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Si el sector de la alimentación está inmerso en un profundo proceso de transformación, la industria cárnica se encuentra ante un dilema igual o mayor: renovarse o morir.

Tras el informe de la OMS publicado en el año 2015 que vinculaba el consumo de carne roja al riesgo de cáncer, este alimento se ha situado en la agenda política. Desde entonces, un creciente número de organizaciones se han posicionado en contra del consumo de productos cárnicos, incluyendo en la ecuación otras variables como la sostenibilidad del planeta o el bienestar animal. Uno de los casos más relevantes fue el de la Fundación EAT, una plataforma global para la transformación del sistema alimentario, que recomienda duplicar el consumo de fruta y vegetales y reducir el de carne roja y azúcar.

Esta fundación publicó en enero de 2019 un informe que apuesta por las dietas saludables y sostenibles. Dicho informe fue publicado a través de la EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health –formada por la citada fundación y The Lancet, la prestigiosa revista científica británica– con el fin de conseguir un sistema alimentario que permita: producir más comida, de forma más eficiente, a la vez que protege al planeta del riesgo de cambios irreversibles y potencialmente catastróficos en el sistema terrestre. El documento recomienda una reducción en el consumo de carne y azúcar de un 50%.

Con el evidente riesgo que supone para la supervivencia de la industria, las empresas cárnicas tratan de poner en valor unos productos que, consumidos de forma adecuada y equilibrada, reportan importantes beneficios para la salud. A este hecho, se suman los esfuerzos por conseguir un packaging más sostenible y las cada vez más exigentes medidas para garantizar los estándares de bienestar de los animales, especialmente en la Unión Europea.

En este contexto, otras empresas del sector—e incluso algunas pertenecientes al mismo y que buscan diversificarse— están aprovechando esta situación para ofrecer nuevos productos cárnicos. En esta incipiente categoría podríamos incluir la carne vegetal, elaborada a través de proteínas vegetales, o la carne de laboratorio, cultivada a base de células madre extraídas a los animales.

Sin duda, la industria cárnica se enfrenta a una etapa exigente en la que tendrá que poner en valor ante todos los agentes nacionales e internacionales involucrados en la cadena alimentaria y los medios de comunicación su importante papel en una dieta equilibrada, los estándares de calidad y seguridad alimentaria con los que cuenta, así como la aportación al PIB y al empleo en los países en los que opera.

Óscar Panizo

Consultor de Cariotipo Lobby & Comunicación

El sector agroalimentario en España tiene un valor estratégico innegable para la economía nacional, tal y como lo corroboran las magnitudes económicas sobre su participación en el PIB, en la balanza comercial, su dimensión, el número de empleos que genera o sus cotas de producción, que le sitúan como el primer sector manufacturero y uno de los que gozan de mayor proyección internacional, y que acertadamente señala la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en su Preámbulo.

Pieza fundamental de ese engranaje es el sector agrícola y ganadero, que estos días está protagonizando una escalada de tensión desde que, hace escasamente una semana, el nuevo Gobierno de coalición aprobase una nueva subida del SMI.

Es cierto que no debemos buscar en esta subida la causa única del estallido de las reivindicaciones agrarias: la rigidez de la demanda, la estacionalidad y atomización de la oferta, la dispersión territorial o la generación de empleos vinculados al medio rural, son especificidades propias del sector agrario que le diferencian claramente de otros sectores económicos; pero no calificarla de causa original no significa no identificarla como la chispa que ha prendido la mecha para la protesta de miles de agricultores a lo largo y ancho de España.

Hay otros factores que pueden ayudar a entender cómo se ha llegado hasta la situación actual. Por un lado, desde que en verano de 2014 Rusia impuso determinados vetos a las importaciones de productos agroalimentarios de la UE, en respuesta a las sanciones comunitarias que se impulsaron por su intervención en Ucrania, el sector agrario ha visto disminuida la demanda de sus productos.

Por otro, tampoco podemos desligar el repunte de las protestas del hecho de que este 2020 se negociará en Bruselas el nuevo marco comunitario de la Política Agraria Comunitaria, en 2021 decidirán el reparto los Estados miembros y en 2022 entrará en vigor el nuevo sistema.

En todo caso, la dimensión de las protestas y el hecho de que el Gobierno haya cogido públicamente el guante de impulsar la reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, son motivos suficientes para recordar que no nos encontramos ante un juego de suma cero, sino que habrá que abordar la eventual reforma de la normativa actual desde parámetros que distan mucho de lo que estamos leyendo y escuchando en los últimos días: los problemas complejos suelen requerir soluciones complejas, y desde luego huir de la demonización de sectores concretos. 

Además, junto a ese compromiso de modificar la actual Ley de la cadena, el titular de  Agricultura, Pesca y Alimentación presentó también un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La necesidad de sentar el Campo a la mesa es una manifestación más de esa España en proceso de transformación (pensiones, transformación digital, transición energética, fuga de talento, despoblación, etc.) cuya salida no será fácil, pero cuyo primer paso será el establecer entre los distintos actores canales de comunicación veraces, mantener unas perspectivas realistas y asumir las negociaciones en base a datos contrastables, que comiencen por devolver a la política el prestigio del que hace años gozó y sienten las bases para una cadena alimentaria más transparente, sostenible, generadora de valor y beneficiosa para todos los eslabones, desde los productores hasta los consumidores finales.

En los primeros días de enero de 2020 empezó a oírse hablar de un nuevo tipo de virus que estaba causando un alarmante número de afectados en la ciudad china de Wuhan. Se trataba del denominado coronavirus, una enfermedad cuyos síntomas se asemejan a los de la neumonía y que ha llevado a poner en cuarentena a 40 millones de personas solo en China.

Desde que tuviesen lugar los primeros casos en el gigante asiático, coincidiendo con la celebración del año nuevo chino, el virus comenzó a expandirse a otros países cercanos como Tailandia o Japón, para más tarde afectar a ciudadanos estadounidenses, australianos o filipinos, entre otras nacionalidades. El primer caso registrado en Europa se producía la pasada semana en Francia y esta misma semana tenía lugar otro nuevo caso en Alemania.

La dificultad para crear barreras a este tipo de enfermedades en un mundo conectado y globalizado parece una tarea prácticamente imposible. Por ello, es fundamental que las autoridades trabajen de forma coordinada para evitar una posible pandemia y prevenir una alarma excesiva y contraproducente entre la población.

En este sentido, la OMS, como máximo organismo sanitario internacional, ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad en todas sus declaraciones públicas, huyendo de titulares alarmistas. El 12 de enero, cuando el brote era aún muy incipiente, se publicó un listado de recomendaciones de la OMS para prevenir la transmisión del brote y se informó de que se estaba recabando toda la información necesaria para establecer el impacto y riesgo global del coronavirus. El 22 de enero la OMS declaró como “moderado” el riesgo mundial por el coronavirus y el 27 de enero, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus lo aumentó a “alto” aunque añadiendo que “era demasiado pronto» para hablar de «emergencia de salud pública de alcance internacional». 

En España, a pesar de que el coronavirus, no ha afectado todavía a ningún ciudadano nacional, ya sea en Wuhan (donde viven una decena de españoles) ni dentro de nuestras fronteras; el Ministerio de Sanidad también ha querido llamar a la “tranquilidad y la confianza”. Concretamente, el ministro Salvador Illa ha apelado a la capacidad de respuesta de España ante cualquier eventualidad y ha declarado que “con independencia de la decisión que adopte el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se consensuará con las comunidades autónomas el protocolo de actuación para estar preparados ante cualquier eventualidad”. 

Desde el punto de vista de la comunicación de crisis, los organismos públicos deben definir de forma clara su línea de actuación cuando se producen este tipo de alarmas sanitarias y estar preparados para afrontarlas de la forma más eficiente y trasparente posible. En estos casos, es importante ofrecer una imagen de seguridad y mantener un flujo de información constante que evite una alarma social que magnifique la importancia de los hechos. 

Además, los organismos de referencia y la administración pública, como instituciones expuestas a sufrir una crisis, deben siempre optar por llevar a cabo una gestión proactiva. La actualización de medidas de previsión y planificación es esencial con independencia de que la crisis llegue o no a producirse. «La incapacidad de prever una crisis es uno de los principales factores para que estas se produzcan y se agraven. Cuanto mejor se pueda prevenir todos los aspectos de una crisis, mejor podrá dominarla cuando ésta ocurra» (Cómo gestionar una crisis. Mitroff y Pearsons, 1997:10).

Otro aspecto fundamental es el de escuchar a la opinión pública y tratar de dar respuesta a sus preguntas. La mejor forma de hacerlo es mediante la monitorización de cada nueva información que surja en medios de comunicación o RRSS y con la elección de portavoces experimentados y adecuados, que tengan claros los mensajes a transmitir a una población cada vez más demandante de información.

Estos días, la sociedad solicita de manera contante nuevos detalles y datos acerca del desarrollo de esta enfermedad y, por consiguiente, el coronavirus se ha convertido en uno de los temas centrales de los medios de comunicación.  Las próximas semanas serán fundamentales desde el punto de vista de la comunicación para tratar de controlar esta alerta sanitaria, por ello, La administración pública y los organismos sanitarios deben prestar especial atención a la forma y las vías de difusión de sus mensajes, desarrollando una estrategia clara basada en las pautas claves de la comunicación de crisis.

No cuidar la reputación puede conducirnos, de forma relativamente sencilla, hasta una crisis. Esto puede afectar a un personaje público, a una empresa o a un trabajador que, con su forma de proceder, pueda perjudicar a la organización a la que pertenece. Éste último, es el caso en el que se ha visto envuelto un conocido club de fútbol, que ha tomado la decisión de despedir esta semana a su entrenador, al considerar que “los recientes eventos extra-deportivos le han causado graves daños al equipo”. Así, la rescisión de su contrato, según fuentes oficiales, busca “minimizar su impacto en el club y en toda la organización”.

El caso muestra, una vez más, el inmenso poder de las redes sociales, que suelen obrar a favor, pero que también pueden hacerlo en contra. De ahí la importancia de procurar la reducción al mínimo del margen de riesgo así como de los eventos más impredecibles.

Las redes sociales ofrecen un sinfín de posibilidades y, para las empresas de hoy en día, son un gran aliado que les brinda enormes beneficios. Y es que permiten dirigirse al público objetivo de forma muy directa. Nunca antes una compañía había podido acercarse, escuchar, hablar, comunicarse y, en definitiva, crear un vínculo real con su público como ahora. Así hasta el punto de que hoy, si no estás en redes, no existes.

Según la investigación CEOs en Twitter, la presencia de estos en Twitter es cada vez mayor. Además, los directivos que están presentes en la plataforma influyen positivamente en los usuarios y tanto su imagen como la de la compañía mejoran. En cuanto a los internautas, dos de cada tres piensa que es importante dicha presencia. Y es que la publicación de un CEO en Twitter significa más ventas, más gente dispuesta a trabajar en la compañía y mayor apoyo en general a la marca.

Pero no hay que olvidar que ese “estar” puede ser también un arma de doble filo que, en ocasiones, puede llegar a “castigar” de forma muy injusta. Por tanto, debemos tenerlas siempre muy presentes y ser cautelosos, en ningún caso se pueden subestimar. Y es que, a veces, por lo extendido que está su uso, podemos olvidarnos de la gran exposición a la que someten.

Esta última crisis en el mundo del fútbol no es el único ejemplo que tenemos dentro del mundo del deporte. Otro reciente, y también debido a cuestiones extra-deportivas, es el del tenista Roger Federer. El deportista Suizo se ha visto presionado por la activista climática de 17 años Greta Thunberg a través de la campaña #RogerWakeUpNow (Roger, Despierta Ya), para que rompa sus vínculos con Credit Suisse por la inversión de este banco en energías fósiles.

La presión en medios y redes sociales ha ido en aumento hasta que Roger Federer se ha visto obligado a responder que se toma el impacto y las amenazas  del cambio climático “muy en serio”, especialmente ahora que llega con su familia a “una Australia devastada por los incendios”.

La comunicación de un nuevo producto o servicio es uno de los momentos claves para todas las compañías con independencia de su sector o área de actividad. Por este motivo, debemos tener en cuenta aspectos que pueden ayudar a que nuestra estrategia de comunicación tenga un mayor impacto y mejores resultados:

1.- Crear una historia de valor

Toda estrategia de comunicación debe empezar por la creación del relato y mensajes básicos del producto o servicio que vayamos a comunicar. Establecer los puntos fuertes y beneficios diferenciales de nuestro producto o servicio que representen una novedad para el mercado o su categoría de producto. Si se han empleado nuevas técnicas de investigación o innovación, si es una revolución para el mercado o una novedad y, sobre todo, qué ha llevado a la compañía a lanzarlo. Normalmente, las estrategias suelen estar muy unidas al conocimiento de las demandas del consumidor y cómo resolver una necesidad real que el mercado demanda. 

2.- Conocer al público objetivo 

Debemos conocer muy bien cómo es el público objetivo al que nos dirigimos. Conocer en qué canales de información se encuentra y cuáles son sus hábitos de consumo. Conocer el buyer persona(prototipo de cliente ideal de nuestro producto o servicio) de nuestro consumidor es un aspecto clave. Saber dónde está, cuáles son sus gustos y comportamientos nos será de mucha ayuda para orientar nuestra estrategia. Saber dónde tenemos que posicionar nuestro producto y qué acciones de comunicación podremos poner en marcha. 

3.- Facilitar la experiencia directa con el producto o servicio

En muchas ocasiones, acercar nuestro producto es vital para que el usuario pueda conocerlo de primera mano y pueda identificarse con él. En el caso de productos de alimentación, por ejemplo, asegurar que se pruebe el producto puede garantizar su recomendación. Es importante, por tanto, acompañar nuestras estrategias de comunicación de acciones que acerquen el producto y sus usos a todos. En este sentido, las redes sociales son un gran aliado al permitir mostrar la versatilidad y diferentes opciones que pueden tener. 

4.- Comunicar experiencias

Actualmente, vivimos en una sociedad que cada vez valora más las experiencias y son ellas, las que suelen hacer que nos decantemos por unos productos o servicios concretos. Aquellos que fomentan nuestro bienestar y son portadores de experiencias positivas. Por ello, transmitir esto en nuestros mensajes de comunicación es muy importante. Además de esto, contar con la colaboración de algún prescriptor que sea capaz de transmitir a todos sus seguidores los atributos del producto puede llegar a ser el mejor aliado. 

5.- Conocer la opinión de los usuarios

En la mayoría de los casos, poder conocer de primera mano cuál es la valoración de los interesados es un aliado muy valioso para nuestras estrategias de comunicación. Pueden hacer que se cambien acciones o se creen otras teniendo en cuenta su opinión. Las redes sociales y los eventos suelen ayudar a acercarnos más a ellos y obtener más información. 

Eva Cuervo

Consultora senior

Los españoles somos los que más viviremos en 2040. Según publicó la revista The Lancet, España encabezará la lista mundial de longevidad, por encima de Japón, que hasta ahora era el país con mayor esperanza de vida. Al mismo tiempo que las encuestas nos otorgan el primer puesto, se nos recuerda que somos de los países que menos invierte en Sanidad de nuestro entorno (8,9% de su PIB).

De acuerdo al informe ‘State of Health in the EU’ publicado por la Comisión Europea en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el año 2000 España ha aumentado en cuatro años su esperanza de vida, lo que supone 2,5 años por encima de la media de la Unión Europea (UE). Mientras que, por otro lado, su gasto sanitario per cápita se sitúa en un 15% por debajo del resto.

Las personas mayores constituyen un porcentaje cada vez más elevado de la población. De hecho, en 2018 se estimó que el porcentaje de la población con 65 años o más alcanzaba ya el 19%.  Siguiendo los resultados del mencionado informe, “casi el 60% de las personas de 65 años o más aseguraban padecer una o varias enfermedades crónicas en 2017”. No obstante, el elevado consumo de tabaco y la creciente obesidad en España son los principales factores de riesgo que podrían hacer peligrar el objetivo para 2040.

Si bien las tasas de tabaquismo disminuyeron en los últimos quince años, más del 22% de los adultos seguía fumando a diario en 2017, una proporción superior a la media de la UE (19%). En lo que respecta a los índices de obesidad, España supera en dos puntos la media de la UE (17% frente al 15% de media de la UE). 

Ahora bien, si los malos hábitos no se han rectificado durante los últimos años en España, ¿cómo es posible que la esperanza de vida tenga una previsión creciente en nuestro país? 

Este aumento en la esperanza de vida se debe, por tanto, en gran medida a la reducción de los índices de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, especialmente cardiopatías isquémicas y enfermedades cerebrovasculares. 

Las enfermedades crónicas incluyen ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y artritis reumatoide u osteoartritis y afectan a actividades tan cotidianas como puede ser vestirse, ducharse, acostarse o levantarse de la cama.

Sabiendo las importantes consecuencias económicas y sociales que implicaría el aumento de la esperanza de vida que se prevé para entonces, la situación invita a plantearnos la cuestión de si España está realmente preparada para hacer frente al gasto público que ello conllevaría.

Los poderes públicos serán los principales agentes responsables de acercarnos, mediante una legislación justa y efectiva, a la estabilidad del sistema. Para ello, será necesario garantizar las mejores soluciones para hacer frente a los nuevos escenarios y equipar a nuestro país con las herramientas necesarias para alcanzar dos objetivos clave para 2040: la mayor esperanza de vida unida a los mejores hábitos saludables.

Julia Carbonell

Analista

Madrid se enfrenta en los próximos días a un nuevo desafío. La Cumbre del Clima, que originalmente iba a celebrarse en Chile, supone un reto mayúsculo para la capital de España. La urgencia del cambio de sede ha sorprendido a la sociedad en general, pero especialmente a Greta Thunberg, la joven activista sueca que se encontraba ya en el continente americano. Este repentino giro, obligó a la joven a buscar una alternativa urgente para poder llegar a tiempo a España, y encontró la solución en el velero de una famosa pareja de Youtubers, con el que poder hacer el cambio de continente de la forma más sostenible posible. 

En este contexto, se celebrará la XXV Cumbre anual del Clima de Naciones Unidas en Madrid, durante la primera quincena de diciembre. Esta cumbre ya se ha convertido en la reunión internacional de referencia desde que en 1992 fuera adoptada en Nueva York. En este marco, en 1997 los gobiernos acordaron incorporar el Protocolo de Kioto, para reforzar la conciencia pública de los problemas relacionados con el cambio climático. En esta ocasión, concretamente, la cumbre tiene el objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el fin de impedir interferencias causadas por el ser humano, peligrosas para el sistema climático.

Para Madrid supondrá, entre otros frentes, convertirse en el foco mediático internacional. Por sus pabellones pasearán líderes mundiales, además de un gran número de jefes de estado, científicos y diversas personalidades del sector. Se espera que más de 20.000 personas se den cita en la cumbre durante esos días. No es la primera vez que España, y concretamente Madrid, decide acceder a la organización de eventos de forma urgente y los resultados, en su mayoría, han sido satisfactorios, lo que demuestra la gran capacidad de reacción que tiene nuestro país.

Para la celebración de la cumbre, Madrid ha habilitado seis pabellones de Ifema y diferentes puntos del recinto, con lo que se calcula que, asumir la organización del evento, supondrá un coste de 60 millones de euros. Cifra que se encuentra significativamente por debajo de los más de 100 millones de beneficio que se prevé que genere en toda la ciudad. No obstante, resulta algo paradójico calcular la contaminación que causará en nuestra ciudad la Cumbre del Clima. Numerosos periódicos se han hecho eco en estos días de las cifras de contaminación de la última cumbre celebrada en Polonia el año pasado. Los datos apuntan que se emitieron un total de 59.020 toneladas de CO_2, cantidad similar a 383.246 vuelos Madrid-Palma. Y es que, según argumentan distintos grupos de activistas, el trasporte es el responsable de la mayoría de las emisiones que se generan en estas reuniones internacionales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero fin de estas cumbres? ¿Realmente son vinculantes los acuerdos que se alcanzan para los países? El hecho de que una de las naciones más contaminantes del mundo, como lo es EEUU, no asista a esta cumbre hace que, inevitablemente, pierda valor. Si las decisiones que allí se acuerdan afectan a países que son libres de implementarlas o no ¿qué efecto real tienen estas reuniones internacionales para el cambio climático?  

Elena Sánchez de la Rica

Consultora

El pasado 12 de noviembre el Consejo ejecutivo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó la memoria preliminar del Anteproyecto de Ley de los grupos de interés y la representación de intereses ante las Administraciones Públicas de Catalunya. El Gobierno de la Generalitat ya había abierto del 16 al 30 de septiembre un proceso de participación ciudadana para la elaboración de una Estrategia de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad pública, algunas de cuyas propuestas se incluirán en el nuevo Proyecto de Ley.

Se trata de mejorar la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de reforzar la transparencia en la relación entre los grupos de interés con los altos cargos de la Administración de la Generalitat y de los entes locales. Para ello la estrategia del Gobierno se basa en una modificación de la regulación de los grupos de interés para otorgarle mayor claridad y concreción, mejorar y ampliar el proceso de registro de estos grupos, normalizar la presencia de la actividad de lobby en la vida pública y política, garantizar la transparencia de las agendas de los cargos de la administración y, por último, contar con el compromiso ético de altos cargos y directores públicos en publicitar los contactos con los grupos de interés. De esta forma la nueva norma hace extensible al poder ejecutivo, algunas de las medidas que la actual Ley de transparencia aplicaba al poder legislativo.

Para mejorar el funcionamiento del Registro de los grupos de interés, la nueva norma pretende hacer accesible el ejercicio de la influencia en la toma de decisiones de los distintos tipos de grupos de interés por igual. En relación a esta mejora, junto a la publicación de todos los contactos, se propone la recopilación de indicadores sobre la opinión y satisfacción de las personas o entidades inscritas en el registro respecto a su funcionamiento y aplicar la huella normativa para tener evidencias del impacto de la influencia de los grupos de interés.

Está huella normativa hará pública la influencia de los grupos de interés en la elaboración de las leyes y dejará testimonio de todos los contactos que los altos cargos del Gobierno y los directivos de la Administración de la Generalitat hayan mantenido con los representantes de intereses, toda la documentación que hayan aportado y un estudio del impacto de las reuniones y las alegaciones de estos representantes de intereses en los procesos de redacción de las leyes.

Además, el actual Registro de Grupos de interés de Cataluña pasaría a denominarse Registro de representación de interesesy la nueva regulación aportaría dos novedades importantes: por una parte, facilitar el acceso y registro a entidades de menor dimensión y capacidad de influencia, revisando los requisitos actuales, que son muy restrictivos y generan muchas dificultades administrativas, que no todos los grupos pueden cumplir; y, por otra parte, optar por una definición más amplia del grupo de interés que pueda incluir desde personas a título individual, entidad o red de personas y entidades que, como elemento en común, quieren aportar su visión a procesos de toma de decisiones públicas.

Aunque se trata de un proceso legislativo a largo plazo, lo cierto es que mediante esta nueva norma la Generalitat da un gran paso en el reconocimiento de la importancia de que la sociedad participe activamente en la elaboración de las leyes y de la actividad de lobby como instrumento para facilitar a la administración información concreta y exhaustiva sobre el impacto que las leyes tienen en los sectores a los que afectan y favorecer así el desarrollo de una legislación más justa y efectiva.

Juan Carlos Benavente

Consultor Sénior

Jaén, tierra de olivos, es una ciudad de 113.457 habitantes que está superando de media en los últimos años las 600.000 toneladas de producción de aceite de oliva, lo que significa que Jaén —que solo en la campaña de recolección genera 8 millones de jornales a trabajadores— es la mayor región productora de aceite de oliva en España y del mundo, produciendo en torno al 50% del total nacional y más del 20% de la producción mundial.

Sin embargo, la capital del oro líquido se encuentra inmersa en una complicada guerra comercial que afecta directamente a todo el país y sector oleícola. Los aranceles americanos impuestos contra productos europeos como el aceite, el vino o los lácteos, principalmente,entraron en vigor el pasado 18 de octubre. Esta nueva normativa es un paso más en el marco de las medidas proteccionistas que caracteriza a la Administración del controvertido Trump, por lo que España ha iniciado una compleja campaña en defensa de las miles de toneladas de aceite de oliva envasado que, cada año, se exportan al continente americano. 

El Banco de España estimó que, con la aplicación de estos aranceles, las exportaciones agrícolas a EE.UU. caerían un 12%. España viene exportando de media a EE.UU. alimentos y bebidas por un valor de 1.750 millones de euros —segundo mercado más importante para el sector después de la Unión Europea—   y 1.000 millones estarían en peligro, como sostiene Mauricio García, presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Según los datos de FIAB, el aceite de oliva es el mayor perjudicado con unas pérdidas estimadas de 425 millones de euros. La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva) afirma con rotundidad que se ha sacado a España del mercado del aceite de oliva en EEUU al imponer un 25% de arancel para el producto exportado desde España, medida que no se ha impuesto al resto de países competidores dentro de la Unión Europea. Hasta la fecha, EEUU absorbe el 50% del consumo mundial de aceite y España exporta al continente americano 200.000 toneladas de media anual. 

La comunidad oleica alerta sobre la importancia de la situación, dado que se trata de un producto líder del mercado español y europeo que se está viendo gravemente amenazado. Asimismo, condenan los dilatados tiempos de espera que se está tomando la comunidad internacional y el Gobierno español para actuar, alegando que estamos ante un problema de Estado y que es una causa que debería abanderarse desde España por ser el mayor productor mundial de aceite. 

Desde Olimerca aseguran que se necesitan “acciones de lobby transparente que devuelvan al aceite de oliva su lugar en el mercado internacional”. En la misma línea, insisten al gobierno en el desarrollo de una estrategia política eficiente y eficaz que vele por uno de los pilares comerciales más importantes en nuestro país. 

Además, hacen un llamamiento a la comunidad europea, apelando a la toma de medidas y a la defensa del sector oleico por parte de los países vecinos: “La UE está permitiendo aranceles selectivos entre países y no está haciendo nada por atajar esta situación. El arancel debe ser revertido o igualado para toda la UE, dado que somos un mercado único”. 

En este sentido, afirman que existen alternativas de negocio que, en el caso del aceite y España, no se están llevando a cabo. “Solo hay que ver lo que está sucediendo con el vacuno de Irlanda —otro de los productos europeos que se ha visto gravemente afectado por los aranceles americanos— que va a recibir 50 millones de euros como medida prevista en la Política Agrícola Común (PAC)” declaran desde Olimerca.

Es necesario reseñar que España, aun siendo la principal productora de aceite de oliva a nivel mundial, cuenta con los precios en origen más bajos de la Unión Europea, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción. Desde la UPA Andalucía, afirman que es necesario “visualizar la crítica situación de los productores, revertir la situación de bajos precios en origen que sufrimos los olivareros, conseguir el equilibrio de los precios por encima de los costes de producción y alcanzar, definitivamente, soluciones globales a un problema estructural”. 

La imposición de estos nuevos aranceles ha puesto sobre la mesa un debate que el Gobierno español obviaba hasta la fecha: la necesidad de regular la catalogación de los aceites de oliva para evitar la inseguridad jurídica que viene ocurriendo de manera reincidente y que desde la patronal llevan años reclamando.

La alarma social generada en España no es infundada, cabe recordar que en nuestro país existe el precedente de la aceituna negra, cuyas exportaciones se han desplomado un 50% desde la entrada en vigor de los aranceles de EEUU, hace apenas un año. En la misma línea, los expertos estiman la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo con la imposición de los últimos aranceles de Trump. 

Marta Pérez.

El uso de combustibles fósiles y su relación con la contaminación medioambiental está adquiriendo una notoriedad a nivel mundial desconocida hasta la fecha, con una fuerte presencia del mensaje medioambiental en la opinión pública, responsables políticos y, como consecuencia, en las distintas instituciones. Se trata de un asunto transversal que afecta a todos los sectores de nuestro sistema económico:transporte y movilidad, producción de energía, consumo, pesca, ganadería, turismo, industria.

Respecto de la percepción de los ciudadanos, en España encontramos un discurso social y mediático alineado con el sentir internacional. Sin ir más lejos, una reciente encuesta del Instituto Elcano señalaba que el 37% de los españoles consideran al cambio climático la mayor amenaza para nuestro planeta. 

En este contexto, existe un sector que está encarnando en nuestro país la falacia del hombre de paja como ningún otro y cuyo daño reputacional, por lo profundo y por la rapidez de su propagación, no veíamos desde hace años: el de los motores diésel. 

Situando quizá el inicio de esta situación en las prácticas fraudulentas de medición de las emisiones en algunos motores diésel de un grupo automovilístico en 2015, lo que parecía una tormenta puntual derivó en un efecto de bola de nieve que ha puesto este tipo de motores en el punto de mira de la política fiscal en España. Hoy día, se trata de un sector afectado por una incertidumbre sin parangón en cuyo debate prácticamente hemos escuchado una única voz.

En concreto, la medida que previsiblemente afectará a este sector es la equiparación de la fiscalidad del gasóleo al de la gasolina, y que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) supondrá para las arcas públicas un ingreso de 1.318 millones de euros. Según los últimos datos de la DGT, referentes al censo de 2017, en España hay 13,36 millones de turismos diésel, por lo que el número de conductores es bastante significativo. En principio, quedarán excluidos los profesionales que usan el transporte como medio de trabajo, como los transportistas o los agricultores.

Como decíamos, el ejemplo escogido es una muestra clara de cómo las políticas públicas obedecen, en ocasiones, a una pendiente resbaladiza sin un argumento concreto que las active, y sin un propósito definido hacia que pretenden corregir. No es el objetivo de esta reseña profundizar en la necesidad o no de igualar la presión fiscal entre ambos combustibles, o analizar las multas que la Unión Europea impondrá a los fabricantes tras exigir reducir drásticamente las emisiones de CO2 a partir de 2020, sino de subrayar la importancia que para estos sectores fuertemente regulados tiene contar con una voz propia en representación de sus intereses, con información objetiva, veraz, pública y que responda a una estrategia definida. Que dote de legitimidad a sus demandas y articule una respuesta ordenada de difusión de sus argumentos.

Porque la primera víctima de las políticas públicas es, en demasiadas ocasiones, la falta de matices. Y es precisamente en esos matices –o detalles– donde una política pública se juega su eficacia y su enfoque riguroso frente al problema que pretende solucionar. Hoy no se discute en España sobre si todos los vehículos diésel contaminan lo mismo, o si solo lo hacen los más antiguos; sobre qué gases y partículas producen en mayor medida que los de gasolina, y de cuáles producen menos; o el impacto económico que la incertidumbre produce en sectores con una importancia estratégica fundamental en términos de PIB y empleo. Antes al contrario, flota la sensación de que los motores diésel son nocivos y de que, si alguien se anima a hacerse con un coche de este tipo, es poco más o menos que un insensato.

El contar con una voz propia no implica necesariamente un cambio de rumbo, pero sí implica una equiparación del terreno de juego y el favorece  el intercambio de argumentos, minimizando el riesgo de que un smog se asiente sobre un sector determinado sin la previsión de viento que lo haga desaparecer.