Los ingleses no están preparados para el impacto del Brexit en el sistema alimentario, según un documentado trabajo de tres de los principales analistas en política alimentaria y agrícola que también dictan clases en las Universidades de Sussex, Londres y Cardiff.
Si el Gobierno británico opta por un “Brexit duro”, la industria minorista de ese país pronostica aumentos de precios de hasta un 22 por ciento en los alimentos importados. Erik Millstone (Universidad de Sussex), Tim Lang (Universidad de Londres) y Terry Marsden (Universidad de Cardiff), coinciden en subrayar que salir de la Unión Europea plantea serios riesgos para los intereses de los consumidores británicos y, de forma directa sobre las empresas y trabajadores del sector alimentario.
Afirman que esto se debe a que no hay una visión del Gobierno para la alimentación o la agricultura del Reino Unido, y que los precios, la calidad, el suministro y el medio ambiente se verán afectados negativamente incluso con un “Brexit suave”.
En este informe de 86 páginas advierten que los consumidores británicos no han sido informados sobre las enormes implicaciones que se van a producir en el sector alimentario. Los británicos y la salud pública del Reino Unido se han beneficiado de los estándares de seguridad de la Unión Europea, sin los cuales –denuncian estos expertos- “se corre el riesgo de que el Reino Unido tenga menos productos seguros y nutritivos». La Unión Europea proporciona el 31 por ciento de los alimentos que se consumen en Gran Bretaña.
Los profesores Millstone, Lang y Marsden basan sus conclusiones después de consultar más de doscientas fuentes, entre ellas entrevistas con personalidades de toda la cadena alimentaria, así como documentos oficiales estadística e informes de la industria alimentaria del Reino Unido.
Advierten que un «Brexit alimentario» puede incluso producir desabastecimiento de algunos productos, al tiempo que destacan la escasa o nula experiencia de las autoridades británicas en este campo para negociar con la Unión Europea. Pero ya se han producido algunas declaraciones oficialistas en el sentido de que el lobby de la industria alimentaria está detrás de este informe.
El documento examina los datos disponibles, las políticas y la información de la industria y del gobierno sobre una amplia gama de cuestiones, incluyendo la producción, agricultura, empleo, calidad, normas de seguridad y medio ambiente.
Así, se destacan varias cuestiones que, en opinión de estos especialistas, el gobierno británico debe abordar en las negociaciones con la Unión Europea. Entre ellas recomiendan la elaboración de un plan integral de abastecimiento de alimentos; clarificación en los alimentos que cruzan la frontera de la República de Irlanda a Irlanda del Norte; nuevas leyes para sustituir las cerca de cuatro mil normas legales de la Unión Europea relacionadas con la alimentación; subvenciones para sustituir a la política agrícola común de la UE; y medidas para contener la subida de alimentos importados.
En este punto, el informe recoge la denuncia de la industria minorista, en el sentido de que podrían elevarse los precios de los alimentos importados en un 22 por ciento después de Brexit. Los precios, que ya están subiendo y probablemente aumentarán más, se volverán más volátiles, perjudicando especialmente a los consumidores pobres. Los estándares de calidad a lo largo de las cadenas de suministro, que actualmente están fijados por la UE, pueden disminuir y pueden hacerlo abruptamente.
Al margen de estas recomendaciones, el informe pide a la sociedad civil y a la academia que presionen al Gobierno y al Parlamento para que aprueben un compromiso político con un sistema alimentario de bajo impacto y orientado a preservar la salud. También recomiendan la creación de un marco estatutario para los alimentos y que se comprometan con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y con el acuerdo climático de París. Por último, piden la creación de una nueva Comisión Nacional de Alimentación y Agricultura.
Merece la pena subrayar esta reflexión del profesor Lang: “El Reino Unido entró en la Segunda Guerra Mundial con planes de emergencia. Nadie ha advertido al público que un Brexit alimentario conlleva riesgos reales de interrupción de las fuentes, los precios y la calidad. «Los alimentos conforman la mayor parte de las regulaciones y leyes relacionadas con la Unión Europea, pero hasta ahora el Gobierno sólo ha anunciado una nueva Ley de Agricultura y Pesca. «Los consumidores británicos gastan al año unos 200.000 millones de libras, y toda la cadena alimentaria contribuye con un valor añadido bruto de 110.000 millones de libras, de los cuales la agricultura representa menos de 9.000 millones de libras esterlinas.
José María Fernández-Rúa
