Aprobado el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el Congreso

La Comisión de Hacienda y Función Pública ha aprobado recientemente, con 20 votos a favor y 17 abstenciones, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE. Una vez debatidos y votados en Comisión, con competencia legislativa plena, el informe de la ponencia y las enmiendas al articulado, el texto continuará su tramitación en el Senado de España.

La iniciativa, elaborada por el Gobierno y que superó el debate de totalidad en Pleno el pasado 16 de febrero, tiene como objetivo, argumenta el Ejecutivo, regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Además, pretende asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

La primera ley de Contratos Públicos de la legislación española se publicó en 1852 en el Gobierno de Juan Bravo Murillo; en esta ocasión se va a crear un organismo independiente para la supervisión y regulación de la contratación pública, lo que puede suponer un giro radical a la forma de proceder hasta la fecha en unos procesos que suponen casi 200.000 millones al año (el 20% del PIB). La creación de esta oficina independiente ha sido defendida especialmente por Ciudadanos. El nuevo organismo tendrá un corte parecido a la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) y supervisará que los contratos se realicen conforme a unos mínimos de rentabilidad y transparencia, amén de regular y lanzar avisos sobre cómo se debe proceder en las administraciones. Cabe destacar que la nueva oficina tendrá un presidente y cuatro vocales con mandatos de seis años de duración.

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