias a su amplio consenso político se espera que logre una trayectoria de expansión en nuestro país.  

Sofía Briganty González 

Analista

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^[1] Farmaindustria. (8 de Febrero de 2022). Farmaindustria. Obtenido de https://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/la-llegada-de-terapias-avanzadas-requiere-adaptar-los-modelos-de-evaluacion-y-financiacion-para-mejorar-el-acceso-de-los-pacientes-a-los-nuevos-tratamientos/  

^[2] Procedimiento en el que se extrae sangre, se separa parte de la sangre, como las plaquetas o los glóbulos blancos, y el resto de la sangre se devuelve a la persona. 

^[3] Fundación Instituto Roche. (2020). Terapias Avanzadas: Terapia Celular y Terapia Génica. Obtenido de https://www.institutoroche.es/static/archivos/Informes_anticipando_2020_TERAPIAS_AVANZADAS_RGB.pdf

^[4] Infosalus. (7 de Marzo de 2022). Empieza a administrarse en España una terapia celular pionera para personas con lesiones medulares crónicas.Obtenido de https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-empieza-administrarse-espana-terapia-celular-pionera-personas-lesiones-medulares-cronicas-20220307115426.html

^[5] Diariofarma. (17 de Febrero de 2022). Gobierno y cinco CCAA impulsan un nuevo plan en terapias avanzas. Obtenido de https://www.diariofarma.com/2022/02/17/gobierno-y-5-comunidades-impulsan-nuevo-plan-de-terapias-avanzas-y-medicina-de-precision

^[6] Comunidad de Madrid. (4 de Febrero de 2022). La Comunidad de Madrid estrenará antes de verano un plan para impulsar la investigación y la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos de terapias avanzadas. Obtenido de https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/02/04/comunidad-madrid-estrenara-antes-verano-plan-impulsar-investigacion-accesibilidad-pacientes-medicamentos-terapias-avanzadas

El 24 de febrero de 2022 marcó una fecha histórica mundial debido a la invasión militar de Rusia a Ucrania. Sin embargo, el creciente conflicto militar entre Rusia y Ucrania viene desde 2014 cuando empezaron las manifestaciones de índole europeísta conocidas como la Revolución de la Dignidad, la anexión de la península de Crimea y el posterior acercamiento de Ucrania hacia la UE y la OTAN. A pesar de ser un conflicto militar regional, la invasión está teniendo un impacto mundial y ha supuesto unas consecuencias políticas, económicas y sociales sin precedentes. España, como el resto del mundo, es susceptible al impacto que ha generado el conflicto y ha tenido que modificar las prioridades de la agenda pública en función de la evolución del conflicto.

En términos políticos, la invasión ha derivado en el aplazamiento de la tramitación de diversas leyes nacionales y autonómicas en España debido a los cambios de priorización en la agenda pública. El Ministerio de Hacienda tenía previsto abordar la reforma fiscal en 2022, sin embargo, la invasión de Ucrania ha cambiado el contexto económico. Por lo tanto, la prioridad de implementar la reforma fiscal ha sido reemplazada por la implementación de medidas de alivio fiscal para amortiguar el impacto de la subida de precios en determinados servicios y sectores económicos. Por otro lado, las prioridades de la agenda pública también se verán afectadas tras el anuncio del Ejecutivo de aumentar el presupuesto en Defensa para llegar al objetivo fijado por la OTAN del 2% del PIB. 

Además, España se enfrenta a distintos desafíos económicos que afectarán la agenda pública para adaptarla a los retos pertinentes. Actualmente, Rusia provee el 40% del gas natural a la UE sin embargo, España no depende tanto del gas natural ruso a diferencia de gran parte de Europa ya que importa únicamente un 10% de Rusia. No obstante, España no podría evitar las consecuencias de una subida generalizada de los precios de la energía y combustibles y se podría ver lastrada por un aumento de la inflación de precios. Esto supondría una grave irrupción en la cadena de suministros, siendo así muy probable la modificación de la agenda energética española. 

Por otro lado, España se encuentra peor posicionada en la importación de productos agroalimentarios, ya que importa anualmente el 30% del maíz que requiere de Ucrania. Asimismo, el 60% del aceite de girasol y el 17% del trigo que importa España, también proviene de Ucrania. Por lo tanto, un parón en las exportaciones de estos productos se traduciría en un desabastecimiento, un aumento de los precios y supondría dificultades para varias industrias.

En cuanto a las políticas sociales, desde que comenzó el conflicto, ya son más de tres millones y medio de refugiados. La UE dispone actualmente de un sistema de reparto para determinar cuántos refugiados debería acoger cada país. Según el sistema, España tendría que asumir más del 10% de la población ucraniana, que podría ser más de 300.000 personas. De esta forma, las prioridades de la agenda pública se verían nuevamente modificadas para flexibilizar la política migratoria para acoger a los refugiados Ucranianos. 

Como respuesta a estos eventos, el Ejecutivo se ha reunido con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, para avanzar en la configuración del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, para adoptar un paquete de medidas que ataje el impacto económico y social del conflicto en Ucrania. Entre las medidas incluyen:  el precio del gas, la electricidad y los carburantes, apoyar a los sectores más afectados, reforzar la estabilidad de precio y garantizar los suministros la estabilidad financiera.

El impacto completo del conflicto en Ucrania no se verá hasta mucho después de que la guerra cese. Sin embargo, ya se están viendo los impactos en la agenda pública y en el cambio de prioridades que hace dos meses parecían fijas. Es por esto, que en tiempos de incertidumbre y volatilidad, es fundamental mantener un seguimiento constante de la actividad política para evitar riesgos imprevistos generados por cambios en la agenda pública.

Marcos Chaberman

Analista

Vivimos en la era del “Big Data”. Como consecuencia de la creciente informatización de nuestras actividades, de lo personal a lo empresarial, cada vez se generan y acumulan cantidades mayores de datos. Si estos datos se tratan de forma correcta, pueden tener un importante impacto social en ámbitos diversos, incluyendo el de la Salud Pública. Sin embargo, esto requiere el desarrollo de herramientas adecuadas para su gestión.  

Este horizonte de mejora no ha pasado desapercibido para el Gobierno español, que ha dedicado uno de sus Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), a la Salud de Vanguardia. Este PERTE se presenta como una oportunidad para la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva dentro del Sistema Nacional de Salud de España, lo cual es, de forma simultánea, una coyuntura para el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad. 

Dentro de la propia definición que el ejecutivo ofrece de la salud de vanguardia, encontramos referencias a la ciencia de datos y la inteligencia artificial. En efecto, el aumento de la digitalización de datos relacionados con la salud ofrece nuevas oportunidades para una mejor calidad asistencial que no debemos dejar escapar. A cinco años vista, el programa prevé reforzar la atención personalizada y adaptada a través de la aplicación de tecnologías digitales y, para ello, apuesta por el desarrollo de un Data Lake sanitario nacional. 

En términos generales, un Data Lake es un repositorio centralizado pensado para el almacenamiento y gestión de datos. Si esto lo llevamos al ámbito de la salud, lo que se propone es la creación de un gran almacén de datos sanitarios en bruto, que podría impactar a tres niveles: desarrollo de una investigación clínica más robusta e integral, mejora de la calidad asistencial de los pacientes y creación de empleo cualificado a largo plazo. 

Para asegurar el éxito del proyecto, el Gobierno propone fomentar la colaboración público-privada, una aproximación esencial para que la iniciativa se apoye sobre la experiencia de los principales actores del sector, en el que ya existen iniciativas vigentes que pueden ser de ayuda. Como ejemplo, se han publicado diversos informes relativos a esta temática, como es el caso del de “Digitalización del Sistema Nacional de Salud” elaborado por el Observatorio de Economía y Salud Boehringer Ingelheim. 

Si bien esta es una ocasión que podría suponer un salto cualitativo significativo para nuestra Salud Pública, una transición digital armonizada en hospitales y centros de salud repartidos por todo el territorio nacional es, sin duda, todo un reto. A la coordinación de las diferentes autonomías, se suma el desafío de las garantías de privacidad, necesarias para que el propietario y dueño del dato sanitario siga siendo el ciudadano y sea él quien consienta, informadamente, que sus datos se utilicen de forma anonimizada y segura. 

Liderar una iniciativa pública de tales características coloca a España en una posición interesante a nivel europeo, dónde esa idea ya resuena desde hace un tiempo. De ahí que puedan surgir sinergias entre los Estados Miembros para un mejor desarrollo de todo el proceso. Sin ir más lejos, hace unos meses se analizó el caso danés de digitalización del sistema nacional de salud, contando con la participación la directora general de la Autoridad de Datos de Salud de Dinamarca, Lisabeth Nilsen, en el XIV Foro De Sanidad “Aprendizajes Post Covid: El Momento De La Digitalización” organizado por el Centro De Estudios De Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

De aquí a 2025, la Comisión Europea tiene como prioridad la creación de espacio europeo de datos, también en el sector sanitario. Desde la Comisión inciden, también, en las ventajas que puede reportar este modelo para la investigación e innovación en Europa y hacen hincapié en que el sistema sea transparente y sólido, para que los datos sanitarios de los ciudadanos estén protegidos.  

Ahora solo queda aguardar. Si los próximos pasos se dan en base a los objetivos planteados, de forma eficaz y clara, este PERTE puede hacer que España actúe como palanca de un modelo que se implante de forma armonizada a nivel europeo. El SNS español lleva años siendo valorado como uno de los mejores de Europa en el ranking que Bloomberg publica anualmente, y la pregunta es, ¿protagonizaremos también el salto de los Sistemas Sanitarios al mundo digital? 

Silvana Briones

Analista en Prácticas

Las primeras elecciones de 2022 han traído consigo una tormenta política en el panorama autonómico de Castilla y León, que seguramente influirá en las decisiones en los próximos meses a nivel nacional, ya que de ellos depende el rumbo ideológico de los populares. El partido popular, liderado por Mañueco, a pesar de ganar, no obtuvo los votos suficientes para liderar en solitario como tenía previsto, y tampoco cuenta con muchas opciones que no sean, una improbable alianza con los socialistas, o ceder ante el partido de Abascal que no deja de sorprender en cada votación electoral que sucede. 

Dejando de lado las guerras internas, y centrándonos en lo realmente importante para los ciudadanos, ¿qué va a ocurrir con la sanidad sea cual sea el gobierno definitivo? 

El Partido Popular en su programa en tema sanitario, se centró en tres ejes concretos para mejorar la sanidad: la Atención Primaria, la Enfermería y la Farmacia. Como primer objetivo, y dado el grave problema de despoblación que hay en el territorio, sus esfuerzos se centrarían en evitar la “fuga” de profesionales sanitarios. Mañueco propone una Atención Primaria de calidad, adaptada al reto de la cronicidad, ante todo de proximidad con una atención de máximo 72 horas de espera para la asistencia en consulta, y por un modelo de incorporación progresivo de las plazas de Área a los Equipos de Atención Primaria. Con este fin, el popular añade a sus promesas, la creación de un Plan de atracción de profesionales de alto prestigio que lideren proyectos asistenciales. En materia de Enfermería, el objetivo reside en adaptar las plantillas en los centros hospitalarios a la carga real, y evitar los contratos temporales. Y en relación con el tercer eje centrado en Farmacia, el objetivo estará en el desarrollo de medidas para el correcto uso de medicamentos, además de en el apoyo económico a las farmacias rurales, y la elaboración de un programa que facilite la dispensación de medicamentos que normalmente se proveen en hospitales. 

¿Y cuáles son las propuestas de los posibles socios de gobierno? 

Las propuestas del PSOE tienen como abanderada la aprobación de una Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de los Centros y Organizaciones Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León, y un plan de reordenación de los recursos humanos. La Atención Primaria contaría con el 25 por ciento del total del presupuesto sanitario, se propondría la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria como base para mejorar los cuidados y la atención domiciliaria, entre otros. Los socialistas a pesar del mal entendimiento con los populares, plantea medidas concretas a diferencia de Vox, con un programa de 10 medidas en la que solamente en una se centra en medidas generales como la necesidad de reforzar las inversiones en servicios sanitarios, el gasto sanitario en la Atención Primaria o mejorar el acceso a los centros de salud. 

Sin embargo, todo apunta a que el partido de García-Gallardo, será quien pacte con los populares finalmente a pesar de sus exigencias, y con quien plantee las mejoras tan necesarias en sanidad. Unas medidas que para la mayoría de los votantes pueden ser poco efectivas si 

no se trabaja en la línea del consenso, con objetivos comunes, y con la mirada puesta en el mayor problema que asola la comunidad, la cada vez más extendida, despoblación. 

Lorena Aparicio

Analista

En los últimos años, las actividades de los grupos de interés han sido objeto de acalorados debates tanto entre los ciudadanos como entre la clase política. En muchas ocasiones, estos debates han girado en torno a estereotipos e ideas preconcebidas sobre el verdadero papel que juegan estos grupos en el proceso de toma de decisiones, papel que a menudo se ha considerado ilegitimo. Sin embargo, este está enmarcado en el derecho de petición, consagrado tanto en el artículo 29.1 de nuestra Carta Magna (“Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley”) como en el artículo 11.1 del Tratado de la Unión Europea (“Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión”). 

Así, los grupos de interés desempeñan un importante y legítimo papel en todo proceso democrático. Buscan posibilitar la participación de las personas físicas y jurídicas en el proceso de toma de decisiones con tal de que puedan defender su situación, comunicar sus ideas o simplemente recabar información. También favorecen el debate público y proporcionan información técnica y sectorial a los decisores con tal de facilitar su labor. En este sentido, por ejemplo, y a no ser que hubieran obtenido una formación previa especializada, es difícil que al votar legislación referente a cuestiones técnicas como pueden ser las de inteligencia artificial o la industria farmacéutica, los parlamentarios tengan los conocimientos necesarios para comprender íntegramente el lenguaje y las posibles implicaciones de determinadas políticas. En consecuencia, los grupos de interés buscan proporcionarles dicha información técnica y contribuir a su conocimiento. 

No obstante, el proceso de toma de decisiones en los sistemas democráticos y la implicación de los grupos de interés en el mismo deben ir necesariamente acompañados de un marco jurídico que cuyo principal pilar sea la transparencia. Esta evita abusos de poder; contribuye a la legitimidad de las instituciones, de la que tan solo pueden gozar en la medida en la que son plenamente responsables ante sus ciudadanos; y facilita la “desmitificación” y la obtención de datos reales y fehacientes en torno a las actividades de los grupos de interés. 

La creación de Registros de grupos de interés es el primer paso para la consecución de dicha transparencia. A nivel europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea cuentan con un Registro de transparencia común cuyo objetivo es poner a disposición de los ciudadanos información sobre las actividades de los grupos de interés y así facilitar el control que estos deben ejercer sobre las decisiones legislativas y ejecutivas. Aunque el registro sea voluntario, cada institución cuenta con medidas de condicionalidad propias que supeditan determinadas actividades a la inscripción previa. Por ejemplo, tan solo los representantes de grupos de intereses que estén registrados pueden ser invitados como oradores a las audiencias públicas de las comisiones del Parlamento. 

A nivel nacional no existe un registro común en el que se puedan o deban registrar los grupos de interés. Esto ha propiciado que sean las distintas instituciones o comunidades autónomas las que establezcan sus propios registros. En la actualidad, cuentan con uno Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, la falta de un registro nacional impide que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento completo de los procesos de elaboración de decisiones públicas y resta legitimidad a los procesos legislativos y administrativos de aprobación de políticas públicas. 

De esta forma, la creación de un registro y la regulación de las actividades de los grupos de interés a nivel nacional, muy demandada por los profesionales del sector, sigue siendo una asignatura pendiente. La cultura de transparencia marca un camino claro, y las administraciones públicas no deberían perder la oportunidad de seguirlo. 

Ana Echevarría Moretó

Analista

El año 2020 fue decisivo para el cambio en el paradigma de la comunicación. Empresas y organizaciones tuvieron que adaptarse a un nuevo entorno incierto, determinado por la incorporación de la comunicación digital a sus sistemas de control de información y datos. El impacto de la pandemia obligó a agilizar el proceso de transformación digital tanto para empresas como para clientes, acelerando una nueva tendencia comunicativa. Y es que la era digital ha dejado ver un entorno cambiante, cambiando la forma en la que los individuos interactúan en el área personal, social y profesional.

Pero ¿cómo puede definirse esta nueva vertiente? Según Patricia Bertolotti, profesora de la Universidad Nacional de Misiones, la comunicación digital es el intercambio de mensajes realizado a través de medios tecnológicos tales como páginas web, bases de datos, blogs, newsletters, plataformas y redes sociales. Estas herramientas digitales facilitan el flujo constante de información dentro de la empresa, y la necesaria retroalimentación con públicos internos y externos. Pero, para ello es imprescindible contar con los mejores desarrolladores de programas, una alta capacidad técnica y aplicaciones que se adapten a la institución en cuestión. Por eso, el verdadero reto está no sólo en digitalizarse, sino en comprender la dinámica de la comunicación digital, y adaptar los canales y mensajes a la cultura de la empresa.

Acostumbrados a vivir en una sociedad digitalizada, donde prima la rapidez antes que la calidad, y rodeados de fenómenos tales como las fake news, es necesario que las organizaciones sean capaces de mantener la actualización de la información. Asimismo, a través de herramientas digitales, la empresa puede ofrecer transparencia y credibilidad a los clientes, respondiendo de manera clara e inmediata a posibles crisis de comunicación.

Las herramientas digitales son variadas, están al alcance de cualquier empresa, y permiten transmitir la información de forma eficiente, concisa y ágil. Así pues, la entidad puede medir los resultados de las campañas a través de medios asequibles y sencillos como plataformas de monitoreo y de gestión de proyectos, de analítica digital y gestión de comunicación, y aplicaciones de e-commerce y servicio al cliente. Es importante que la empresa responda a una estrategia bien definida, con unos objetivos claros, que se ejecute transversalmente en la organización. De este modo, una buena comunicación digital mejora la imagen de la marca y su reputación, consiguiendo que el público objetivo sienta afinidad por la empresa.Por otro lado, algunos de los principales elementos que deben tenerse en cuenta para implementar las herramientas son el coste, la funcionalidad, el impacto, la utilidad y la rentabilidad para la empresa. Sin embargo, estas herramientas no funcionan por sí mismas si no existe un plan previo. Por eso, resulta clave que las empresas sean capaces de integrar tecnología, procesos, estrategia y un equipo especializado, para conseguir una comunicación fluida tanto a nivel interno, entre colaboradores y empleados, como externo, con clientes y proveedores. 

Candela Gortari Ferrándiz

Analista en Prácticas