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Parémonos a pensar en todos los retos que nuestras sociedades deben afrontar actualmente. La lista puede hacerse interminable, ¿verdad? La pandemia de la SARS-CoV-2 ha acelerado, por un lado, la necesidad de abordar aquéllos contra los que ya trabajábamos y, por otro, ha puesto de relieve determinadas situaciones que llevan pasando desapercibidas desde hace tiempo. En este contexto, el reto demográfico se presenta como la gran problemática de nuestra sociedad.

La despoblación rural y la presión sobre las ciudades son las dos patas interrelacionadas del reto demográfico. Éstas dos, por sí solas, son capaces de aglutinar los principales problemas – resaltados o revelados por la pandemia – a los que tenemos que hacer frente: cambio climático, empleo, vivienda, conectividad, transformación digital, envejecimiento, salud, acceso a servicios públicos y privados, brecha de género, igualdad, soberanía alimentaria… La lista continúa.

Así, la vida en las grandes ciudades, con sus problemas derivados de las altas densidades, la escasez de espacio público, estrés y alto precio de la vivienda se ha contrapuesto a las ventajas del medio rural. Sin embargo, estas ventajas se ven truncadas por la grave crisis estructural que atraviesa gran parte del territorio español: regresión demográfica, conectividad insuficiente, falta de servicios, falta de oportunidades, escasa diversificación económica. En conjunto, este diagnóstico ofrece también una radiografía que excede lo meramente individual. En jaque se halla un patrimonio tanto material como inmaterial extremadamente rico, que, vinculado al sector agrario, supone la base de muchas tradiciones y profesiones en riesgo de desaparición.

El 90% de la población vive en el 30% del territorio. Esto quiere decir que 4,6 millones de personas se reparten por los más de 353.000 km² de la España “vaciada”, lo que crea severas externalidades negativas a la hora de garantizar inversiones, tanto públicas como privadas, por la escasa densidad de la población y de los mercados. Archiconocidos son los problemas a los que nuestros pueblos e incluso ciudades pequeñas de las provincias de interior se enfrentan: cierre de sucursales bancarias, cierre de consultorios de salud, cierre de escuelas y estaciones de transporte, escasez de comercio y telecomunicaciones precarias.

Con la pandemia, los medios de comunicación se hacen eco de la aparente revitalización de nuestros campos y pueblos. Sin embargo, la realidad es que esta denominada vuelta al campo propiciada por la irrupción del SARS-CoV-2 sólo acaba beneficiando a las áreas rurales de los primeros círculos de la periferia urbana, es decir, a las zonas mejor conectadas con las ciudades y con el resto del mundo a través de internet.

Desde que por primera vez la atención mediática y política se centró en la despoblación, allá por 2017, llevamos esperando una estrategia nacional para el reto demográfico. Hoy, parece que estamos más cerca de conseguirla. Recientemente, el Gobierno presentó las líneas estratégicas en las que se distribuyen las 130 actuaciones del Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, un trabajo que se ha extendido durante cerca de cuatro años. Para su financiación, el Gobierno destinará un 10% de los fondos europeos que España recibirá a través del Plan de Recuperación: España Puede – unos 10.000 millones de euros.

Con un marco de actuación a 3 años vista para la primera fase, con el Plan de Medidas se pretende mejorar la vertebración territorial de España, eliminar la brecha urbano-rural e impulsar actuaciones sobre el territorio para reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico, y todo ello en línea con las 4 áreas de actuación del Plan de Recuperación a presentar a Bruselas: España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva. 

Sin embargo, aunque todo apunta a que por primera vez se contará con un verdadero plan en materia de despoblación, este documento ejecutivo debe enfrentarse a cuatro retos importantes y que determinarán el éxito de las medidas:

• Compensar la reducción de la inversión europea en el ámbito rural. En efecto, el marco financiero plurianual de la UE ha recortado los fondos de la PAC y de cohesión regional en un 13% y un 11%, respectivamente. 
• Integrar un modelo ascendente, en el que los Grupos de Acción Local tengan un papel protagonista dado el éxito de sus iniciativas.
• Revivir, actualizar e integrar en el Plan la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Hasta la fecha, el único marco normativo que, de haberse dotado de fondos, pudiera haber tenido un impacto real en las zonas rurales. Esta es una reivindicación ampliamente compartida por la FEMP, asociaciones como Soria ¡YA! y Teruel Existe, o la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa.
• Evitar más retrasos en la aprobación de la estrategia. La situación de algunas zonas rurales de España es crítica. La población de las zonas rurales de Soria es hoy algo menos de dos tercios de lo que era en 1950. Aún así, los ritmos administrativos y electorales podrían retrasar nuevamente la aprobación del Plan. La realidad es que el Plan de Recuperación: España Puede, tendría que haberse aprobado en el Consejo de Ministros del martes 13 de abril y, sin embargo, el Gobierno ha retrasado una semana su aprobación. Recordemos que los fondos para el Plan de Medidas procederán, precisamente, de dicho plan.    

Carlos Llobregat

Analista en Cariotipo Lobby & Comunicación

La diáspora bolivariana continúa sin señal de ralentizar  

Es difícil saber qué política migratoria conviene tomar en momentos de crisis, sobre todo cuando los problemas internos impiden tener una reacción coherente y digna ante la magnitud de los acontecimientos.

Cuando la Venezuela de 1939 se vio ante el inicio de una crisis de refugiados provenientes de Europa, se enfrentó a ella mediante sucesivas posturas. Inicialmente, comenzó aceptando a aquellos que emigraban por razones políticas, posteriormente, también a aquellos que huían por motivos religiosos y, finalmente, culminó con la “política de puertas abiertas” promulgada 1952 y potenciada con la Ley de Naturalización de 1955 que aceptaba a todos aquellos que huían sin importar el motivo (económico o político) de una Europa devastada por las sucesivas guerras.

En este momento histórico, el boom petrolero en Venezuela generó una migración del campo a la ciudad, cuyos efectos intentaron paliar los primeros gobiernos después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, con acciones como la creación de colonias agrícolas, tales como Mendoza (1937) en la cual se establecieron 40 familias españolas.

La creciente integración de los inmigrantes europeos, tanto regulares como irregulares, le proporcionaron a Venezuela una ventaja competitiva en el ámbito económico que permitió su modernización. Tras la Ley de Nacionalización del Hierro (1975) y la Ley de Nacionalización del petróleo (1976) se generó una sucesión de políticas económicas y sociales que incentivaron la corrupción y la división de clases. Esta división, y la corrupción clara que dominaba en las instituciones, permitieron que un militar excarcelado, culpable de un intento de golpe de estado, alcanzara el poder democráticamente. Tras esto se enfoca en erosionar la división de poderes, acaparando las instituciones en una deriva autoritaria que no ha parado.

Ante los 4,8 millones de seres humanos que han huido en los últimos 5 años de la crisis política y económica en la que se encuentra Venezuela, es importante destacar la aceptación de la mayoría de los refugiados por Colombia y Perú (con aproximadamente 50% entre los dos), a los cuales se destina una gran proporción de los 320 millones de euros que la UE ha comprometido en ayudas -incluyendo en esta partida, 50 millones de euros anunciados por el gobierno de España.

Los cuerpos diplomáticos de la UE, con la delegación de España a la cabeza, se encuentran constantemente intentando un diálogo coherente con el régimen venezolano, buscando unas negociaciones serias que tomen en cuenta las condiciones y seguridad vital de los refugiados.

Es bien sabido que no es fácil dialogar con autócratas, pero no es comprensible que exista un proceso de extradición -todavía evitable- a un individuo que le fue retirada la alerta roja de Interpol por ser considerada “persecución política”, que será devuelto a Venezuela para ser juzgado por este régimen dictatorial, desatendiendo, de esta forma, a las recomendaciones del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que insisten en que “en Venezuela existe una violación sistemática de los derechos humanos”.

Según últimos datos de migrationdataportal.org, el número de solicitudes de asilo en España por parte de migrantes venezolanos es de, aproximadamente, 19.200 en 2020 frente al total de 133.000 solicitantes de asilo de todos los orígenes. Asimismo, existe una cifra aproximada de 57.500 refugiados venezolanos contabilizados en España. 

La UE se encuentra ante una crisis de refugiados de cifras inéditas que no ha sabido gestionar de la mejor manera. Queda pendiente, por parte de los políticos y las instituciones públicas, una reflexión interna sobre cómo pueden mejorar sus actuaciones para obrar de una manera más humanitaria que permita a estos seres humanos una vida digna, mientras se contribuye, con estas acciones, a solucionar los problemas que presentan los países europeos, dentro de sus fronteras, como el envejecimiento poblacional o la “España vaciada”.

Los tiempos de crisis requieren creatividad y aplomo, mientras los migrantes mueren en pateras o centros de refugiados, otros países integran a los refugiados e innovan con pueblos y aldeas autosustentables donde se ponen a prueba nuevas tecnologías ecológicas. Mientras tanto, una España vaciada amenaza con despoblar grandes extensiones de tierra que van lentamente desertizando la península. 

Queda pendiente actuar con coherencia según el contexto, tanto político como ambiental, así como aprender de aquellos que innovan e incorporar estos sistemas y herramientas a nuestro desarrollo.

La metáfora bélica, que a muchos pareció apropiada para afrontar el rápido avance de la COVID-19, puede resultar contraproducente. La sensación de vivir en estado de guerra activa mecanismos cognitivos y emocionales relacionados con el instinto de supervivencia, que incrementan la angustia y el miedo que la pandemia por sí misma genera. El pensamiento insolidario e irracional del “sálvese quien pueda” nos aparta de la opción colaborativa, la única ganadora en esta crisis, como señala un artículo publicado el 8 de marzo en el International Journal of Social Psychology (“COVID-19 and the metaphor of war”).

Se sugiere un cambio de relato que ponga en valor la actitud generosa de la mayoría y en el que estén presentes el cuidado por el otro, la solidaridad, la empatía, la obligación moral y la cooperación. La ciencia, tan renombrada ahora como ignorada antes, encarna tales valores y bien puede ser el eje de dicho relato, el hilo que nos conduzca a la salida del laberinto. Para ello, la comunicación de la ciencia debe trascender la divulgación del conocimiento y convertirse en un medio estratégico para hacer frente a los retos de la actual crisis y muchos otros que ya estaban en la agenda sociopolítica.

En este sentido, el esfuerzo cooperativo para el desarrollo de vacunas y su distribución, que es fruto de la colaboración global de organizaciones públicas y privadas, no está siendo suficientemente ponderado. Una inadecuada o ineficaz información al respecto entraña graves riesgos, tanto a corto como a largo plazo, ya que cualquiera de las estrategias de erradicación del virus pasa por la vacunación generalizada.

Llegados a este punto, se hace necesario subrayar que la investigación biomédica y la industria farmacéutica están donde se las esperaba o incluso más allá de lo que muchos aventuraban. Gracias a ellas, con los apoyos imprescindibles de los poderes públicos, estamos viendo surgir vacunas eficaces en distintos puntos del mundo. La gran inversión en el sector y el duro trabajo de los equipos científicos y de producción, que aceptaron el reto y trabajan con mucha presión, son los motores hacia la esperada recuperación sanitaria y económica. 

Si analizamos el coste de la innovación, ahora somos más conscientes que nunca de que invertir en salud es hacerlo en prosperidad y sostenibilidad. Más concretamente, la inversión en I+D está aportando sostenibilidad al Sistema Nacional de Salud. En este sentido, Farmaindustria mantenía un acuerdo de colaboración con los Ministerios de Sanidad y Hacienda hasta el 30 de junio de 2020. El pacto, en palabras del presidente de la patronal, Martín Sellés, tenía como objetivo la “implicación de todas las entidades involucradas en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la racionalización del gasto farmacéutico público”. A pesar de la patente necesidad de una nueva negociación, adaptada a las circunstancias extraordinarias, no se ha podido avanzar en esta línea por la crisis sanitaria que atravesamos.

Sin embargo, la ciencia, como la vida, no se detiene, no se puede detener, y siempre que alcanza una meta es el punto de partida hacia nuevos descubrimientos. Las vacunas contra la COVID-19 son una realidad muy esperanzadora, como lo fueron en su día las de la viruela o la polio, pero seguirá habiendo retos que necesiten de ese esfuerzo y valores de la ciencia, que deben de comunicarse a las personas para ayudarlas a gestionar sus emociones y alejarlas de la discordia bélica hacia un relato de solidaridad y cooperación.

Marina Diez

Directora de cuentas en Cariotipo Lobby & Comunicación

Es bien sabido por todos los sectores que la crisis causada por la COVID-19 ha traído consigo numerosos cambios, y nuevas fórmulas de trabajo que han llegado para quedarse. Entre los distintos aspectos, destaca la implementación, casi obligatoria, del teletrabajo.

Este nuevo paradigma trae consigo la necesidad de mirar hacia dentro de la compañía, con el objetivo de analizar nuestra comunicación interna, en un entorno donde los equipos han pasado a ser virtuales, y donde lo digital se ha apoderado de todas las acciones que llevamos a cabo. 

Por lo tanto, si apostamos por la integración del teletrabajo en nuestros equipos, ya sea de forma total o parcial, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cercanía: la flexibilización del lugar de trabajo es una gran herramienta para fidelizar el talento de las empresas, por eso es importante cuidarlo. Los equipos que trabajan desde casa deben sentirse cohesionados y necesitan el reconocimiento de los superiores, por lo que es importante no perder el pulso de la relación entre los distintos miembros del equipo.
2. Motivación: la inteligencia emocional se vuelve gran protagonista en toda estrategia de comunicación interna. La empatía y la formación que impulse el desarrollo profesional de los equipos, ayudará a mantener motivado a los miembros de la compañía. Este punto es especialmente crítico con las nuevas incorporaciones, que necesitan sentirse involucradas en la cultura de empresa 
3. Capacidad de ser resolutivo: las posibles crisis deben gestionarse de manera óptima. En el teletrabajo esto se consigue con buenas herramientas comunicativas: videoconferencias, chats en vivo, aplicaciones móviles, etc. que permitan actuar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Asimismo, estos aspectos deben ser contemplados en los planes de crisis. 
4. Organización: es el elemento clave de este nuevo entorno digital. Es fundamental trabajar en este aspecto y ser capaces de bridar de todos los recursos organizativos, así como herramientas de seguimiento de proyectos, para no perder el puso de los proyectos ni de los clientes. 

La adopción del teletrabajo es fruto de la evolución y de la transformación digital que estamos viviendo en todos los sectores y en todos los modelos organizacionales. Es por ello que debemos hacer un buen uso de las herramientas disponibles, para garantizar que la nueva forma de comunicarnos, tanto de forma interna como externa, sea óptima y clara. 

Asimismo, una buena gestión de estos cambios permitirá que la transformación que están sufriendo los recursos y procesos no se vea enturbiada y perdamos información vital para la coordinación de los equipos.

Renny Núñez

Consultor en Cariotipo Lobby & Comunicación

La mayoría de partidos políticos ya abogaron por la suspensión de los comicios para el 14F

El TSJC suspende el aplazamiento a mayo de las elecciones

El Govern y la mayoría de las fuerzas parlamentarias catalanas decidieron aplazar las elecciones el pasado viernes, 15 de enero, dada la actual situación epidemiológica en la región, a pesar de la negativa por parte del Gobierno Central y del PSC. Pero la decisión del TSJC ha provocado un giro de acontecimientos al suspender cautelarmente el aplazamiento de las elecciones en Cataluña.

Ante la evolución de la crisis, el ejecutivo catalán decidió aprobar un decreto donde se regulan algunas cuestiones técnicas para la celebración de elecciones autonómicas y donde se incorporan disposiciones complementarias derivadas de la situación de pandemia. Además, se implementaron medidas más restrictivas en cuanto a la movilidad y a la actividad económica, para poder mitigar los efectos de una “tercera ola” que no parece disminuir y que puede ser incluso más grave que la anterior.

Las posiciones mostradas por las distintas fuerzas políticas podrían dejar entrever que no solo la situación epidemiológica jugó un papel relevante en la toma de decisión, sino que los sondeos hicieron tambalear la seguridad y los planes de ciertos actores políticos, que los llevaron a apostar por posponer los comicios con la confianza de revertir las encuestas a su favor.

Los socios de Govern, favorables al aplazamiento, destacaron que la salud de los electores catalanes era su prioridad por encima de los resultados electorales. ERC, quien vio frenados sus planes de una posible coalición con nuevos socios, ha visto una ventana de oportunidad con la prórroga de la votación para atenuar las polémicas en torno a dos consellers clave en la gestión de la pandemia, Vergés y El Homrani, y consolidar a Aragonès como firme candidato a la presidencia de la Generalitat. Por su parte, JxC, a pesar de querer mantener inicialmente la fecha señalada, fue apostando por un aplazamiento para poder recuperar apoyos tras unos sondeos no muy favorables para ellos.

Asimismo, la mayoría de partidos políticos ya abogaron por la suspensión de los comicios para el 14F. Candidatos como Carrizosa o Albiach, defendían que no se podía hacer campaña o celebrar unas elecciones con los hospitales a punto del colapso. Por su parte, desde la CUP, a pesar de querer celebrar elecciones cuanto antes, pedían responsabilidad ante la situación sanitaria actual pero no señalaban posibles nuevas fechas. Paralelamente, los populares reclamaban al Govern una decisión cimentada en razones sanitarias y recomendaciones epidemiológicas, y no por motivos electorales.

En el otro lado del tablero, el PSC se enrocó en su posición totalmente contraria a la prórroga, alegando que solo en el caso de un confinamiento domiciliario o cierre de negocios esenciales se podía justificar la postergación de los comicios. La irrupción del actual ministro de Sanidad como cabeza de lista dio la vuelta al escenario electoral catalán, el cual, según los sondeos, posicionaba a los socialistas como primera fuerza y a Salvador Illa como opción a futuro presidente de la Generalitat. Tanto el PSC como el PSOE vieron frenados sus cálculos estratégicos con el aplazamiento de las elecciones, ya que este hecho podría hacer difuminar el “efecto Illa” que constataban los sondeos, y el cambio de fecha abría un escenario totalmente incierto para los socialistas.

Pero como si de una partida de ajedrez se tratase, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de suspender cautelarmente la postergación de los comicios, ha puesto en jaque el decreto aprobado y los planes del Govern y los partidos afines al aplazamiento. La Justicia catalana recibió cuatro recursos contra la suspensión de las elecciones, tres presentados por partidos extraparlamentarios (Lliga Democràtica, Pacma e Izquierda en Positivo), los cuales cuestionaban el hecho de que el decreto no fundamente suficientemente la situación sanitaria que ha llevado a la suspensión; y un cuarto presentado por un particular, Josep Asensio, quien recurrió la decisión de la Generalitat por “incongruencia”. El Ejecutivo catalán tiene hasta el jueves por la mañana para presentar alegaciones, será entonces cuando el TSJC resuelva sobre el fondo de la cuestión.

El horizonte político no se vislumbra muy claro y trae más incógnitas que certezas, ¿se mantendrá la fecha inicial de las elecciones? ¿Qué consecuencias conllevaría la celebración de los comicios el 14F? ¿Seguirán las fuerzas independentistas a la cabeza? ¿Se mantendrá a flote el “efecto Illa”? ¿Podría formarse un nuevo tripartito? Tendremos que estar atentos a las siguientes jugadas políticas y legales.

Marta Porqueras

Analista en Cariotipo Lobby & Comunicación

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado:

• El III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado. 
• Real Decreto que regula y flexibiliza la aplicación de determinadas disposiciones d la Unión Europea en materia de higiene alimentaria que afecta a la producción y comercialización de productos alimenticios. Esta norma pretende favorecer la viabilidad, competencia y subsistencia de los pequeños productores de alimentos mediante el comercio de proximidad imponiendo una serie de requisitos de seguridad e higiene y tratando de garantizar la seguridad e incentivar la economía del medio rural con la finalidad última de desincentivar la despoblación. 
• Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
• Acuerdo por el que se aprueban, para el ejercicio de 2020, los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante de créditos, por importe de 3.575.000 euros, a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco para la financiación del Plan Anual de Trabajo 2020 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
• Acuerdo por el que se aprueba, para el ejercicio 2020, la distribución definitiva del crédito, por importe de 1.750.000 euros, de la aplicación presupuestaria del Ministerio de Sanidad destinada al programa de reasentamiento y reubicación de refugiados.
• Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de créditos, por importe de 2.818.070 euros, entre Comunidades Autónomas para la financiación de estrategias frente a enfermedades rarasy frente a enfermedades neurodegenerativas y de la vigilancia en salud, para el ejercicio de 2020.
• Acuerdo por el que se formalizan los criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante de créditos por importe de 121.187.110 euros entre las Comunidades Autónomas para la financiación del programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, la ministra portavoz ha comunicado la aplicación de un IVA tipo 0 a las vacunas y las pruebas de detección de la Covid-19 hasta el 31 de diciembre 2022, tras el anuncio realizado por la Comisión Europea sobre la modificación de la normativa sobre el IVA.

También ha destacado la celebración, hoy miércoles, de una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) donde se analizará la situación de los acuerdos relativos a las vacunas contra el COVID-19.

La portavoz del Gobierno también ha informado sobre la asistencia del Presidente del Gobierno al Consejo Europeo ordinario que se celebra el jueves y el viernes en Bruselas. Esta sesión del Consejo abordará aspectos relativos a la situación epidemiológica del COVI-19, el reto climático, la política exterior de la Unión Europea y el impulso de los fondos europeos.

En relación a los acuerdos para la distribución de más de 129 millones de euros a las CCAA para ejecutar planes y programas sanitarios, cabe destacar que estos fondos se destinarán a la financiación del programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS; el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS); el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados; y estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas y de la vigilancia en salud.

Referencias

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado:

• Acuerdo por el que se elevan los límites presupuestarios para que el Ministerio de Sanidad pueda tramitar los acuerdos que se han firmado con la Comisión Europea para el suministro de vacunas frente a la Covid-19. La Comisión Europea ha firmado, hasta la fecha, 7 acuerdos con diferentes empresas farmacéuticas y España se ha adherido, hasta el día de hoy, a los acuerdos con Pfizer y Astrazeneca. Las vacunas comenzarán a suministrarse a partir del mes de enero y serán gratuitas. 

 Además se han aprobado:

• Dos subvenciones de carácter directo para la atención y acogida de los niños migrantes no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla. 
• Dos planes que serán esenciales en el impulso de la transformación digital de España. Un plan para impulsar la conectividad e infraestructuras digitales que va a permitir ampliar la cobertura de banda ancha de alta velocidad con el objetivo de alcanzar el 100% de la población. También, en relación con esta transformación digital, se ha aprobado una estrategia de impulso al desarrollo de la tecnología 5G.Ambos planes van a ser ejes fundamentales de la Agenda España Digital 2025 y se prevé una inversión pública en los próximos 5 años de 4.320 millones de euros, de los que 883 millones ya se encuentran en los presupuestos de 2021. 
• Creación de 33 nuevas unidades judiciales,contribuyendo de esta manera a la agilización y reaceleración de la actividad judicial alterada por la crisis sanitaria del Covid-19 que ha supuesto un incremento de los litigios y casos judiciales. Son las primeras unidades de un paquete que contempla 100 para los próximos 3 años. 
• A propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, se ha tratado en el Consejo de Ministros una nueva convocatoria para la comunidad científica en el conjunto de investigadores que se suma a las varias que ya se han ido aprobando en sesiones anteriores y, por tanto, que completa este paquete de impulso a la ciencia que se está priorizando desde el ejecutivo. Se han aprobado 40 millones de euros para la convocatoria de Centros de Investigación de excelencia Severo Ochoa. 
• Modificación del reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que se encuentran en situación de reserva. Esta nueva normativa, fija que no se aplicará disminución alguna en el complemento por disponibilidad de las Fuerzas Armadas y tendrá efecto retroactivo desde el día 1 de noviembre del año 2020. 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros indicando que la previsión es que este jueves se produzca la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado 2021 y que ese mismo jueves puedan pasar al Senado para culminar el proceso de tramitación, de manera que antes del 31 de diciembre se hayan aprobado las nuevas cuentas públicas. 

Dos puntos clave a los que contribuirán los PGE son impulsar grandes transformaciones como la transición ecológica y digital. 

Por otra parte, también ha señalado que la compañía Moderna va a solicitar vender su vacuna en Estados Unidos (FDA) y, también, en la Unión Europea (EMA) y que la compañía ha notificado que la vacuna tiene una eficacia del 94% y que llega al 100% en los casos que revisten una mayor gravedad. Pfizer y Biotech han solicitado, también, a las autoridades europeas autorización para empezar ya la comercialización de su vacuna. 
 
Además, ha informado que el miércoles día 2, durante el Consejo Interterritorial de Salud, Gobierno y Comunidades Autónomas van a abordar las recomendaciones planteadas por el grupo de trabajo pertinente con respecto a las medidas a aplicar en el llamado «Plan de Navidad frente a la Covid-19».
 
Por último, la portavoz ha recordado la celebración del día Mundial de Sida y que el Gobierno comparte el compromiso y el objetivo de la comunidad internacional de poner fin a la pandemia del sida con la fecha orientativa del año 2030. Por eso se está trabajando en un Plan Estratégico de Prevención y Control de la infección por VIH y otras infecciones por transmisión sexual en la década 2021-2030. Este plan lo ha elaborado el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, entidades locales, ONGs y el conjunto de las sociedades científicas.

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha generado profundos cambios en distintos ámbitos de nuestro sistema institucional. Uno de ellos es la forma en la que se están elaborando nuevas leyes y normativas. 

Los Reales Decretos dictados por el Gobierno en virtud de su “extraordinaria y urgente necesidad”, que normalmente se incorporaban al ordenamiento tras su convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados, han pasado a tramitarse, en su mayoría, como Proyectos de Ley. 

A día de hoy, se encuentran en tramitación los siguientes:

• Proyecto de Ley de trabajo a distancia (procedente del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre).
• Proyecto de Ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (procedente del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio).
• Proyecto de Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (procedente del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio).
• Proyecto de Ley de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (procedente del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio).
• Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio).
• Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo)
• Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo).
• Proyecto de Ley de medidas sociales en defensa del empleo (procedente del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo)
• Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo).

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado:

• Anteproyecto de Ley Orgánica de enjuiciamiento criminal, una norma fundamental que busca ganar eficiencia y modernizar y adaptar la legislación procesal a la realidad europea.
• Además, el Consejo de Ministros ha dado a conocer la Estrategia de Vacunación Covid-19 en España.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado sobre esta estrategia, que va en línea con el acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS del 9 de septiembre, por el que se creó un grupo para trabajar en esta materia. 

Se trata de una estrategia común para toda España, en cuya elaboración han participado: ocho Comunidades Autónomas, asociaciones profesionales y sociedades científicas, dos portavoces del comité de bioética, sociólogos, matemáticos y expertos de la AEMPS y del ISCIII.

La Estrategia de Vacunación Covid-19 en España consta de dos objetivos principales:

• Ayudar a controlar la morbilidad y mortalidad de la Covid-19.
• Disponer de un plan de actuación en el momento en que se reciban las dosis de las vacunas aprobadas.

Y cuatro objetivos operativos:

• Establecer un orden de prioridad de grupos poblacionales a vacunar en base a criterios científicos, legales, éticos y económicos.
• Preparar los aspectos relacionados con la logística, distribución y administración de vacunas.
• Establecer las líneas prioritarias para seguimiento y evaluación, mediante un registro de vacunación a través un programa de vigilancia farmacológica.
• Establecer una estrategia de comunicación dirigida al profesional sanitario y la población general.

Los grupos que se van a priorizar se han definido en base a un marco ético donde prevalecen los principios de:

• Igualdad
• Dignidad
• Necesidad
• Equidad
• Protección a la discapacidad y menores
• Beneficio social
• Reciprocidad
• Solidaridad

Se han delimitado tres etapas en función de la disponibilidad de la vacuna:

• Primera etapa (enero-marzo) – suministro inicial muy limitado.
• Segunda etapa (marzo-junio) – incremento progresivo del número de vacunas.
• Tercera etapa (junio en adelante) – aumento del número de dosis para cubrir todos los grupos prioritarios.

Se han valorado 18 grupos poblacionales en función de los siguientes criterios:

• Riesgo de morbilidad grave y mortalidad.
• Exposición a la enfermedad.
• Impacto socio-económico.
• Riesgo de transmisión de la enfermedad.

El grupo que se vacunará en la primera etapa, durante el mes de enero, serán las personas mayores que se encuentren en residencias, el personal sanitario y sociosanitario de personas mayores y con discapacidad, los profesionales sanitarios y los grandes dependientes que requieran intensas medidas de apoyo (2 millones de personas). La vacuna será gratuita, al igual que el resto de vacunas del calendario vacunal, y voluntaria.

Actualmente son tres las vacunas que están en proceso de revisión por la EMA: las de AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con respecto a la aprobación de la vacuna en España, no habrá dilación de tiempos entre la aprobación de la EMA y la de la AEMPS, y España recibirá alrededor de 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de ciudadanos.

Por otra parte, también se ha elaborado un plan de farmacovigilancia para hacer seguimiento de las personas vacunadas. Además, España participará en un estudio europeo para monitorizar la eficacia y efectividad de la vacuna.

También se ha autorizado en el Consejo de Ministros la adquisición de 20.873.941 dosis de la vacuna de Biontech-Pfizer, en el marco de la estrategia europea de vacunación. Es una vacuna a doble dosis que permitirá inmunizar a unos 10.400.000 ciudadanos. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha comparecido la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño:

El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado: •Un Real Decreto por el que se actualizan los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de las competencias que tienen los ayuntamientos y las entidades locales en el pacto de estado en materia de violencia de género. •Un Plan de ayudas por valor de 148 millones de euros para contratar investigadores a través de varias convocatorias con concurrencia competitiva que financiarán o incentivarán la formación y la especialización en I+D+i de investigadores del sector público y privado. La convocatoria incluye un aumento del 30% de los programas ya conocidos cumpliendo con el Plan de Choque de la Ciencia que presentó el presidente del gobierno y que se aprobó el pasado mes de julio, en donde en su medida octava figuraba como objetivo incrementar los programas de atracción y retención del talento investigador.  El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, que incluye una seriede medidas que vienen a sumarse a las ya adoptadas desde el pasado mes de marzo, para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares frente a la crisis que ha causado la pandemia de la Covid-19.  Para ayudar a la recuperación de las empresas una vez transcurridos los meses más duros de pandemia, este Real Decreto-Ley introduce, por una parte, una bloque de medidas relacionadas con los avales  del Instituto de Crédito Oficial: • En primer lugar, se amplía el plazo para la concesión de los avales de las dos líneas que hay en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021.  • En segundo lugar, se amplía el plazo máximo de los créditos avalados de forma que los clientes que los soliciten pueden ver su crédito alargado hasta un máximo de 8 años y el periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses.  • En tercer lugar, con el Real Decreto-Ley se estipula que las entidades financieras deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, que no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados a sus clientes y que deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximos de 30 días.  • Además, en cuarto lugar, se prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales a la hora de formalizar estas operaciones de ampliación y se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a dirigirse directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España para agilizar la comprobación de los impagados que le comuniquen las entidades financieras. • Además de esas ampliaciones de plazo, el Real Decreto-Ley permite acceder a la línea de avales, a los pagarés que se comercializan en el mercado alternativo de renta fija y, con el mismo objetivo de facilitar el acceso de las empresas, a fuentes de financiación alternativas a las bancarias.  Por otra parte, el Real Decreto-Ley regula los procedimientos concursales. En septiembre se aprobaron algunas medidas en materia concursal que ahora se prorrogan. En concreto, se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes. Y se prolongarán hasta el 31 de enero las decisiones de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes de incumplimiento de convenios de acreedores y de acuerdos de refinanciación.  El Real Decreto-Ley incorpora, así mismo, la rebaja el IVA de las mascarillas que se anunció la semana pasada. Además, se va a mantener la reducción del gravamen vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. El gobierno adopta esta medida después de haber obtenido la respuesta oficial y por escrito de la Comisión Europea confirmando que no tendrá consecuencias el haber aplicado una rebaja de IVA que hoy por hoy es contraria a la directiva comunitaria. También se ha reducido el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas desechables un 25% en la Comisión Interministerial liderada por el Ministerio de Sanidad el pasado jueves. Se ha pasado de 0.96€ a 0.72€ con un IVA del 21%. Rebaja que será mayor cuando se haga efectiva la rebaja del IVA. El Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria también prorroga, hasta el 30 de abril de 2021, la aplicación del tipo 0 de IVA a la importación y adquisición de materiales sanitarios que tengan como destino centros sanitarios públicos o privados y entidades de carácter social. Además, contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6 mil millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de la pandemia e incorpora otro crédito extraordinario por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del servicio público de empleo estatal.  Finalmente, el Consejo de Ministros ha nombrado, a petición del ministro de Justicia, al magistrado José de la Mata como miembro nacional de España en Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal y que tiene como objetivo facilitar a las autoridades en la cooperación de la lucha contra el terrorismo y las formas mas graves de delincuencia organizada. También se ha nombrado al fiscal Jorge Espina, como adjunto al miembro nacional de Eurojust. Referencias