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“Las reacciones cerebrales ayudan a predecir quienes mantienen relaciones de amistad y en que grado”

El estudio de las distintas funciones cerebrales ocupa desde hace décadas a diversos grupos de neurocientíficos en todo el mundo, que siguen consultando los estudios del Nobel español Santiago Ramon y Cajal. El sabio de Pitillas sigue siendo el mas citado en las publicaciones científicas.

Ahora, Carolyn Parkinson, de la Universidad de California en Los Angeles, explica en “Nature” el resultado de su trabajo en el que afirma que los cerebros de dos amigos tienden a responder de forma similar a los estímulos del entorno. Dicho de otra forma, los cerebros de dos amigos perciben el mundo de forma semejante y responden de forma similar a los estímulos del mundo real. Carolyn Parkinson y su equipo consiguieron reclutar a un total de 279 voluntarios, todos ellos estudiantes de posgrado. Su relación social se analizó a través de encuestas y lo representaron en un gráfico. Así pudieron establecer los vínculos de amistad. Además de 42 de ellos visualizaron vídeos sobre música, ciencia y política, entre otros temas, mientras los científicos medían su actividad cerebral con ayuda de Resonancia Magnética funcional.

Las respuestas neuronales de las áreas del cerebro que están implicadas en la respuesta sensorial y en la interpretación del entorno eran más parecidas entre los que son amigos. Esta coincidencia disminuía cuanto más distanciadas se encontraban dos personas dentro de la red de vínculos sociales. Estos científicos se basaron en las conclusiones de un ensayo anterior, también realizado por ellos, en el que demostraban que cuando una persona ve a alguien que conoce, su cerebro le informa casi instantáneamente sobre la importancia e influencia de ese conocido. Como concluye Carolyn Parkinson, las reacciones cerebrales ayudan a predecir a aquellos que mantienen relaciones de amistad y en que grado.

PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN) EL DOMINGO 8 ABRIL 2018

José María Fernández-Rúa

La actividad de representación de intereses o lobby forma parte del proceso de toma de decisiones de manera natural en todo el mundo. Es más, la OCDE señala que la actividad del lobby es un elemento fundamental y positivo para los sistemas democráticos y para Transparencia Internacional (TI), el lobby es una actividad ineludible en una democracia.

A falta de una definición universal, la actividad de lobby se puede entender como toda aquella acción de comunicación centrada en la defensa de intereses legítimos y que está dirigida a tratar de influir en el ámbito de la toma de decisiones públicas.

El lobby facilita el acceso a las partes interesadas en el desarrollo e implementación de políticas públicas, es decir, facilita la participación en la toma de decisiones públicas. Además, cuando la actividad se lleva a cabo con transparencia e integridad, ayuda a los decisores a elaborar leyes y regulaciones más efectivas, ya que no siempre cuentan con toda la información relevante y actualizada necesaria para poder legislar o adoptar una regulación.

A pesar de que la actividad se lleva desarrollando de forma importante desde el establecimiento de los sistemas democráticos modernos, principalmente en EE.UU., sólo en los últimos años ha tenido una mayor relevancia en el ámbito público. Esto se refleja en el número de países que han decidido regular el lobby de una u otra manera: en los últimos 8 años se han aprobado por primera vez más regulaciones sobre la actividad en los países miembros de la OCDE que en las seis décadas anteriores.

Hay distintos elementos que explican esta tendencia en los diferentes países y regiones, entre los que destaca que la regulación del lobby se presenta hoy en día como una cuestión fundamental en términos de calidad democrática y de transparencia, tal y como señala la propia OCDE o TI. Para ello, el principal reto al que se enfrentan las distintas administraciones está en incluir la regulación en un marco de integridad más amplio, ya que es fundamental para que la regulación sea efectiva y minimice los riesgos asociados a la actividad del lobby. Dado que para hacer lobby hacen falta dos partes, el mencionado marco de integridad es esencial que se amplíe al ámbito público.

Otro de los elementos que explican esta moda regulatoria podría ser la creciente pérdida de confianza de la sociedad en los gobiernos. Así, existe una preocupación por parte de los gobiernos ante este hecho, para lo que la OCDE ha identificado cinco líneas de acción para incrementar la confianza en las instituciones en la que los países deben trabajar. Entre ellas, destaca que los gobiernos tienen que potenciar la apertura e inclusividad en la toma de decisiones, mediante un enfoque completo en el que se institucionalice la comunicación bilateral entre los agentes interesados y los decisores en políticas públicas como medio para mejorar la transparencia y la responsabilidad pública.

Con todo, la falta de información y control democrático en relación al lobby contribuyen a una imagen negativa de la actividad, pese a que, como señala TI en su informe “Una evaluación del Lobby en España: Análisis y propuestas”, no se conocen casos en los que lobistas profesionales hayan estado implicados en corrupción en España.

La regulación de la actividad de representación de intereses o lobby contribuirá, sin duda, a mejorar la percepción en el imaginario público. No obstante, si el marco en el que se encuadre la regulación es la corrupción y no el fortalecimiento del sistema democrático, no se logrará mejorar la imagen de los lobistas y la regulación, por tanto, no será efectiva.

Jorge Fernández-Rúa

Director Asociado en Cariotipo

El grupo de trabajo sobre alcohol de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha publicado un informe con el que se quiere poner de manifiesto “los problema que el consumo de alcohol genera entre adolescentes y jóvenes en España” y sus consecuencias sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS), la sociedad y la economía.

El alcohol es una de las sustancias que mayor impacto negativo tiene en términos sanitarios, sociales y económicos en Europa, en parte por su fácil accesibilidad y bajo coste. Sin embargo, su consumo es considerado como algo normal por la mayor parte de la población, incluso por adolescentes que no pueden adquirirlo legalmente. Según datos oficiales, en España muchas personas se inician en el consumo de alcohol a edades tempranas, siendo la edad media los 16 años.

La SEE asegura que “la promoción de las bebidas alcohólicas a través de la publicidad es clave en la iniciación y mantenimiento del consumo, especialmente entre la población joven, que se ha identificado como la más influenciable por la publicidad”. En este sentido, se recomienda: “eliminar su publicidad y marketing (directo o indirecto) de eventos culturales y deportivos; delimitar un horario restringido (de 8.00h a 20.00h) para su publicidad en radio, televisión e internet; y limitar la presencia de sus marcas logotipos en el entorno urbano”. Según la Sociedad, “a través de medidas regulatorias es posible reducir la exposición de la población joven a las marcas de bebidas y sus mensajes de fomento del consumo. Los poderes públicos deben actuar con este fin a favor de la salud pública”.

La publicación de este informe se enmarca en el actual proceso de diseño de la Ley de Menores sin Alcohol, impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dicha Ley está recogida en el Plan Anual Normativo de 2018 y su redacción se encuentra a la espera de que se apruebe el informe de la Ponencia de estudio «Menores sin alcohol», constituida en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Este documento está previsto que se apruebe antes del verano y recogerá la exigencia de un mayor control de la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas, principalmente en espacios y eventos dónde es más probable que acudan niños y jóvenes.

Destaca la posible recomendación de que los famosos, especialmente del mundo del deporte y de la televisión, no puedan patrocinar ni anunciar bebidas alcohólicas. Desde la Ponencia se ha informado de que la industria de productores y distribuidores ha sido una fuente de información clave para el desarrollo de su trabajo. El Ministerio de Sanidad ha mostrado su interés en colaborar con los diferentes actores afectados por la nueva regulación, siendo una oportunidad para que éstos lleven a cabo sus acciones de lobby.

 

Álvaro Sanz López

Ejecutivo de Cuentas

“Tiene un gen, como las carnes rojas, responsable de la síntesis de un azúcar que es nocivo”

 

En las últimas décadas la Ciencia, a través de numerosos grupos de investigadores de todo el mundo, ha evidenciado que muchos alimentos que ingerimos habitualmente son insanos. Generalmente este conocimiento se le ha explicado a la sociedad, como por ejemplo el efecto nocivo de las bebidas azucaradas o la bollería industrializada, tanto en niños, en jóvenes y en adultos. Incluso organismos internacionales como la OMS han llevado a cabo recomendaciones sobre su consumo y posible prohibición. Sin embargo, hay investigaciones que no llegan al gran público porque se publican en revistas muy especializadas, pero no por ello dejan de ser importantes.

Uno de ellos es el protagonizado por el investigador español David Alvarez-Ponce, que trabaja desde hace tiempo en la Universidad norteamericana de Nevada, en Reno. Este científico, junto con otros, publicó un documentado trabajo en “Genome, Biology & Evolution”. En él demostraron que el gen CMAH es responsable de la síntesis de un azúcar que, cuando la ingerimos, puede producir inflamación, artritis y cáncer. Fundamentalmente este gen se encuentra en las carnes rojas, en determinados pescados y en productos lácteos.  El trabajo de este científico se centró en el análisis de 322 genomas que muestran aquellas especies animales que han perdido el gen –entre ellas la especie humana y las aves- que, precisamente son más aptas para la alimentación y trasplantes de órganos.

Con ayuda de herramientas bioinformáticas y un curioso trabajo detectivesco, el equipo de Alvarez-Ponce concluye que consumir pollo, pavo o pato no tiene los efectos negativos de comer carnes rojas y también caviar, donde hay altas concentraciones de este azúcar nocivo para la salud humana.

PUBLICADO EN A TU SALUDEL DOMINGO 1 ABRIL 2018

José María Fernández-Rúa

“Los clínicos disponen ya de un apósito, con el que consiguen disminuir de forma notable la cicatrización de las úlceras”

El diagnóstico de pie diabético en estado avanzado ha dejado de ser sinónimo de amputación. En las úlceras neuroisquémicas de las extremidades inferiores la Ciencia ha conseguido reducir el tiempo de ciatricación. Esta magnífica noticia está avalada por los resultados del único estudio científico europeo, denominado Explorer, en el que ha participado España y que ha conseguido el objetivo de cerrar completamente las úlceras de pie diabético por medio de un apósito. Su componente principal, fruto de un avanzado conocimiento científico de Urgo es la sacarosa octasulfato que, como figura en las conclusiones del trabajo publicado en “The Lancet,” ayuda a disminuir el tiempo de cicatrización en 60 días frente a los 180 días del tratamiento convencional. Además incrementa en un 60% el número de heridas cicatrizadas. El alcance de este avance cobra más relevancia si recordamos que España es el segundo país con más amputaciones de extremidades inferiores relacionadas con la diabetes ( 26 de cada cien mil personas), por detrás de Estados Unidos (35,7 amputaciones de cada cien mil personas). A esto hay que añadir que el setenta por ciento de los pacientes diabéticos que sufren una amputación por esta causa muere a los cinco años. Estas úlceras son heridas que presentan el peor pronóstico debido a su componente tanto neuropático como vascular. Como coinciden en señalar el endocrino Mauricio Didac y Jose Luis Lázaro- Martínez, responsable de la Unidad de Pie Diabético de la Universidad Complutense, los resultados de este estudio son un hito en el abordaje de esta patología.

En este sentido hay que señalar que este avance no es suficiente para combatir con eficacia el pie diabético. Diferentes analistas subrayan la necesidad de que los médicos de Atención Primaria reciban mayor formación en este campo, ya que en la mayoría de los casos son ellos los que detectan por primera vez el pie diabético.

PUBLICADO EN A TU SALUD (LA RAZÓN) EL DOMINGO 25 MARZO 2018

José María Fernández-Rúa

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009, por el que se regulan las sustancias distintas de vitaminas y minerales que tienen estos complementos. Esta aprobación se ha producido a iniciativa de Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que, según alega, “con la entrada en vigor del Real Decreto, se garantiza la protección a los consumidores al tiempo que se mejora la competitividad de las empresas alimentarias de nuestro país en el mercado comunitario”.

La nueva normativa establece un listado de cuáles son las sustancias que pueden contener los complementos alimenticios. En la elaboración de esta lista se han tenido en cuenta los informes del Comité Científico de la Alimentación Humana y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como las evaluaciones de seguridad llevadas a cabo por otros organismos internacionales. Adicionalmente, el Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha realizado su propia evaluación, estableciendo las recomendaciones de dosis diarias máximas y en algunos casos advertencias dirigidas al consumidor final. El Ministerio de Sanidad ha buscado integrar los intereses de los diferentes agentes afectados por el Real Decreto, los cuales han podido llevar a cabo sus estrategias de lobby y trasladar sus demandas al Gobierno.

Sustancias como el germen de trigo, polen, jalea real, levadura de cerveza, lecitina de soja y propoleo, han sido incluidas, dotando a estos productos (no contemplados en la legislación europea sobre “dietéticos”) de una regulación. Cabe destacar que normativas similares a la aprobada por el Gobierno de España ya se han desarrollado en otros Estados miembros de la Unión Europea, por lo que España se alinea con los países de su entrono en la protección de la salud alimenticia.

El mercado de los complementos alimenticios se encuentra actualmente en expansión. Concretamente, el valor de las ventas de productos dietéticos en el mercado español aumentó un 7% en 2016, hasta alcanzar los 920 millones de euros. El segmento de complementos alimenticios es el de mayor peso en el valor del mercado, con una participación del 37% en 2015. Le sigue el de alimentos para trastornos metabólicos y nutrición enteral, que supuso el 28% del total, mostrando una tendencia creciente.

Álvaro Sanz López

Ejecutivo de Cuentas

 

“El profesor Phillips, un autoridad en cardiología e hipertensión, quiere evitar tratamientos innecesariamente agresivos”

Ocurre con cierta frecuencia que cuando una Sociedad científica con peso específico propio aprueba un protocolo para determinada enfermedad, en la comunidad internacional se origina polémica que, de no aclararse, los que verdaderamente sufren las consecuencias son el paciente y sus familiares. Esto viene a colación del anuncio hecho público días atrás en Estados Unidos por el profesor Robert A. Phillips, director médico del Houston Methodist´s Institute for Academic Medicine en Houston y profesor en el Weill Cornell Medical College, de Nueva York, en el sentido de cuestionar las nuevas directrices aprobadas en noviembre que redefinen la presión arterial alta.

El profesor Phillips, considerado como uno de los más prestigiosos cardiólogos pretende evitar que millones de personas reciban “tratamientos innecesariamente agresivos”. En su opinión, mientras los pacientes con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular se benefician de las directrices más estrictas, aquellos con menor riesgo obtienen más perjuicio que beneficio de esas recomendaciones. Esas directrices fueron aprobadas por 21 especialistas que revisaron más de novecientos estudios publicados hasta entonces.

La American Heart Association, el Colegio americano de Cardiología y otras nueve organizaciones profesionales de la salud, dieron luz verde a la nueva definición de hipertensión con una lectura de 130 mm de Hg sobre 80 mm de Hg, en lugar de 140 sobre 90. En virtud de esta nueva regla, el 46 por ciento de los adultos estadounidenses tienen la tensión arterial alta.

La opinión del profesor Phillips, bajo el formato de un documento que lleva por título “Impacto del riesgo cardiovascular sobre el beneficio relativo y el daño del tratamiento intensivo de la hipertensión”, aparecerá a mediados de abril en “Journal of the American College of Cardiology”. La polémica está servida.

PUBLICADO EN A TU SALUD EL DOMINGO 18 MARZO 2018

José María Fernández-Rúa

«Es la hora de abrir el debate sobre los nuevos modelos de financiación de medicamentos innovadores y cómo hacer accesible, con fórmulas incluso ingeniosas, que los pacientes puedan ser candidatos a estos tratamientos»

La industria farmacéutica, desde hace ya algunos años, decidió abrir sus ventanas, ventilar y empezar a mostrar su gran labor y aportación a la innovación, creación de empleo y riqueza para España. Esta actitud virtuosa ha venido acompañada ahora de la publicación de las transferencias de valor individualizadas de las colaboraciones de los profesionales sanitarios con los laboratorios. Una encomiable labor que, muy al contrario de lo que algunos especularon en su momento, ha sido recibida de forma positiva tanto por las Administraciones como por la opinión pública. Incluso, las sociedades científicas, tras la intervención de Hacienda, han quedado tranquilas.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, más concretamente su Comisión Interministerial de Precios (CIMP), también ha tomado ejemplo. Desde hace ya unos meses, se publican en la web del Ministerio de Sanidad las actas de estas reuniones, aunque todavía no los precios de financiación de los fármacos que son aprobados. Además, se dan a conocer, sin tapujos, quiénes son los integrantes de esta Comisión, con voz y voto, y cuál es su reglamento de funcionamiento.

Se agradece el aire fresco y la apuesta por la transparencia desde el Paseo del Prado. Es un buen momento para defender que la innovación en salud no es una amenaza para la sostenibilidad ni la quiebra de los presupuestos de las Comunidades Autónomas, sino una oportunidad de seguir aportando valor.

La transparencia ha demostrado ser, sin duda, el camino a seguir. Ahora se añade la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 20 de febrero, de un anuncio de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos, que informa de una petición de acceso a las actas aprobadas de la CIMP con todos los acuerdos adoptados entre los años 2007 y 2017. Por tanto, se abre ahora la puerta a realizar las alegaciones oportunas y conocer qué ocurrió en lo que hasta ahora era una auténtica ‘caja negra’.

Así pues, nos encontramos ante el inicio de un cambio de paradigma en la negociación del precio y financiación de los medicamentos. Es momento de hacer entender a la sociedad que la equidad y la posibilidad de acceder al mejor tratamiento disponible son irrenunciables. Es la hora de abrir el debate sobre los nuevos modelos de financiación de medicamentos innovadores y cómo hacer accesible, con fórmulas incluso ingeniosas, que los pacientes puedan ser candidatos a estos tratamientos.

Sin embargo, hasta que no se priorice que el bienestar y la calidad de vida del paciente deberían ser el foco de atención primordial, no habrá un cambio de asignación de los recursos. Hace años que el Ministerio de Sanidad no recibe la dotación presupuestaria que merece y se deja en manos de las CCAA la decisión de cómo financiar la sanidad, con las perniciosas consecuencias que ya conocemos.

Es el momento de repensar este sistema, empezar a cambiar el modelo y no dejar al albur de cada decisor, según su ideología, la política farmacéutica o los modelos sanitarios. Hay que medir resultados y gestionar por indicadores, para hacer gestion sanitaria basada en la evidencia y el reconocimiento de los expertos. De esta manera, se logrará demostrar que no hay inversión más rentable que la que se dedica a la salud de la población.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paco Gutiérrez

Director Asociado

 

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional aprobó por unanimidad la Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de defensa orientada a la prevención de ataques bioterroristas con virus de la viruela. El texto de la PNL fue aprobado junto con una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular y apoyada por los socialistas.

La Proposición fue defendida por Jordi Xuclà i Costa, diputado del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), que comenzó su comparecencia recordando una interpelación formulada en mayo de 2015 ante el ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, sobre la necesidad de incorporar, en la Estrategia de Seguridad Nacional, un enfoque respecto al reto del bioterrorismo. Dicha interpelación trajo consigo una moción -aprobada casi por unanimidad en el Congreso de los Diputados- que instaba al Gobierno a la revisión y actualización de la estrategia nacional respecto a la bioseguridad; a la revisión y actualización de los protocolos y mecanismos de colaboración existentes; y a una revisión y actualización del inventario de medios de equipos, medicamentos y vacunas a disposición del Gobierno. Todo con el fin de hacer frente a las eventuales amenazas biológicas para la seguridad de España.

Con esta exposición, Xuclá quiso concienciar a la Comisión de la importancia que tiene el bioterrorismo para la seguridad global y nacional. Según el diputado, “a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, se reavivó la inquietud internacional por el bioterrorismo por ser una de las nuevas amenazas para la salud surgidas en el siglo XXI”. El Congreso con la aprobación del texto final insta al Gobierno a: crear un Comité especializado contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) que elabore y aplique una Estrategia nacional; incorporar en el Informe anual de Seguridad Nacional una sección para las políticas de lucha contra el bioterrorismo, amenazas nucleares, químicas y radiológicas; promover el cumplimiento del Plan Nacional de Acción para la completa aplicación de la Resolución 1540 contra la proliferación de ADM a manos de actores no estatales; revisar el inventario de que dispone el Gobierno de medicamentos, equipos y vacunas para hacer frente a las amenazas del bioterrorismo especialmente por el virus de la viruela; aprobación y puesta en marcha de un Plan Nacional de Bioscustodia.

En la actualidad, España cuenta con stock de vacunas de viruela de segunda generación de 2.048.000 unidades, que fueron adquiridas en 2003, con posterioridad a la aprobación de las Recomendaciones de actuación y respuesta ante la aparición de un caso o de un brote de viruela (abril de 2002), de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Estas vacunas, además de estar caducadas, no cuentan con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, y podrían provocar efectos secundarios graves, además de estar contraindicadas en personas inmunodeprimidas, como observan las propias Recomendaciones de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Para los ponentes, el nivel de protección contra la viruela en España es menor que el de otros países de nuestro entorno, que cuentan con un stock suficiente de vacunas para cubrir a la totalidad de la población y están renovando su stock con vacunas de tercera generación. Hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos de hoy en día son enormemente superiores a los de hace quince años, y que permiten la síntesis del virus de la viruela en un laboratorio, por lo que no podemos obviar el peligro de tener que enfrentarnos a un ataque terrorista de estas características. Por otra parte, esos mismos avances científicos y tecnológicos, están permitiendo el desarrollo de vacunas muchos más efectivas y seguras para la población.

En este sentido, resulta importante contar con un stock suficiente de vacunas de tercera generación, que se puedan administrar al personal sanitario, a los servicios de emergencia, al personal en primera línea de actuación, así como a las unidades militares, principalmente aquellas desplazadas a zonas de especial conflictividad. La toma en consideración del Gobierno de las recomendaciones de la Comisión implicará la actualización de la regulación existente en materia de bioseguridad, suponiendo una oportunidad para que los diferentes agentes implicados puedan llevar a cabo sus acciones de lobby y trasladar sus intereses a la Administración.

Álvaro Sanz López

Ejecutivo de Cuentas