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El Gobierno inicia la tramitación de una norma que obligará a estudiar el impacto en la salud de la población de nuevas normativas

Hace unos días, el Ministerio de Sanidad inició la tramitación de una norma cuya aprobación puede suponer un auténtico cambio de paradigma en el diseño de políticas públicas en nuestro país. Sin embargo, su anuncio no ha recibido la atención que merece. Se trata del anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Este anteproyecto, cuya tramitación acaba de comenzar, incorpora, entre otras cosas, una obligación que en Cariotipo Lobby & Comunicación consideramos de una importancia nuclear, y que venimos reclamando hace años: la obligación de evaluar el impacto en la salud de la población de toda normativa que vaya a implementarse en nuestro país. Esta evaluación de impacto, presente en numerosos países, brillaba por su ausencia en España. Parece ser que esta situación cambiará en los próximos meses.

En efecto, el conjunto de decisiones que toman nuestro gobernantes tiene la capacidad potencial de influir en la salud de la población, ya sea de forma directa o de forma velada, produciendo unos efectos que, en ocasiones, no son visibles a simple vista, pero que pueden adquirir una enorme trascendencia. 

Los grandes retos de salud actuales, como ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, pero también los que ya existían con anterioridad y que siguen estando muy presentes, sólo pueden abordarse con garantías de éxito si el conjunto de la sociedad se gobierna teniendo en cuenta y maximizando los resultados que las diversas actuaciones y normas tienen en la salud.

Para evitar consecuencias no deseables y, sobre todo, promover la salud desde todos los ángulos, políticas y programas deben tener su origen, por un lado, en un conocimiento riguroso de las realidades que pretenden modificar y, por otro, de los efectos esperados en las poblaciones a las cuales van dirigidos. 

Ámbitos tan dispares como la política energética, los transportes, la economía circular, la educación o la política de vivienda, son solo algunos ejemplos de las políticas sectoriales susceptibles de ser diseñadas con base desde en el impacto en la salud de los ciudadanos. 

Para realizar esta evaluación, sin duda compleja, se deberán tener en cuenta todas aquellas evidencias –cualitativas, cuantitativas, de política comparada– que nos permitan asomarnos a los efectos a corto, medio y largo plazo en la salud de la población. Estos efectos pueden ser tan trascendentales como una mejora de los índices de salud mental o la promoción de estilos de vida saludables (dieta equilibrada, sedentarismo, etc.).

Por otro lado, esta evaluación de impacto pretende también generar una mayor equidad, al perseguir que el derecho a la protección a la salud sea efectivo para todos los ciudadanos y evitando que las desigualdades socioeconómicas impidan su materialización plena.

En definitiva, la evaluación que ahora se pretende incorporar a las políticas públicas no sanitarias supondría un verdadero avance en acercar esa meta. De la misma forma que debe ponerse al paciente en el centro de toda política sanitaria, debemos poner la salud del individuo en el centro de toda política pública. 

Como señala el propio anteproyecto, y esperamos que así sea, “queda descartada la opción de no hacer nada, dado que esta alternativa afectaría a la salud de la población española.” 

Diego Suárez

Consultor senior

• La posibilidad de que el candidato a la Presidencia del Gobierno no deba ser necesariamente un diputado se contempla en el artículo 99 de la Constitución

Los días 21 y 22 de octubre se debatirá en el Congreso de los Diputados la quinta moción de censura de la democracia española. Solo en una ocasión una moción de censura ha salido adelante, concretamente la propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en mayo de 2018 y que fue votada el 1 de junio.

La adopción de una moción de censura es un procedimiento parlamentario recogido en los artículos 113 y 114.2 de la Constitución Española y en los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso, por el que Cámara Baja puede exigir la responsabilidad política del Gobierno.

La moción de censura debe ser propuesta en escrito motivado dirigido a la Mesa del Congreso por, al menos, la décima parte de los diputados e incluir un candidato a la presidencia y no puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Su aprobación requiere de mayoría absoluta, lo que supondría 176 votos como mínimo.

En esta ocasión, es el Grupo Parlamentario Vox el que propone una moción, que ya desde el momento de su registro se perfila como fallida, al no contar con el apoyo de otros grupos de la oposición.

Santiago Abacal ya anunció en el mes de julio la intención de presentar una moción de censura, alegando como principal motivo la gestión del Gobierno de la pandemia de la COVID-19, al que tachaba de “criminal”.

El debate del miércoles 21 se iniciará con la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, efectuará el diputado por Barcelona Ignacio Garriga. Se trata precisamente de un diputado importante para VOX, porque será el candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas catalanas, que están previstas para el mes de febrero. Resulta plausible que el debate de la moción de censura se utilice para dar visibilidad a Garriga entre los electores catalanes. El Parlamento catalán es un claro objetivo de VOX, donde se calcula que podrían conseguir entre seis y ocho diputados.

Tras la intervención de Garriga, y también sin limitación de tiempo, el candidato a la presidencia, Santiago Abascal, presentará el programa político del gobierno alternativo que pretende formar. Tras la interrupción decretada por la presidencia de la Cámara, intervendrá un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que lo solicite, por un tiempo de treinta minutos y con derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos.

Sin duda alguna, el debate de la moción de censura, aun sin posibilidad alguna de salir adelante, es una plataforma con enorme resonancia para exponer de nuevo el programa de VOX, en un momento de gran inestabilidad política, de descontento entre los ciudadanos y con el país sumido en una gravísima crisis sanitaria y económica. A eso se suma que el Gobierno se encuentra en plena elaboración de los Presupuestos Generales para 2021 y los acontecimientos de los últimos meses están dificultando recabar los apoyos necesarios para aprobarlos.

Otro punto de calado en relación a la moción de censura propuesta por VOX es el cambio de decisión en cuanto al candidato alternativo a la presidencia. Aunque en un principio se planteó que el candidato a la presidencia del Gobierno, que debe incluir la moción, presentase un perfil técnico e independiente, finalmente será Santiago Abascal quien ocupe ese puesto. De acuerdo con las declaraciones del Grupo Parlamentario VOX, los intentos de encontrar un candidato ajeno al Grupo, con la intención de favorecer el apoyo de otros grupos de la oposición, poniendo en un segundo lugar las cuestiones ideológicas, resultaron infructuosos.

La posibilidad de que el candidato a la Presidencia del Gobierno no deba ser necesariamente un diputado se contempla en el artículo 99 de la Constitución, según el cual, en su primer párrafo se establece que “después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”, sin determinar que ese candidato deba haber figurado en una candidatura electoral o goce de la condición de diputado.

El papel de la atención primaria (AP) en la gestión  pandemia del Covid-19 en España ha sido y continuará siendo fundamental. Desde que se produjesen los primeros casos de la epidemia en España, los profesionales de la AP han funcionado como  primer “filtro”, contribuyendo a reducir la presión de los centros hospitalarios.

El Foro de Atención Primaria emitió, a principios de el mes de abril,  un comunicado en el que destacaba la respuesta ejemplar de los estos profesionales que han aumentando su horario de atención a los pacientes y han pasado a dar apoyo a los hospitales que así lo han requerido, durante las semanas más difíciles de esta epidemia.

Además, los sanitarios de Atención Primaria han sufrido un cambio significativo en sus funciones debido a la saturación del Sistema Sanitario, que ha provocado que el seguimiento hospitalario de patologías crónicas se haya visto cancelado o  pospuesto y que sean los médicos de familia los que asuman buena parte de sus funciones, convirtiéndose en una pieza clave en la gestión del enfermo crónico dentro del sistema sanitario.

La AP también ha desempeñado un papel fundamental en la atención domiciliaria de los enfermos, a la que se han enfrentado en muchas ocasiones sin el equipo necesario, lo que ha provocado un elevado número de contagios entre los profesionales de esta especialidad.

Desde que el virus del COVID-19 llegase a España la prioridad ha sido reforzar la capacidad del Sistema en cuanto a Unidades de Cuidados Intensivos,  hospitalizando hoteles y levantando hospitales de campaña, en una labor ímproba que ha conseguido incrementar la capacidad del Sistema. Sin embargo, ahora que la epidemia parece comenzar a remitir, es necesario hacer una apuesta por la sanidad a largo plazo y en ella, la Atención primaria será una pieza clave.

El presidente del Gobierno transmitió la pasada semana a los presidentes autonómicos el informe Recomendaciones Sanitarias para la Estrategia de Transición, en el que la atención primaria parece desempeñar un papel clave en el proceso de desescalada. Precisamente en estos profesionales sanitarios recaerá la responsabilidad de diagnosticar nuevos casos y de detectar un posible rebrote del virus. Además, tendrán que hacer frente a sus pacientes habituales, muchos de ellos con patologías crónicas y serán los encargados de hacer seguimiento de las altas hospitalarias que se vayan produciendo. Desde el sindicato sanitario STAR añaden que la “recuperación de la actividad en el hospital provocará en la Primaria también un incremento de la demanda, analíticas, pruebas, etc.”.

Por ello, es fundamental que el discurso sobre la importancia de la AP se traduzca en un consecuente incremento de los recursos que hagan posible todo lo propuesto y que tenga en cuenta todos los factores necesarios para garantizar la adecuada cobertura medios técnicos y materiales.

La atención primaria es la la base del diagnostico y tratamiento del COVID-19 y, por tanto, el futuro abordaje de esta pandemia debe tener en cuenta a este nivel asistencial y olvidar la falsa creencia de que la medicina solo se hace en los hospitales. Resulta indispensable que en los próximos meses se ponga en valor, económica y socialmente, la labor de estos profesionales como parte de la lucha contra la epidemia y se les reconozca como uno de los pilares esenciales de nuestro sistema nacional de salud.

Sara Martín

Consultora de Cariotipo Lobby & Comunicación

Iniciábamos 2020 como un nuevo año en el que, como país, contábamos con una previsión de crecimiento de un 1,6% en nuestra economía, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Nada nos hacía sospechar que aquellas voces que sonaban lejanas y que ponían sobre la mesa la aparición de una nueva enfermedad, derivarían en lo que, cuatro meses más tarde, conocemos como una de las mayores crisis sanitarias, económicas y sociales de nuestra historia moderna.

La crisis del Covid-19 ha puesto en jaque muchas cosas y, entre ellas, la capacidad de liderazgo de las autoridades públicas, la resistencia del entramado empresarial y, muy especialmente, nuestra supervivencia y resistencia como individuos. No solo nos referimos al aspecto sanitario que es, sin duda, el más importante, sino también al social y psicológico. Se trata de un virus que ha penetrado en cada esquina de nuestra vida, superando las dimensiones de otras crisis conocidas hasta el momento. Una pandemia que en cinco meses ha llegado a más de 190 países, afectando a más de 2 millones y medio de personas en todo el mundo.

Este parón temporal será considerado como un caso de gestión de crisis por excelencia y se estudiará cómo han reaccionado las instituciones políticas y el entramado empresarial. Se trata de un virus que pone en riesgo la salud de las personas, ha roto nuestra estabilidad social y económica, ha transformado en un periodo de tiempo muy corto las rutinas personales y profesionales de las organizaciones, exige soluciones y procesos de adaptación muy rápidos y es capaz de manifestar grietas que hasta el momento eran simples anécdotas. Además, su evolución es impredecible y amenaza con atraer graves consecuencias para todo el sistema social. Pero sobre todo, supone un parón económico que nunca pudo haber sido previsto por ninguna compañía, sea del sector que sea. Un hecho que hace muy difícil mantener la actividad y, en muchos casos, la supervivencia cuando todo esto nos permita recuperar de manera gradual la normalidad.

Pongamos el foco en la parte de gestión de crisis desde la perspectiva de la comunicación corporativa. Esta es una de las herramientas más valiosas hoy en día, puesto que, tal y como afirmaba Jim Lukaszewski, fundador de The Lukaszewski Group, “una crisis perfectamente manejada y mal comunicada siempre será recordada como una crisis mal manejada”.

En este sentido, y teniendo en cuenta que, solo gracias a una buena planificación y protocolo de crisis podríamos haber estado un poco más preparados, vamos a destacar cinco aspectos que aún podemos incorporar a nuestra línea de acción:

1. Controlar la información en todo lo relacionado con tu compañía: es importante contar con un manual de crisis y un comité que lidere todos los pasos de la organización. Contar con portavoces designados para cada público y elaborar los mensajes de resistencia que debe seguir cada uno de los miembros de la organización.
2. Especial importancia de la comunicación interna: es importante crear un clima de unidad y compromiso común. Tanto si se puede mantener la actividad empresarial como si no, es importante que cada uno de los miembros de todos los equipos estén al tanto de todos los detalles y novedades, tengan directrices claras y sepan qué pasos se van a seguir como compañía. Son el público más importante y el que hace posible que una compañía funcione.
3. Evitar los rumores: ser portadores siempre de información útil, que reduzca al máximo la inquietud que provoca la situación de incertidumbre. Dar sensación de confianza y control, tanto en el manejo de buenas noticias como malas, es lo que facilitará la labor de todos. No dar mensajes contradictorios a ninguno de los públicos y, sobre todo, evitar especulaciones ante posibles escenarios que no se sabe si se materializarán.
4. Información fluida y continuada con todos los públicos: bien sean autoridades, clientes, agencias del sector, empleados, proveedores o medios de comunicación, todos deben estar al tanto de las novedades de manera periódica. Esto posiciona a la compañía como un referente para ellos y, al anticiparse y ser proactivo, evita que sus acciones sean juzgadas negativamente por cada uno de ellos.
5. Nunca es tarde para reenfocar nuestra estrategia: mostrar nuestro compromiso corporativo y admitir las cosas que no se han hecho del todo bien solo puede reforzar la confianza y la reputación de la compañía. La comunicación es, quizá, la única herramienta que puede ayudar a calmar los ánimos y reducir nuestra incertidumbre. Si no estamos realizando nuestra actividad, pero es posible que la podamos recuperar más pronto que tarde, mantengamos la comunicación con nuestros públicos.

En resumen, en situaciones de crisis la comunicación es una herramienta clave que, bien gestionada, puede ayudar a paliar daños y preparar a la organización para una recuperación de la mejor manera posible. Es importante tener en cuenta un aspecto que señalaba Andrew D. Gilman, CEO de COMMCore Consulting: “El secreto de una gestión de crisis no es bueno contra malo, sino impedir que lo malo se convierta en peor”.

Eva Cuervo

Consultora Senior de Cariotipo Lobby & Comunicación

La asistencia sanitaria junto con la educación, las pensiones y la política asistencial, constituyen los cuatro pilares del Estado de bienestar. Se caracteriza por su financiación pública, su universalidad y la gratuidad en el acceso. Según los últimos informes del Sistema Nacional de Salud, la gestión descentralizada del servicio sanitario ha aproximado la Administración al ciudadano, garantizando la equidad, la calidad y la participación del mismo en las prestaciones que recibe.

A la Administración General le corresponde el establecimiento de normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos para alcanzar la igualdad de condiciones en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Por su parte, cada Comunidad Autónoma cuenta con un Servicio de Salud, que es la estructura administrativa y de gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos de la propia jurisdicción.

La premisa que asentó este sistema, según indica Julio Gómez-Pomar en su análisis La descentralización de competencias en las CCAA en España, fue que la eficiencia debía buscarse más en la capacidad que tenga cada Comunidad Autónoma de ofrecer una gestión a sus ciudadanos mejor que la que se podría ofrecer con una gestión centralizada.

Pero ¿qué ha pasado con la crisis del Covid-19?

Si bien es cierto que al inicio de la pandemia y el confinamiento en España, algunos presidentes autonómicos vislumbraron la posibilidad de hacer de esta crisis una baza electoral, pronto se dieron cuenta que hasta el 14 de marzo —día en que se decretó el Estado de Alarma— la competencia en materia de Sanidad era regional y, por tanto, la autoría para que la sanidad pública dispusiera de medios contra el Covid-19 era de ellos. La oportunidad de ataque político que sobrevoló durante los primeros días a  algunos de los líderes autonómicos —fruto también del estado de tensión sin precedentes que España estaba viviendo al tener que lidiar con esta crisis histórica— se disipó rápidamente cuando las cifras de fallecidos comenzaron a ser centenares al día y el Sistema Sanitario se colapsó por primera vez en la historia de la democracia. Los presidentes autonómicos asumieron que su sitio estaba en primera línea junto al Gobierno de España y que la única opción para salvar vidas era la unidad y coordinación.

Las CCAA comenzaron a asumir de manera unánime que son Estado, y más en materia de Sanidad, incluidas aquellas que no han estado de acuerdo con la centralización de determinadas responsabilidades. De esta forma, el Estado de Alarma ha hecho asumir al Gobierno la responsabilidad de las decisiones de la lucha contra la pandemia sin mermar las competencias de gestión de las CCAA, tratando de ampliar los medios sanitarios, de control, de limpieza y de logística.

De esta forma, Gobierno y autonomías se encuentran trabajando alineados en una misma dirección y alcanzando el consenso en torno a un objetivo común: la lucha contra el coronavirus.  Se están llevando a cabo reuniones semanales entre el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las CCAA donde todos tratan de aportar soluciones y propuestas —no exentas, en algunos casos, de cierta confrontación— que se están comunicado con transparencia y aparente conformidad colectiva.

El siguiente paso en la lucha contra la pandemia es la conformación de un comité de expertos para diseñar el desescalamiento por el Covid-19. Para ello, el Gobierno ha pedido un técnico de cada Comunidad Autónoma para que lo conformen. El objetivo es que las medidas a implementar en este proceso de desescalada se tomen de manera unánime y consensuada por todas las regiones en coordinación con el Gobierno central.

En definitiva, el Estado de las Autonomías ha demostrado ser un eslabón más al servicio de la difícil reyerta que se está librando actualmente en España. Las CCAA han evidenciado que soportan un Estado de Alarma bajo las indicaciones del Gobierno sin perder eficacia ni acierto en las decisiones regionales que les siguen competiendo.

Marta Pérez

Analista de Cariotipo Lobby & Comunicación

Los orígenes de la farmacia se mezclan con los de la medicina, la química o la biología. Es en los siglos XVII y XVIII cuando los farmacéuticos empezaron a diferencia más de otros profesionales y comenzaron a dedicarse casi en exclusiva a descubrir y estudiar nuevos fármacos. En el siglo XIX se volvió obligatoria la colegiación de los farmacéuticos en España y cabe destacar que, en esa época, apenas se licenciaban 300 personas. Durante esos años la medicina experimenta grandes avances que permitieron también evolucionar a la farmacia.

Hasta la primera mitad del siglo XX, la producción industrial de medicamentos era muy limitada y los farmacéuticos se dedican a elaborar fórmulas magistrales a medida que los médicos las prescribían. Fue hacia la segunda mitad del siglo XX cuando la producción industrial despegó y el sector farmacéutico vivió un gran desarrollo. Además, el farmacéutico comenzó a erguirse como el actor imprescindible que es hoy en día para velar por la salud de la población.

En este sentido, las farmacias se han convertido en un centro asistencial al que las personas acuden para hacer consultas de salud complementándose con otros profesionales, como médicos y enfermeros, para brindar a las personas una atención sanitaria integral.

El modelo farmacéutico español, también conocido como modelo mediterráneo, se basa en la proximidad del farmacéutico al ciudadano. Disponer de una farmacia en cada población con independencia de su tamaño y, en la mayoría de los casos, de más de una y a una distancia que casi nunca sobrepasa los 250 metros, es un hecho insólito a nivel mundial y que propicia una atención sanitaria de primer nivel al alcance de todos.

Medicamenta non mella ‘los medicamentos no son miel’. Esta frase atribuida a Plinio el Viejo, convertida en lema de la Real Academia Nacional de Farmacia, define el trabajo y la pasión de los farmacéuticos, que suelen llevar a cabo labores tales como: atender, informar y hacer seguimiento de tratamiento y enfermedades, vigilar los posibles efectos adversos de los medicamentos, promocionar hábitos de vida saludable, participar en campañas sanitarias y realizar análisis clínicos. Además de estas labores, los farmacéuticos, realizan otra serie de actividades asistenciales como son la investigación y la docencia, en el cuidado de la salud pública y las alertas sanitarias, en la dispensación de medicamentos en los hospitales –farmacia hospitalaria- o en la distribución de los medicamentos.

Pero ¿qué ocurre con estos profesionales sanitarios cuando estalla una crisis de salud pública como la del COVID-19? Si todos somos conscientes del papel tan importante que juegan estos profesionales ¿por qué no se les da el valor que les corresponde?

La realidad es que estos profesionales son, tal y como rezan muchos de los titulares que inundan estos días los medios de comunicación, “la primera línea de batalla contra el COVID-19”. Son ellos los que, con los hospitales desbordados y los centros de Atención Primaria bloqueados, atienden a un gran número de pacientes que buscan información y consejo sin importarles si quiera si están contagiados o no. Son consuelo y fuente de información fidedigna para todos los vecinos que acuden a ellas, pero ¿realmente se está utilizando todo el potencial de la farmacia comunitaria para buscar soluciones a la crisis que nos ocupa?

La posibilidad de contribuir en hacer llegar los fármacos hospitalarios a los pacientes para tratar de que reduzcan la distancia y la duración de sus desplazamientos y, colaborar así, en rebajar la presión asistencial que viven muchos centros hospitalarios o iniciativas como la de facilitar la dispensación de medicamentos a domicilio, en aquellos casos de pacientes que lo requieran, y a la que se están sumando cada vez más CCAA, son solo algunos ejemplos de contribución por parte de la farmacia comunitaria a la lucha contra esta pandemia.

Además de estas iniciativas, existen otras muchas que ya están llevando a cabo algunos países vecinos e incluso, que se están empezando a implementarse en nuestro país, como aprovechar la extensa red de farmacias para distribuir mascarillas a la población y a otros profesionales sanitarios, autorizar a las farmacias a preparar soluciones hidro-alcohólicas con el fin de alcanzar el mayor número de ciudadanos y evitar contagios, tal y como se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), la puesta en marcha de un servicio de dispensación a domicilio para ciertos colectivos con la colaboración de Cruz Roja y, también, de acuerdo con las últimas recomendaciones de la OMS, considerar modelos alternativos para la prestación de atención sanitaria.

Por todas estas razones es importante que no nos olvidemos de los farmacéuticos como profesionales sanitarios que también están siendo héroes en la lucha contra el COVID-19.

Elena Sánchez de la Rica

Consultora en Cariotipo Lobby & Comunicación

En las últimas semanas, el COVID-19 se ha convertido en una dura prueba, no solo para los profesionales sanitarios y otros agentes que están en primera línea de fuego, sino también para los especialistas de la información, que tienen el reto, ahora más que nunca, de informar de forma rigurosa y veraz sobre el impacto de esta pandemia.

Con la expansión de este virus, llegó a España, así como al resto de países afectados, una oleada de información fruto de un escenario de incertidumbre y temor que ha degenerado en una gran histeria colectiva.

Nos hemos acostumbrado a recibir datos en todo momento y en cualquier formato hasta alcanzar, en muchas ocasiones, unos niveles de sobrecarga informativa que nos dificulta la distinción entre lo veraz y lo manipulado. En gran parte, esto se debe a las infinitas prestaciones de las nuevas tecnologías, que acercan cada vez más la información a los consumidores bajo un único criterio: la inmediatez.

Es curioso ver de qué manera las masas sociales se dejan influir por aquello que determinadas fuentes exponen sobre los hechos que nos rodean. Si sucede un acontecimiento globalmente conocido y de gran impacto emocional, como es el caso, este tema permanece en los medios y redes sociales de manera continuada, generando centenares de titulares que serán compartidos entre los usuarios.

Desde que el coronavirus se acercara a Europa, no ha dejado de surgir todo tipo de fake news que, además de favorecer la manipulación emocional y psicológica de la población, difuminan los mensajes verdaderamente útiles, como las advertencias o recomendaciones sanitarias.

En la mayoría de los casos, este tipo de información procede de fuentes sin identificar y se apoderan de las circunstancias más vulnerables. Días previos al anuncio oficial del estado de alarma, y las consiguientes medidas restrictivas y de aislamiento, circularon alrededor de 5.000 imágenes de distintas cadenas de supermercados vacíos, consecuencia del gran alarmismo social que venía gestándose desde hacía varias semanas.

Durante los últimos días, también se han visto afectadas por esta cadena de informaciones falsas y bulos desde personalidades públicas, a quienes se han atribuido declaraciones que nunca han pronunciado, hasta grandes compañías, que se han visto en la obligación de desmentir mensajes que afectaban a supuestas políticas de empresa.

No era de extrañar que, ante semejante escenario de confusión y desorden, comenzaran a darse pasos firmes en favor de promover información de rigor. Ejemplo de ello ha sido la iniciativa del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Este organismo se ha decidido a elaborar un documento que recopila los centenares de bulos que circulan por las redes sociales, para ponerlo a disposición de la población. Este informe agrupa desde textos publicados a través de las redes, fotografías, vídeos, así como audios en los que pueden escucharse falsedades sobre los acontecimientos que vivimos. Por su parte, la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS), así como otras entidades del mismo ámbito, están aplicando grandes esfuerzos en organizar foros u otras actividades con destacados científicos y expertos independientes, con el fin de resolver dudas acerca de este fenómeno sanitario.

Solo desde la cooperación y coordinación entre las instituciones, expertos sanitarios y profesionales de la comunicación, unidos al esfuerzo de los ciudadanos, lograremos hacer frente a la batalla de las fake news en un momento en el que la información es una pieza clave para hacer frente a la crisis sanitaria que vivimos.

Julia Carbonell Pechuán

Analista en Cariotipo Lobby & Comunicación

Desde que en 1769 Nicolas-Joseph Cugnot probara en París el que es considerado primer coche moderno de la historia, los elementos de seguridad de los vehículos y de las infraestructuras han sufrido una profundísima evolución y mejora por todos conocida. Hitos como la introducción de los cinturones de seguridad de tres puntos, desarrollado por Volvo en 1959 y obligatorio en España desde 1992, han salvado miles de vidas y reducido el impacto negativo en la salud de los lesionados en siniestros en carretera.

Para que nos hagamos una idea, en 1960, primer año del que se tienen estadísticas en España, se registraron 1.300 fallecidos con un millón de vehículos en circulación; en 1989 se registró el récord en siniestralidad con 5.940 personas muertas por accidentes; y en 2018, con más de 32 millones de coches circulando, los fallecidos fueron 1.317, según datos de la DGT.

Centrándonos en el título de este artículo, es necesario señalar en primer lugar que la normativa y medidas comunitarias han tenido un gran impacto sobre la mejora de la seguridad de los vehículos en las últimas décadas, gracias principalmente a las sucesivas modificaciones del Reglamento sobre la seguridad general de los vehículos y del Reglamento sobre la seguridad de los peatones, en línea con la política de la UE en materia de seguridad vial para 2021-2030. Estas modificaciones contienen requisitos obligatorios y esenciales en materia de seguridad para los vehículos vendidos en la UE, produciendo una elevación de los estándares de evaluación de automóviles nuevos o programa de evaluación Euro NCAP.

Este impulso comunitario ha generado que, en comparación con la situación mundial, la UE lo esté haciendo razonablemente bien. Según fuentes oficiales, entre 2001 y 2010 el número de víctimas mortales en las carreteras de la UE se redujo un 43% y, entre 2010 y 2018, disminuyó otro 21%.

No obstante, 25.100 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE en 2018 y unas 135.000 resultaron gravemente heridas. Como reafirma la Comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elżbieta Bieńkowska, estos datos suponen pagar un precio humano y social inaceptable e innecesario por la movilidad. También resulta indispensable su reducción atendiendo a términos monetarios: un reciente estudio de la propia Comisión ha calculado que el coste anual de los accidentes de tráfico en la UE se sitúa en torno a los 280 000 millones EUR, es decir, en torno al 2 % del PIB de la Unión (CE, 2019, Manual sobre los costes externos del transporte.)

Atendiendo a los avances conseguidos, pero también a los retos que seguimos enfrentando, es necesario recordar que la incorporación de mejoras relacionadas con la seguridad no se produce de forma espontánea, sino que es fruto de la acción conjunta de instituciones e Industria.

En efecto, la falta de mecanismos de coordinación suficientes puede retrasar la implementación de medidas que refuercen la seguridad en nuestras carreteras, motivo por el cual la Comisión Europea recuerda a los fabricantes de vehículos y demás actores que intervienen en su desarrollo, por un lado, de la necesidad de seguir desarrollando elementos que reduzcan la siniestralidad, insistiendo en que la innovación en la tecnología de los vehículos puede ayudar, en gran medida, tanto a mitigar la gravedad de los accidentes como a reducir la probabilidad de estos (Marco de la política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para 2021-2030, documento de trabajo de los servicios de la Comisión).

Por otro, la Comisión establece, entre las recomendaciones que dirige a los Estados miembros, que estudien la posibilidad de introducir “incentivos nacionales para acelerar la introducción de tecnologías acreditadas a través de diversos medios”, como la contratación pública, las políticas de fomento de la seguridad en los desplazamientos y los incentivos fiscales y en materia de seguros, y recomienda a los fabricantes a ir más allá de las obligaciones contenidas en el Reglamento sobre la seguridad general que entrarán en vigor en los vehículos fabricados a partir de 2022.

Estas recomendaciones están en línea con la situación de cierto estancamiento que la UE vive en términos de seguridad vial. Porque a pesar de que, como decíamos, la UE está respondiendo razonablemente bien al reto de la seguridad vial a nivel mundial, lo cierto es que en los últimos años se han ralentizado los avances en la reducción de la tasa de mortalidad en carretera en toda la UE, y se ha avanzado incluso menos en la prevención de lesiones graves: los heridos graves descendieron solo alrededor del 5% en el mismo período frente al 21% que descendieron las víctimas mortales.

Europa nos pide, por tanto, un esfuerzo en la búsqueda de nuevas soluciones transversales aplicables al conjunto de instituciones, Industria y ciudadanos, y España está en posición de liderar los avances en Seguridad Vial.

Ese liderazgo, que está a nuestro alcance, solo será posible mediante la unidad de acción entre decisores públicos, instituciones y la Industria que opera en nuestro país, cuyos niveles de inversión en I+D y evidencia acumulada nos sitúan, de entrada, en una posición de privilegio para la exportación de buenas prácticas y soluciones eficaces que mejoren la seguridad de todos los ciudadanos y nos acerquen al objetivo de cero fallecimientos para 2050 o Visión Zero.

Diego Suárez

Consultor de Cariotipo Lobby & Comunicación

Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, cifra que se espera que aumente hasta el 70% en 2050. Además, a día de hoy, el 70% de la riqueza global se genera en las ciudades. Es por esto que las políticas y esfuerzos presupuestarios dedicados por los gobiernos centrales a las ciudades está aumentando significativamente en un gran número de países, al considerarse éstas como los motores básicos del crecimiento económico, según el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT).

Sin embargo, el creciente aumento del tráfico en los núcleos urbanos con mayor potencial económico trae consigo una serie de consecuencias negativas como la degradación del entorno local debido a un aumento de la contaminación atmosférica y del ruido, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, mayor coste energético de los desplazamientos,  incremento de los accidentes de tráfico especialmente entre los llamados usuarios vulnerables, incremento de los tiempos de viaje y pérdidas económicas importantes (EC 2007).

La Comisión Europea en el Libro Blanco publicado en 2011, «Hacia un Sistema de Transportes competitivo y eficiente en recursos», considera que el transporte todavía no es sostenible debido a su alta dependencia del petróleo, a los altos índices de congestión y los impactos medioambientales y económicos que ello conlleva. Conseguir una movilidad eficiente y sostenible es uno de los desafíos de las ciudades del futuro.

En este sentido, uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las ciudades del futuro es el de la movilidad y, de esta forma, ha irrumpido con fuerza en el escenario el concepto de Movilidad Inteligente que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo presenta como una gran oportunidad para optimizar y mejorar la planificación y operación eficiente de los sistemas de transporte.

La Movilidad Inteligente gravita sobre 3 pilares clave: medio ambiente (eficiencia en el consumo energético), economía (maximizando la productividad) y sociedad (calidad de vida para el ciudadano). En esta línea, los principales objetivos hacen referencia a reducir el impacto medioambiental, mejorar la eficiencia del transporte público, situar al ciudadano como el factor principal en el ámbito de la movilidad y optimizar la gestión y políticas relativas al transporte público.

La gobernanza pública juega un papel esencial en este proceso de adaptación de las grandes ciudades a la Movilidad Inteligente y así se ha visto referenciado con los acuerdos de los gobiernos e instituciones internacionales para hacer frente al cambio climático en los últimos años y la incipiente regulación de las nuevas oportunidades de negocio que están emergiendo, como en el caso de los patinetes eléctricos.

En este sentido, la mayoría de gobiernos europeos están trabajando y haciendo grandes esfuerzos por implementar medidas que contribuyan a la instauración de la Movilidad Inteligente y Sostenible en todas sus ciudades. Prueba de ello, es que la UE, dentro de lo que se ha llamado el “Clean Energy Package” se ha fijado para 2020 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 20% con respecto a 1990; que un 20% del consumo total de la energía proceda de energías renovables y que la eficiencia energética se incremente en un 20%. Para 2030, estos mismos objetivos son más ambiciosos y para 2050 se fija como meta una reducción de emisiones en un 85-90% con respecto a los niveles de 1990.

Esta revolución de la también conocida como Smart Mobility está trayendo nuevas oportunidades de negocio y de creación de riqueza. Los ciudadanos de las grandes urbes ya pueden disfrutar de los servicios de car-sharing, moto-sharing, car-pooling, patinetes eléctricos y bicicletas, así como la familiarización con el uso del VTC. Dentro de poco, se espera que podamos ver los coches autónomos pero su implantación generalizada requerirá instalaciones de alimentación privadas, públicas diseminadas, espacios de aparcamientos centralizados, así como desarrollo de infraestructuras ad hoc para este tipo de vehículos autónomos entre otros.

La tecnologíaadopta un papel fundamental en este escenario, ayudando a mejorar la calidad de vida y movilidad de las personas, aplicaciones como Waze son un ejemplo de ello. La plataforma colaborativa, además de ayudar a los usuarios a encontrar las mejores rutas a través de mapas digitales, congrega a millones de conductores para ganarle al tráfico y tener la mejor ruta día a día, promoviendo soluciones para los conductores y generando así una red global de movilidad.

Por último, cabe reseñar que España es uno de los países que lidera la transformación de las ciudades a la Movilidad Inteligente con Barcelona a la cabeza. Según el análisis, Smart Cities: Leading Platforms, Segment Analysis & Forecasts 2019-2023 elaborado por la consultora Juniper Research, Barcelona, seguida de San Francisco y Singapur, lidera este cambio debido a su inversión en soluciones de tráfico inteligente, infraestructura y políticas de carga de vehículos eléctricos, todas las medidas destinadas a mejorar la calidad del aire y reducir el uso de vehículos privados.

Marta Pérez

Analista de Cariotipo Lobby & Comunicación

En los últimos años, la Seguridad Vial se ha convertido en uno de los valores fundamentales que más ha preocupado a usuarios, empresas e instituciones públicas. Según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT), los accidentes de tráfico han sido los responsables de 1.098 fallecimientos en 2019. En diciembre de ese año, un total de 100 personas perdieron la vida en las carreteras.  Una cifra alarmante que pone de manifiesto la necesidad de la creación de un marco de colaboración entre instituciones, empresas del sector y usuarios, para trabajar de manera conjunta.

Bajo esta premisa se constituye la Alianza por la Seguridad Vial. Una acción impulsada por la Asociación de ex Diputados y ex Senadores por iniciativa de D. Teófilo de Luis, ex presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso. Teófilo ha recibido el pasado mes de diciembre, además, la medalla al mérito por la Seguridad Vial de manos del ministro del Interior.

Este proyecto, pionero en nuestro país, cuenta con la participación, hasta la fecha, de un total de 30 entidades firmantes de los más diversos sectores relacionados con la Seguridad Vial: Cariotipo Lobby & Comunicación, Repsol, Caser Seguros, ALSA, CEA (Comisionado Europeo del Automóvil), Fesvial, Real Automóvil Club de España (RACE), Plataforma Ponle Freno, AECA- ITV (Asociación De Entidades Para La Inspección Técnica De Vehículos De La Comunidad De Madrid), Confebus, VOI, ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), BlaBlaCar, Motor 16, AESLEME (Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes), CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas), GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), ANESDOR (Anesdor Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas), Netum Solutions, Connected Mobility HUB, Cable Energía, FETEVI (Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial), Dräger, STOP Accidentes, SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de Automoción), Fundación Pons, FACONAUTO (Patronal de los Concesionarios de Automoción), AESVI (Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil), ASCABUS, P(A)T (Prevención de Accidentes de Tráfico) y el Observatorio de Criminología Vial.

Todas ellas han manifestado su voluntad de unir su experiencia y conocimiento en el sector para trabajar por la Seguridad Vial en España y Europa. 

La fórmula de trabajo que establecerá los ejes de acción que ayuden a definir las mejoras para promover la seguridad vial será la realización de reuniones periódicas. Estas reuniones de trabajo darán lugar, a su vez, a unas conclusiones de consenso que serán trasladadas a los principales decisores públicos españoles y europeos para impulsar su efectiva implementación.

Hoy en día la seguridad vial, además de por el índice de siniestralidad que aún es alto, está afectada por nuevos usos y formas de movilidad. Este escenario requiere de la implicación del conjunto de operadores, conductores y demás usuarios de las vías, que garanticen el uso seguro basado en el conocimiento y experiencia que aporten las distintas entidades reunidas. La Alianza por la Seguridad Vial pretende ser, por tanto, una representación de la sociedad con el ánimo de buscar alternativas viables de gestión ante esta nueva realidad.

La constitución de esta Alianza implica, en definitiva, la voluntad de aportar experiencia y conocimiento para el análisis de los problemas y establecer una hoja de ruta que dé respuesta y soluciones en beneficio de la Seguridad Vial en España y Europa.

Eva Cuervo

Consultora de Cariotipo Lobby & Comunicación