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Desde hace meses la comunidad científica recibe magníficas noticias sobre el cerco que se está produciendo a diversos carcinomas, entre ellos el melanoma.

Ciudadanos ha presentado recientemente una serie de preguntas parlamentarias respecto al retraso que se está experimentando en el acceso a fármacos contra el cáncer. Según han comentado los diputados Francisco Javier Cano y Francisco Igea, resulta “esencial el acceso a medicamentos que ayudan a prolongar la vida y mejorar la calidad de vida, así como unos precios justos de tales fármacos”. Los legisladores reclaman reducir el tiempo de incorporación de estos medicamentos a la prestación farmacéutica pública y fijar medidas efectivas para llevarlo a cabo. Así mismo, han abordado la fijación de precios, para que sea también compatible con la accesibilidad y la sostenibilidad de la innovación.

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha aprobado una moción consensuada entre PP y PSOE para promover un pacto de Estado por la Sanidad que, sin embargo, ha sido rechazado por Unidos-Podemos, por considerarlo un «brindis al sol», ERC y PNV, que cree que «no hace falta». La iniciativa propone la necesidad de promover un acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria que también esté consensuado con las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en esta materia, con el objetivo de dar «respuesta a los desafíos de universalidad, calidad, equidad y sostenibilidad» a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud (SNS).

«O hacemos un pacto claro o se nos puede gripar el sistema que nos hemos dado entre todos», ha defendido el senador ‘popular’ Antonio Alarcó, que ha invitado a todos los grupos a «buscar puntos de encuentro» y no imponer condiciones antes de analizar las necesidades del sistema, en alusión a una enmienda de Unidos-Podemos en la que pedía la derogación sanitaria del Real Decreto-Ley que puso en marcha la reforma sanitaria de 2012.

El portavoz socialista, José Martínez Olmos, ha mostrado su «escepticismo» en la iniciativa pero admite que es mejor una «actitud constructiva» para poder llegar a acuerdos, y ha asegurado que no renuncian a sus aspiraciones como la universalidad del sistema y una dotación financiera que corrija desigualdades. «Hay que corregir el rumbo y hacerlo con diálogo, porque eso le dará perdurabilidad», según ha defendido, dispuesto a «trabajar con propuestas argumentadas, huir de eslóganes y ver dónde están los problemas y dónde las soluciones». Además, ambos grupos han coincidido en que el acuerdo debe gestarse también en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

Uno de los mayores rompecabezas científicos tiene como protagonista a la lecha materna humana. En su composición figuran decenas de moléculas de azúcar diferentes (oligosacáridos) que varían en la lactancia.

El secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza, compareció ayer en el Congreso para dar cuenta sobre el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud y ha subrayado su importancia, pues “ha conseguido en menos de dos años que 65.000 personas estén ahora libres de esta enfermedad”.

Desde enero de 2015 a noviembre de 2016, se han tratado a 65.252 pacientes, se han incorporado a la cartera pública de servicios todas las innovaciones terapéuticas disponibles y validadas hasta la fecha por la Agencia Europea del Medicamento y, además, se ha creado una “Guía de Recomendaciones para el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias en el ámbito de atención primaria” que se presentará próximamente

La inversión requerida ha sido de 1.040 millones de euros en 2015, unos 600 millones en 2016, y se estima que llegará hasta los 200 millones en el presente ejercicio. El director General ha anunciado también que en el marco del Comité de Expertos y del Comité Institucional, con las CCAA y el Instituto de Salud Carlos III, se ha acordado proseguir las líneas de actuación planteadas y extender su puesta en marcha hasta 2020.

Castrodeza ha explicado también las cuatro líneas estratégicas en las que se sustenta el plan y que consisten en primer lugar en cuantificar la magnitud del problema y establecer medidas de prevención; en segundo lugar en definir los criterios científico-clínicos que permitan establecer la adecuada estrategia terapéutica considerando el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la Hepatitis C en el ámbito del Sistema Nacional de Salud; en tercer lugar establecer los mecanismos de coordinación para la adecuada implementación de la Estrategia y, por último, fomentar el avance en el conocimiento de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud.

El Plan se va a desarrollar hasta 2020, según acordó el Comité Institucional del plan, en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas, el pasado mes de noviembre. Esto deberá ser validado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Los objetivos de esta nueva etapa serán seguir trabajando para que los tratamientos innovadores sigan estando disponibles para todos los pacientes que los necesiten e incluyendo a aquellos enfermos cuyos grados de fibrosis sean menos significativos (F0 y F1). Son también objetivos acelerar la provisión de datos en el registro de pacientes y continuar con su estudio para contar con la mayor cantidad de información de calidad sobre la efectividad terapéutica que nos permita tomar las mejores decisiones sobre los tratamientos y el abordaje transversal de la enfermedad.

Un informe elaborado por ESADE y Antares Consulting sugiere que España deberá doblar su gasto sanitario en los próximos diez años e incrementarlo entre 32.000 y 48.000 millones de euros hasta 2025, para poder atender las necesidades del sistema y evitar nuevas desigualdades en salud. En virtud de estas previsiones, el gasto sanitario público en 2025 podría situarse entre los 97.000 y los 113.000 millones anuales, considerando que en 2015 habrá sido previsiblemente de 64.833 millones de euros.

Según el informe, la diferencia entre ambas cifras es el resultado de una estimación lineal o gestionada del gasto sanitario público. Así, los 16.000 millones de euros de diferencia entre ambos modelos son «el coste de no actuar, es decir, las necesidades de financiación del gasto público sanitario como consecuencia de no haber tomado suficientes medidas para gestionar el crecimiento del gasto sanitario de aquí al año 2025». Sin embargo, los autores también indican que los 32.000 millones de euros estimados en el escenario posibilista representan la base que habrá que financiar para cubrir las necesidades del sistema sanitario público en la fecha señalada.

El análisis muestra que el gasto en salud crece a medida que los países van desarrollándose, pero también que lo hace a un ritmo mayor que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), por término medio, 2 puntos por encima, lo cual suscita el debate sobre su sostenibilidad. Según Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management de ESADE y coautor del informe, «este debate, pese a ser importante y necesario, se ha realizado a menudo obviando los beneficios que el sistema sanitario aporta», informa Europa Press.

Por su parte, el socio director de Antares Consulting y coautor del informe, Joan Barrubés, admite que el debate acerca de la sostenibilidad del sistema sanitario requiere una visión más global que abarque diferentes aspectos, como las prioridades del gasto público y el nivel de riqueza común que la sociedad está dispuesta a dedicar a la salud, o una política fiscal eficaz para poder recaudar los recursos necesarios para financiar el conjunto del gasto público y, en particular, el gasto sanitario. Asimismo, también ha reclamado un debate más profundo sobre la cobertura del sistema, centrado más en la rentabilidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios que en la población cubierta, o el desarrollo de la única política que se ha demostrado eficaz hasta el momento: mejorar la gestión del coste de los procesos de asistencia sanitaria».

Las abejas tienen la capacidad de formar recuerdos complejos gracias a una serie de procesos neuronales, similares a los que ocurren en el cerebro humano.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado a conocer, el pasado 16 de enero de 2017, el informe “New Health Technologies: Managing Access, Value and Sustainability”, en el que se analiza la gestión de las tecnologías sanitarias, y se apuesta por un nuevo enfoque para el análisis de la calidad-precio de los nuevos productos sanitarios.

Este informe analiza las oportunidades que las nuevas herramientas tecnológicas pueden aportar a los sistemas de salud, y de igual forma detalla algunos de los retos, derivados de la innovación, para los formuladores de políticas sanitarias. Se identifica el Big Data como una ventana de oportunidad para mejorar la eficiencia de la gestión sanitaria, así como la trasparencia de ésta.

La OCDE insta a reforzar los controles sobre la eficacia de los nuevos fármacos y a ajustar los precios con base en el grado de innovación terapéutica que aporten, en comparación con las alternativas existentes.

Científicos holandeses han conseguido desarrollar los componentes necesarios para su creación.

El Partido Popular ha propuesto al resto de fuerzas políticas alcanzar un “gran Pacto por la Sanidad” que se sustente sobre seis principios básicos: equidad en las prestaciones sanitarias para toda la ciudadanía; cohesión entre las autonomías; calidad; innovación; seguridad para los pacientes y sostenibilidad. De este modo, el pacto sanitario vuelve a ser una posibilidad tras dos intentos infructuosos en sendas legislaturas anteriores. En esta ocasión, la necesidad de llegar a pactos y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, según explica Diario Farma, podría facilitar que se alcance un pacto que daría estabilidad al sistema sanitario. De hacerse realidad, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, habría acertado con su vaticinio de que será la ‘legislatura del consenso y del diálogo».

La propuesta, en forma de Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Sanidad del Senado, recoge la “necesidad de promover entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria un Pacto de Estado por la Sanidad consensuado con las comunidades autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, con el fin de lograr una gestión ágil, común y sostenible de todos los servicios sanitarios, y que dé respuesta a los desafíos de universalidad, calidad, equidad y sostenibilidad a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud”.

El PP explica que este Pacto “hará posible garantizar plenamente una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos y cuya gestión se desarrolle conforme plenamente a lo establecido en la Ley General de Sanidad”. Igualmente, el PP considera necesario alcanzar este pacto para “evitar que la Sanidad sea objeto de confrontación partidista, revitalizando los consensos políticos, profesionales y sociales fundamentales, de modo que el Sistema Nacional de Salud, sea defendido entre todos como uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar”.