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• Se trata de un semáforo nutricional que otorga mejor puntuación a algunos alimentos procesados, azucarados o bebidas carbonatadas, que a alimentos como el aceite de oliva o el jamón ibérico 
• En Europa aún no se ha acordado un modelo de etiquetado frontal común a todos los EEMM para ofrecer a los consumidores la información nutricional 

Desde 2016, es obligatorio que todo alimento y bebida no alcohólica incluya en su etiquetado una declaración nutricional. Aunque en Europa no se ha definido aún un sistema armonizado para informar a los consumidores de estos datos nutricionales, la OMS sí ha apostado por el etiquetado nutricional frontal. Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha apostado por ir incluyendo el esquema francés Nutri-Score como modelo de etiquetado frontal de los alimentos. 

Nutri-Score, también conocido como “semáforo nutricional”, es un sistema gráfico de letras y colores que clasifica a los alimentos en función de su calidad nutricional. Para ello, distingue cinco categorías —que nombra con las letras A, B, C, D y E—, identificadas por colores, que van desde el verde oscuro —mejor calidad nutricional— hasta el naranja oscuro —peor calidad—. Según este código, los productos catalogados como A, B y C se integrarían en el paquete de alimentos “favorables”, mientras que los incluidos en D y E habrían de considerarse como alimentos “desfavorables”. 

La irrupción de este modelo de etiquetado nutricional frontal ha acentuado la urgencia de la educación social en nutrición, pues los consumidores debemos estar preparados para saber interpretar los resultados de herramientas como esta. 

Por su parte, son muchos los expertos en nutrición —y también del sector agroalimentario— que han mostrado su intranquilidad ante la implementación de Nutri-Score en nuestro país, dado que, al no tratarse de una iniciativa promovida por la UE, cada Estado miembro tiene la potestad para decidir qué modelo de etiquetado frontal implementa. Y esto, en una sociedad globalizada como la nuestra, se presenta como uno de los principales inconvenientes. 

Hasta que la Unión decida apostar firmemente por una única opción, los consumidores se encontrarán con dificultades a la hora de realizar su compra, tanto en la interpretación del etiquetado nacional que aún se considera nuevo, como si hacen la compra en un país distinto al suyo, con un modelo de etiquetado diferente. 

Otra de las principales debilidades que se atribuyen a Nutri-Score es que su sistema de cálculo no tiene en cuenta las características propias de la dieta mediterránea. El aceite de oliva, el jamón ibérico o el queso han sido algunos de “nuestros” productos cuya clasificación no les ha hecho justicia. De hecho, la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español alertó al Gobierno de España sobre la minusvaloración de los beneficios saludables de este alimento y trasladó su rotundo rechazo al semáforo nutricional ante el Ministerio de Consumo. 

Ante tales evidencias, el Ministerio que lidera Alberto Garzón ha formalizado ante los órganos de gobierno de Nutri-Score una propuesta de exclusión del aceite de oliva de esta herramienta. Un paso en firme que, sin duda, apuesta por la defensa del aceite en España, pero que lamentablemente le mantendrá como “desfavorable” en el resto de países que adopten este modelo de etiquetado.

Lo que parece aún más desacertado de este semáforo nutricional es que mientras demoniza a alimentos representativos de la dieta mediterránea, otorga una mejor posición a determinados alimentos procesados, azucarados o bebidas carbonatadas. Es por esto que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una proposición no de leyinstando al Gobierno a que se adapte Nutri-Score a los hábitos de consumo de los españoles. De esta forma, los alimentos representativos de “nuestra” dieta mediterránea no se verían perjudicados por el modelo de etiquetado frontal. El texto se ha aprobado con el apoyo generalizado de la Comisión y las 9 abstenciones del Grupo Popular, quien reclamaba al Gobierno posponer la implantación obligatoria de este sistema de etiquetado hasta que la UE apruebe un modelo estandarizado y validado por todos los sectores implicados. 

En esta tesitura, cabe preguntarse si existen alternativas a Nutri-Score. Y, efectivamente, son varias las opciones. Una de las que suena con más fuerza entre los expertos es la propuesta italiana Nutrinform. Se trata de un modelo que no determina si un alimento es “bueno” o “malo”, sino que ofrece información sobre sus contribuciones nutricionales en relación con las necesidades diarias de las personas, y las compara con las cantidades recomendadas por la UE.

Sin duda, la Unión Europea tiene por delante un reto de gran trascendencia, pues salud y alimentación son, sin duda alguna, piedras angulares de toda sociedad, y ambas están ampliamente involucradas en este ámbito. ¿Qué criterios fundamentarán su apuesta por un modelo concreto de etiquetado frontal de los alimentos? 

Jorge Ruiz

Analista en Cariotipo Lobby & Comunicación

Parémonos a pensar en todos los retos que nuestras sociedades deben afrontar actualmente. La lista puede hacerse interminable, ¿verdad? La pandemia de la SARS-CoV-2 ha acelerado, por un lado, la necesidad de abordar aquéllos contra los que ya trabajábamos y, por otro, ha puesto de relieve determinadas situaciones que llevan pasando desapercibidas desde hace tiempo. En este contexto, el reto demográfico se presenta como la gran problemática de nuestra sociedad.

La despoblación rural y la presión sobre las ciudades son las dos patas interrelacionadas del reto demográfico. Éstas dos, por sí solas, son capaces de aglutinar los principales problemas – resaltados o revelados por la pandemia – a los que tenemos que hacer frente: cambio climático, empleo, vivienda, conectividad, transformación digital, envejecimiento, salud, acceso a servicios públicos y privados, brecha de género, igualdad, soberanía alimentaria… La lista continúa.

Así, la vida en las grandes ciudades, con sus problemas derivados de las altas densidades, la escasez de espacio público, estrés y alto precio de la vivienda se ha contrapuesto a las ventajas del medio rural. Sin embargo, estas ventajas se ven truncadas por la grave crisis estructural que atraviesa gran parte del territorio español: regresión demográfica, conectividad insuficiente, falta de servicios, falta de oportunidades, escasa diversificación económica. En conjunto, este diagnóstico ofrece también una radiografía que excede lo meramente individual. En jaque se halla un patrimonio tanto material como inmaterial extremadamente rico, que, vinculado al sector agrario, supone la base de muchas tradiciones y profesiones en riesgo de desaparición.

El 90% de la población vive en el 30% del territorio. Esto quiere decir que 4,6 millones de personas se reparten por los más de 353.000 km² de la España “vaciada”, lo que crea severas externalidades negativas a la hora de garantizar inversiones, tanto públicas como privadas, por la escasa densidad de la población y de los mercados. Archiconocidos son los problemas a los que nuestros pueblos e incluso ciudades pequeñas de las provincias de interior se enfrentan: cierre de sucursales bancarias, cierre de consultorios de salud, cierre de escuelas y estaciones de transporte, escasez de comercio y telecomunicaciones precarias.

Con la pandemia, los medios de comunicación se hacen eco de la aparente revitalización de nuestros campos y pueblos. Sin embargo, la realidad es que esta denominada vuelta al campo propiciada por la irrupción del SARS-CoV-2 sólo acaba beneficiando a las áreas rurales de los primeros círculos de la periferia urbana, es decir, a las zonas mejor conectadas con las ciudades y con el resto del mundo a través de internet.

Desde que por primera vez la atención mediática y política se centró en la despoblación, allá por 2017, llevamos esperando una estrategia nacional para el reto demográfico. Hoy, parece que estamos más cerca de conseguirla. Recientemente, el Gobierno presentó las líneas estratégicas en las que se distribuyen las 130 actuaciones del Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, un trabajo que se ha extendido durante cerca de cuatro años. Para su financiación, el Gobierno destinará un 10% de los fondos europeos que España recibirá a través del Plan de Recuperación: España Puede – unos 10.000 millones de euros.

Con un marco de actuación a 3 años vista para la primera fase, con el Plan de Medidas se pretende mejorar la vertebración territorial de España, eliminar la brecha urbano-rural e impulsar actuaciones sobre el territorio para reactivar las zonas más afectadas por las urgencias del reto demográfico, y todo ello en línea con las 4 áreas de actuación del Plan de Recuperación a presentar a Bruselas: España verde, España digital, España sin brechas de género y España cohesionada e inclusiva. 

Sin embargo, aunque todo apunta a que por primera vez se contará con un verdadero plan en materia de despoblación, este documento ejecutivo debe enfrentarse a cuatro retos importantes y que determinarán el éxito de las medidas:

• Compensar la reducción de la inversión europea en el ámbito rural. En efecto, el marco financiero plurianual de la UE ha recortado los fondos de la PAC y de cohesión regional en un 13% y un 11%, respectivamente. 
• Integrar un modelo ascendente, en el que los Grupos de Acción Local tengan un papel protagonista dado el éxito de sus iniciativas.
• Revivir, actualizar e integrar en el Plan la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Hasta la fecha, el único marco normativo que, de haberse dotado de fondos, pudiera haber tenido un impacto real en las zonas rurales. Esta es una reivindicación ampliamente compartida por la FEMP, asociaciones como Soria ¡YA! y Teruel Existe, o la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa.
• Evitar más retrasos en la aprobación de la estrategia. La situación de algunas zonas rurales de España es crítica. La población de las zonas rurales de Soria es hoy algo menos de dos tercios de lo que era en 1950. Aún así, los ritmos administrativos y electorales podrían retrasar nuevamente la aprobación del Plan. La realidad es que el Plan de Recuperación: España Puede, tendría que haberse aprobado en el Consejo de Ministros del martes 13 de abril y, sin embargo, el Gobierno ha retrasado una semana su aprobación. Recordemos que los fondos para el Plan de Medidas procederán, precisamente, de dicho plan.    

Carlos Llobregat

Analista en Cariotipo Lobby & Comunicación

La diáspora bolivariana continúa sin señal de ralentizar  

Es difícil saber qué política migratoria conviene tomar en momentos de crisis, sobre todo cuando los problemas internos impiden tener una reacción coherente y digna ante la magnitud de los acontecimientos.

Cuando la Venezuela de 1939 se vio ante el inicio de una crisis de refugiados provenientes de Europa, se enfrentó a ella mediante sucesivas posturas. Inicialmente, comenzó aceptando a aquellos que emigraban por razones políticas, posteriormente, también a aquellos que huían por motivos religiosos y, finalmente, culminó con la “política de puertas abiertas” promulgada 1952 y potenciada con la Ley de Naturalización de 1955 que aceptaba a todos aquellos que huían sin importar el motivo (económico o político) de una Europa devastada por las sucesivas guerras.

En este momento histórico, el boom petrolero en Venezuela generó una migración del campo a la ciudad, cuyos efectos intentaron paliar los primeros gobiernos después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, con acciones como la creación de colonias agrícolas, tales como Mendoza (1937) en la cual se establecieron 40 familias españolas.

La creciente integración de los inmigrantes europeos, tanto regulares como irregulares, le proporcionaron a Venezuela una ventaja competitiva en el ámbito económico que permitió su modernización. Tras la Ley de Nacionalización del Hierro (1975) y la Ley de Nacionalización del petróleo (1976) se generó una sucesión de políticas económicas y sociales que incentivaron la corrupción y la división de clases. Esta división, y la corrupción clara que dominaba en las instituciones, permitieron que un militar excarcelado, culpable de un intento de golpe de estado, alcanzara el poder democráticamente. Tras esto se enfoca en erosionar la división de poderes, acaparando las instituciones en una deriva autoritaria que no ha parado.

Ante los 4,8 millones de seres humanos que han huido en los últimos 5 años de la crisis política y económica en la que se encuentra Venezuela, es importante destacar la aceptación de la mayoría de los refugiados por Colombia y Perú (con aproximadamente 50% entre los dos), a los cuales se destina una gran proporción de los 320 millones de euros que la UE ha comprometido en ayudas -incluyendo en esta partida, 50 millones de euros anunciados por el gobierno de España.

Los cuerpos diplomáticos de la UE, con la delegación de España a la cabeza, se encuentran constantemente intentando un diálogo coherente con el régimen venezolano, buscando unas negociaciones serias que tomen en cuenta las condiciones y seguridad vital de los refugiados.

Es bien sabido que no es fácil dialogar con autócratas, pero no es comprensible que exista un proceso de extradición -todavía evitable- a un individuo que le fue retirada la alerta roja de Interpol por ser considerada “persecución política”, que será devuelto a Venezuela para ser juzgado por este régimen dictatorial, desatendiendo, de esta forma, a las recomendaciones del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que insisten en que “en Venezuela existe una violación sistemática de los derechos humanos”.

Según últimos datos de migrationdataportal.org, el número de solicitudes de asilo en España por parte de migrantes venezolanos es de, aproximadamente, 19.200 en 2020 frente al total de 133.000 solicitantes de asilo de todos los orígenes. Asimismo, existe una cifra aproximada de 57.500 refugiados venezolanos contabilizados en España. 

La UE se encuentra ante una crisis de refugiados de cifras inéditas que no ha sabido gestionar de la mejor manera. Queda pendiente, por parte de los políticos y las instituciones públicas, una reflexión interna sobre cómo pueden mejorar sus actuaciones para obrar de una manera más humanitaria que permita a estos seres humanos una vida digna, mientras se contribuye, con estas acciones, a solucionar los problemas que presentan los países europeos, dentro de sus fronteras, como el envejecimiento poblacional o la “España vaciada”.

Los tiempos de crisis requieren creatividad y aplomo, mientras los migrantes mueren en pateras o centros de refugiados, otros países integran a los refugiados e innovan con pueblos y aldeas autosustentables donde se ponen a prueba nuevas tecnologías ecológicas. Mientras tanto, una España vaciada amenaza con despoblar grandes extensiones de tierra que van lentamente desertizando la península. 

Queda pendiente actuar con coherencia según el contexto, tanto político como ambiental, así como aprender de aquellos que innovan e incorporar estos sistemas y herramientas a nuestro desarrollo.

La metáfora bélica, que a muchos pareció apropiada para afrontar el rápido avance de la COVID-19, puede resultar contraproducente. La sensación de vivir en estado de guerra activa mecanismos cognitivos y emocionales relacionados con el instinto de supervivencia, que incrementan la angustia y el miedo que la pandemia por sí misma genera. El pensamiento insolidario e irracional del “sálvese quien pueda” nos aparta de la opción colaborativa, la única ganadora en esta crisis, como señala un artículo publicado el 8 de marzo en el International Journal of Social Psychology (“COVID-19 and the metaphor of war”).

Se sugiere un cambio de relato que ponga en valor la actitud generosa de la mayoría y en el que estén presentes el cuidado por el otro, la solidaridad, la empatía, la obligación moral y la cooperación. La ciencia, tan renombrada ahora como ignorada antes, encarna tales valores y bien puede ser el eje de dicho relato, el hilo que nos conduzca a la salida del laberinto. Para ello, la comunicación de la ciencia debe trascender la divulgación del conocimiento y convertirse en un medio estratégico para hacer frente a los retos de la actual crisis y muchos otros que ya estaban en la agenda sociopolítica.

En este sentido, el esfuerzo cooperativo para el desarrollo de vacunas y su distribución, que es fruto de la colaboración global de organizaciones públicas y privadas, no está siendo suficientemente ponderado. Una inadecuada o ineficaz información al respecto entraña graves riesgos, tanto a corto como a largo plazo, ya que cualquiera de las estrategias de erradicación del virus pasa por la vacunación generalizada.

Llegados a este punto, se hace necesario subrayar que la investigación biomédica y la industria farmacéutica están donde se las esperaba o incluso más allá de lo que muchos aventuraban. Gracias a ellas, con los apoyos imprescindibles de los poderes públicos, estamos viendo surgir vacunas eficaces en distintos puntos del mundo. La gran inversión en el sector y el duro trabajo de los equipos científicos y de producción, que aceptaron el reto y trabajan con mucha presión, son los motores hacia la esperada recuperación sanitaria y económica. 

Si analizamos el coste de la innovación, ahora somos más conscientes que nunca de que invertir en salud es hacerlo en prosperidad y sostenibilidad. Más concretamente, la inversión en I+D está aportando sostenibilidad al Sistema Nacional de Salud. En este sentido, Farmaindustria mantenía un acuerdo de colaboración con los Ministerios de Sanidad y Hacienda hasta el 30 de junio de 2020. El pacto, en palabras del presidente de la patronal, Martín Sellés, tenía como objetivo la “implicación de todas las entidades involucradas en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la racionalización del gasto farmacéutico público”. A pesar de la patente necesidad de una nueva negociación, adaptada a las circunstancias extraordinarias, no se ha podido avanzar en esta línea por la crisis sanitaria que atravesamos.

Sin embargo, la ciencia, como la vida, no se detiene, no se puede detener, y siempre que alcanza una meta es el punto de partida hacia nuevos descubrimientos. Las vacunas contra la COVID-19 son una realidad muy esperanzadora, como lo fueron en su día las de la viruela o la polio, pero seguirá habiendo retos que necesiten de ese esfuerzo y valores de la ciencia, que deben de comunicarse a las personas para ayudarlas a gestionar sus emociones y alejarlas de la discordia bélica hacia un relato de solidaridad y cooperación.

Marina Diez

Directora de cuentas en Cariotipo Lobby & Comunicación

Es bien sabido por todos los sectores que la crisis causada por la COVID-19 ha traído consigo numerosos cambios, y nuevas fórmulas de trabajo que han llegado para quedarse. Entre los distintos aspectos, destaca la implementación, casi obligatoria, del teletrabajo.

Este nuevo paradigma trae consigo la necesidad de mirar hacia dentro de la compañía, con el objetivo de analizar nuestra comunicación interna, en un entorno donde los equipos han pasado a ser virtuales, y donde lo digital se ha apoderado de todas las acciones que llevamos a cabo. 

Por lo tanto, si apostamos por la integración del teletrabajo en nuestros equipos, ya sea de forma total o parcial, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cercanía: la flexibilización del lugar de trabajo es una gran herramienta para fidelizar el talento de las empresas, por eso es importante cuidarlo. Los equipos que trabajan desde casa deben sentirse cohesionados y necesitan el reconocimiento de los superiores, por lo que es importante no perder el pulso de la relación entre los distintos miembros del equipo.
2. Motivación: la inteligencia emocional se vuelve gran protagonista en toda estrategia de comunicación interna. La empatía y la formación que impulse el desarrollo profesional de los equipos, ayudará a mantener motivado a los miembros de la compañía. Este punto es especialmente crítico con las nuevas incorporaciones, que necesitan sentirse involucradas en la cultura de empresa 
3. Capacidad de ser resolutivo: las posibles crisis deben gestionarse de manera óptima. En el teletrabajo esto se consigue con buenas herramientas comunicativas: videoconferencias, chats en vivo, aplicaciones móviles, etc. que permitan actuar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Asimismo, estos aspectos deben ser contemplados en los planes de crisis. 
4. Organización: es el elemento clave de este nuevo entorno digital. Es fundamental trabajar en este aspecto y ser capaces de bridar de todos los recursos organizativos, así como herramientas de seguimiento de proyectos, para no perder el puso de los proyectos ni de los clientes. 

La adopción del teletrabajo es fruto de la evolución y de la transformación digital que estamos viviendo en todos los sectores y en todos los modelos organizacionales. Es por ello que debemos hacer un buen uso de las herramientas disponibles, para garantizar que la nueva forma de comunicarnos, tanto de forma interna como externa, sea óptima y clara. 

Asimismo, una buena gestión de estos cambios permitirá que la transformación que están sufriendo los recursos y procesos no se vea enturbiada y perdamos información vital para la coordinación de los equipos.

Renny Núñez

Consultor en Cariotipo Lobby & Comunicación