Investigan nuevos componentes para las baterías de litio

La mayoría de las baterías de litio que se comercializan hoy por hoy en todo el mundo tienen como destino desde vehículos eléctricos a teléfonos móviles. En su interior tienen un líquido que actúa como electrolito entre dos electrodos. Los analistas coinciden en señalar que si utilizaran un electrolito sólido aumentarían no solo las ventajas de seguridad, sino también la capacidad de almacenamiento de energía de estos ingenios.

La mayoría de las baterías de litio que se comercializan hoy por hoy en todo el mundo tienen como destino desde vehículos eléctricos a teléfonos móviles. En su interior tienen un líquido que actúa como electrolito entre dos electrodos. Los analistas coinciden en señalar que si utilizaran un electrolito sólido aumentarían no solo las ventajas de seguridad, sino también la capacidad de almacenamiento de energía de estos ingenios.

 

En “Advanced Energy Materials”, los profesores Craig Carter, Lukas Porz, Tushar Swamy, Daniel Rettenwander, Harry Thomas, y Yet-Mit Chjiang, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), junto con Stefan Berendts de la Universidad Técnica de Berlín; Reinhard Uecker, del Instituto Leibnitz; Brian Sheldon, de la Universidad de Brown y Till Fromling, de la Universidad de Darmstadt, recuerdan que el electrolito en una batería es el material que se sitúa entre los electrodos positivo y negativo.

Cada vez que se carga o drena, los átomos cargados eléctricamente (iones) atraviesan el electrolito de un electrodo a otro. Sin embargo, los electrolitos líquidos se pueden inflamar como ya ha ocurrido con algunos teléfonos celulares de fabricantes japoneses, en los que se han incendiado sus baterías. La consecuencia inmediata fue que compañías aéreas estadounidenses prohibieron de inmediato que sus pasajeros viajaran con estos teléfonos celulares. La industria japonesa se “puso las pilas” para, con ayuda de lobistas de Estados Unidos, explicar al sector aéreo que se había tratado de hechos puntuales.

Otra desventaja, señalan, son las acumulaciones de metal que se pueden originar en un electrodo y si llegan al otro pueden causar un cortocircuito, con lo que se dañaría la batería.

Han pasado más de cuarenta y cinco años desde que se produjeron los primeros problemas en las baterías recargables de litio, al formarse dendritas, y como señalan estos expertos todavía no se ha encontrado una solución al problema. Sin embargo, varios grupos de investigadores tratan de desarrollar desde hace relativamente poco tiempo electrolitos sólidos para estos dispositivos. De momento, trabajan con sulfuros de fósforo de litio y óxidos metálicos. En teoría buscan un material que sea rígido y no elástico, pero los que han probado hasta la fecha no han dado los resultados esperados en laboratorio. Un material más rígido, señalan estos expertos del MIT, debe ser más resistente a algo que intenta presionar en su superficie.

Cuando los investigadores hayan conseguido este objetivo el siguiente paso será convencer a las autoridades regulatorias de la necesidad de cambiar estos dispositivos, con lo que los lobistas ya están preparando los argumentos necesarios para llevarlo a cabo.

 

José Mª Fernández-Rúa

Aprobado el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el Congreso

La Comisión de Hacienda y Función Pública ha aprobado recientemente, con 20 votos a favor y 17 abstenciones, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE. Una vez debatidos y votados en Comisión, con competencia legislativa plena, el informe de la ponencia y las enmiendas al articulado, el texto continuará su tramitación en el Senado de España.

La Comisión de Hacienda y Función Pública ha aprobado recientemente, con 20 votos a favor y 17 abstenciones, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE. Una vez debatidos y votados en Comisión, con competencia legislativa plena, el informe de la ponencia y las enmiendas al articulado, el texto continuará su tramitación en el Senado de España.

La iniciativa, elaborada por el Gobierno y que superó el debate de totalidad en Pleno el pasado 16 de febrero, tiene como objetivo, argumenta el Ejecutivo, regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Además, pretende asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

La primera ley de Contratos Públicos de la legislación española se publicó en 1852 en el Gobierno de Juan Bravo Murillo; en esta ocasión se va a crear un organismo independiente para la supervisión y regulación de la contratación pública, lo que puede suponer un giro radical a la forma de proceder hasta la fecha en unos procesos que suponen casi 200.000 millones al año (el 20% del PIB). La creación de esta oficina independiente ha sido defendida especialmente por Ciudadanos. El nuevo organismo tendrá un corte parecido a la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) y supervisará que los contratos se realicen conforme a unos mínimos de rentabilidad y transparencia, amén de regular y lanzar avisos sobre cómo se debe proceder en las administraciones. Cabe destacar que la nueva oficina tendrá un presidente y cuatro vocales con mandatos de seis años de duración.

Trump dio luz verde a una partidaria de las vacunas para dirigir los Centros de Control de Enfermedades (CDC)

El Gobierno estadounidense acaba de designar a una reconocida especialista en microbiología y en salud pública como nueva directora de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta (www.cdc.gov).

El nombramiento de la doctora Brenda Fitzgerald ha sido criticado por los lobbies de los grupos antivacunas de ese país, ya que desde hace mucho tiempo ha dicho públicamente que las vacunas son más que necesarias para evitar fallecimientos evitables de niños, jóvenes y adultos. Además su designación para este importante cargo no requiere la confirmación del Senado, por lo que esos grupos minoritarios no podrán destituirla fácilmente. En un ataque de rabia han hecho pública una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que, entre otras cosas, le recuerdan que ellos, los antivacunas, le dieron su voto para que ganase las elecciones.

Las inmunizaciones, como recordaba la nueva directora de los CDC estadounidenses la primavera pasada cuando trabajaba como responsable de salud pública del estado de Georgia, son la mejor manera de proteger a los bebés y niños de las enfermedades infantiles, como la tos ferina y el sarampión que pueden poner en peligro sus vidas. En este sentido, Brenda Fitzgerald que, además, es especialista en ginecología y como tal ha trabajado en diversos centros sanitarios de su país, ha dicho públicamente que había escuchado todos los argumentos contra las vacunas para matizar que “todos han sido desmentidos. Incluido el infame estudio de los años ochenta en Europa sobre la vacuna triple vírica y su supuesto vínculo con el autismo que ahora sabemos que es falso pero que hizo mucho daño a las vacunas en diversos países europeos.

Es necesario recordar que el médico británico Andrew Wakefield consiguió publicar en “The Lancet” un estudio, que luego se vio que era falso, en el que vinculaba alta probabilidad de padecer autismo con la vacuna que protege del sarampión, parotiditis y rubeola. Tiempo después, la revista retiró el estudio y, paralelamente, las autoridades inglesas prohibieron ejercer la medicina a este individuo. Pero el daño estaba hecho y, todavía hoy, algunos desaprensivos siguen utilizando ese trabajo, repito falso, para atacar a las vacunas. Las personas con escaso o nulo conocimiento de estos temas y, en general, de otros muchos, se dejan convencer fácilmente.

Ya para terminar traigo a colación unos datos contrastados no solo por los CDC sino también por otros organismos internacionales como la OMS: las vacunas evitan, actualmente unos tres millones de muertes al año. Esta cifra se traduce en una prevención de sesenta fallecimientos por hora. Hoy en día hay más de cuarenta preparados para prevenir veinticinco enfermedades evitables, y se trabaja en conseguir nuevas vacunas para el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa el sida, y algunos tipos de cáncer, entre otras enfermedades.

José María Fernández-Rúa

Reputation Institute y Real Instituto Elcano analizan la reputación de España en el mundo durante 2017

Reputation Institute y Real Instituto Elcano han publicado recientemente la edición de 2017 del informe que analiza la reputación de España en el mundo mediante encuestas de opinión entre ciudadanos de diecinueve países, utilizando la metodología Country RepTrak®. El estudio «La reputación de España en el mundo« tiene por objetivo analizar la percepción que de España tiene una muestra representativa del público general de 23 países, entre ellos los pertenecientes al influyente grupo del G8. Los indicadores de percepción facilitados por este estudio complementan otros de realidad, que conjuntamente son utilizados por el Real Instituto Elcano para analizar la Marca España y definir las líneas estratégicas de su gestión, que posteriormente serán implementadas mediante planes operativos de actuación por la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La reputación de España en 2017 continúa su recuperación tras el duro ajuste sufrido en el trienio 2011-2013. No obstante, en términos generales la reputación de España continúa apalancándose en sus variables más soft, aquellas que tienen que ver con el talante de sus habitantes, el estilo de vida, el entorno natural o las posibilidades de ocio y entretenimiento. Variables hard, como nuestro nivel de tecnología e innovación, el reconocimiento de nuestras marcas comerciales y empresas o nuestro sistema educativo continúan reconociéndose como las principales debilidades de nuestra percepción internacional. En un lugar intermedio estarían algunas de las variables de la dimensión Calidad institucional, que, junto, con las de naturaleza económico-empresarial, fueron las que en mayor medida acusaron el impacto de la reciente crisis económica, pero que a partir de 2014 iniciaron una senda alcista que sigue prolongando en 2017.
 
Por último, la percepción que los españoles tienen de su país continúa acortando distancias con la percepción exterior, después de que en los años más duros de la crisis económica aquella registrara una caída acusada. Cabe destacar que la mejora de la reputación de España en el mundo resulta clave para la atracción de inversiones internacionales, más aún en el contexto que se abre con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El «Brexit alimentario» subirá los precios un 22 por ciento en el Reino Unido


Los ingleses no están preparados para el impacto del Brexit en el sistema alimentario, según un documentado trabajo de tres de los principales analistas en política alimentaria y agrícola que también dictan clases en las Universidades de Sussex, Londres y Cardiff.

Si el Gobierno británico opta por un “Brexit duro”, la industria minorista de ese país pronostica aumentos de precios de hasta un 22 por ciento en los alimentos importados. Erik Millstone (Universidad de Sussex), Tim Lang (Universidad de Londres) y Terry Marsden (Universidad de Cardiff), coinciden en subrayar que salir de la Unión Europea plantea serios riesgos para los intereses de los consumidores británicos y, de forma directa sobre las empresas y trabajadores del sector alimentario.

Afirman que esto se debe a que no hay una visión del Gobierno para la alimentación o la agricultura del Reino Unido, y que los precios, la calidad, el suministro y el medio ambiente se verán afectados negativamente incluso con un “Brexit suave”.

En este informe de 86 páginas advierten que los consumidores británicos no han sido informados sobre las enormes implicaciones que se van a producir en el sector alimentario. Los británicos y la salud pública del Reino Unido se han beneficiado de los estándares de seguridad de la Unión Europea, sin los cuales –denuncian estos expertos- “se corre el riesgo de que el Reino Unido tenga menos productos seguros y nutritivos». La Unión Europea proporciona el 31 por ciento de los alimentos que se consumen en Gran Bretaña.

Los profesores Millstone, Lang y Marsden basan sus conclusiones después de consultar más de doscientas fuentes, entre ellas entrevistas con personalidades de toda la cadena alimentaria, así como documentos oficiales estadística e informes de la industria alimentaria del Reino Unido.

Advierten que un «Brexit alimentario» puede incluso producir desabastecimiento de algunos productos, al tiempo que destacan la escasa o nula experiencia de las autoridades británicas en este campo para negociar con la Unión Europea. Pero ya se han producido algunas declaraciones oficialistas en el sentido de que el lobby de la industria alimentaria está detrás de este informe.

El documento examina los datos disponibles, las políticas y la información de la industria y del gobierno sobre una amplia gama de cuestiones, incluyendo la producción, agricultura, empleo, calidad, normas de seguridad y medio ambiente.

Así, se destacan varias cuestiones que, en opinión de estos especialistas, el gobierno británico debe abordar en las negociaciones con la Unión Europea. Entre ellas recomiendan la elaboración de un plan integral de abastecimiento de alimentos; clarificación en los alimentos que cruzan la frontera de la República de Irlanda a Irlanda del Norte; nuevas leyes para sustituir las cerca de cuatro mil normas legales de la Unión Europea relacionadas con la alimentación; subvenciones para sustituir a la política agrícola común de la UE; y medidas para contener la subida de alimentos importados.

En este punto, el informe recoge la denuncia de la industria minorista, en el sentido de que podrían elevarse los precios de los alimentos importados en un 22 por ciento después de Brexit. Los precios, que ya están subiendo y probablemente aumentarán más, se volverán más volátiles, perjudicando especialmente a los consumidores pobres. Los estándares de calidad a lo largo de las cadenas de suministro, que actualmente están fijados por la UE, pueden disminuir y pueden hacerlo abruptamente.

Al margen de estas recomendaciones, el informe pide a la sociedad civil y a la academia que presionen al Gobierno y al Parlamento para que aprueben un compromiso político con un sistema alimentario de bajo impacto y orientado a preservar la salud. También recomiendan la creación de un marco estatutario para los alimentos y que se comprometan con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y con el acuerdo climático de París. Por último, piden la creación de una nueva Comisión Nacional de Alimentación y Agricultura.

Merece la pena subrayar esta reflexión del profesor Lang: “El Reino Unido entró en la Segunda Guerra Mundial con planes de emergencia. Nadie ha advertido al público que un Brexit alimentario conlleva riesgos reales de interrupción de las fuentes, los precios y la calidad. «Los alimentos conforman la mayor parte de las regulaciones y leyes relacionadas con la Unión Europea, pero hasta ahora el Gobierno sólo ha anunciado una nueva Ley de Agricultura y Pesca. «Los consumidores británicos gastan al año unos 200.000 millones de libras, y toda la cadena alimentaria contribuye con un valor añadido bruto de 110.000 millones de libras, de los cuales la agricultura representa menos de 9.000 millones de libras esterlinas.

 

José María Fernández-Rúa

El Gobierno crea una comisión de expertos para estudiar la transición energética

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. La comisión estará formada por catorce expertos independientes y de reconocido prestigio, cuyo objetivo será elaborar un informe que será remitido al Ejecutivo para valorar la estrategia a seguir en una potencial transformación del modelo energético de España. Aspectos como la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) o la penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo, serán tratados en el documento elaborado por los especialistas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética, garantizando la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental. La comisión estará formada por catorce expertos independientes y de reconocido prestigio, cuyo objetivo será elaborar un informe que será remitido al Ejecutivo para valorar la estrategia a seguir en una potencial transformación del modelo energético de España. Aspectos como la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) o la penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo, serán tratados en el documento elaborado por los especialistas.

La composición exacta del grupo será la siguiente: cuatro expertos designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales (UGT, CC OO y CEOE). El grupo tendrá seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para su posterior paso por el Consejo de Ministros. El Gobierno enviará el informe al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre el mismo. Según anunció el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término del Consejo de Ministros, la creación de la comisión se enmarca en el objetivo de impulsar la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental.

Esta iniciativa se une a otras que ya ha puesto en marcha el Gobierno para la elaboración de una estrategia global en materia de energía y cambio climático con el mayor consenso posible y que impulse la competitividad y la creación de empleo. En particular, en marzo pasado se creó un Grupo de Trabajo Interministerial para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por su parte, las ONGs medioambientales han criticado su exclusión del grupo de expertos y demandan un mayor protagonismo en la toma de decisiones sobre el nuevo modelo energético.

Cáncer: sigue la esperanza, columna de José Mª Fernández-Rúa

Con menor presencia de investigadores y clínicos españoles que otros años, en la reunión anual de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO), celebrada en Chicago, se han puesto en valor las combinaciones de inmunoterapias para fortalecer el sistema inmunitario de estos pacientes.

Con menor presencia de investigadores y clínicos españoles que otros años, en la reunión anual de la Asociación Americana de Oncología Clínica (ASCO), celebrada en Chicago, se han puesto en valor las combinaciones de inmunoterapias para fortalecer el sistema inmunitario de estos pacientes.

 

Álvaro Nadal, en el Congreso de los Diputados para explicar la próxima subasta de energías renovables

 

La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados  acogió el pasado 28 de junio la comparecencia del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de España, para informar sobre la posición del Gobierno en relación a la propuesta de medidas «Energía Limpia para todos los europeos», sobre la subasta de energías renovables y sobre la  reordenación de las tarifas eléctricas industriales, entre otros temas.

El Gobierno ha anunciado que celebrará la nueva subasta de renovables el 26 de julio con la puesta en juego de al menos otros 3.000 megavatios (MW) ‘verdes’. Álvaro Nadal señaló su deseo de que esta nueva subasta sea «más compensada» entre las diferentes tecnologías, después de que en la pasada subasta la eólica se adjudicara más del 99% de lo ofertado. En este sentido, se señaló que el Ejecutivo debe ser «neutral» en el proceso en lo que respecta a las tecnologías, estando el Ministerio «abierto» a dar licencias a cualquier parque renovable que quiera instalarse, sin necesidad de acudir a las subastas.

Se destacó que las normas de la subasta no buscan «favorecer unas tecnologías sobre otras, sino que el criterio es la instalación de renovables en España que «no cuesten al consumidor». De igual forma, Nadal mostró su confianza en que esta nueva subasta, al igual que la celebrada el pasado mes de mayo, será «un éxito» y permitirá la entrada de nueva energía renovable «sin ningún tipo de prima» y a precio de mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha supervisado con rigurosidad cada una de las subastas con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.