Los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) han avalado por unanimidad este jueves la validez de la selección de medicamentos en Andalucía, conocida como la subasta andaluza de medicamentos. Su argumento principal es que no vulnera las competencias estatales pese a lo que defendía la Abogacía del Estado.
El conflicto por las subastas andaluzas de medicamentos se remonta a 2012, cuando Andalucía decidió convocar un concurso de fármacos para que las boticas andaluzas sólo dispensasen, ante recetas por principio activo, los medicamentos seleccionados por concurso a un precio más bajo (que el fijado con carácter nacional), en lugar de los de cualquier laboratorio de genéricos que estuviese situado al precio más bajo fijado en los listado nacionales.
El Gobierno central entendió que esta norma vulneraba las competencias estatales al suponer, en la práctica, una exclusión de facto de ciertos medicamentos del mercado andaluz y, muy grosso modo, la fijación de un precio diferente de financiación para ese principio activo en la autonomía, pese a que las citadas competencias tenían carácter estatal. Sobre esa base, el Gobierno central recurrió la subasta ante el Tribunal Constitucional.
