Mayor protección para los ciudadanos con la modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Esta modificación tiene por objeto la transposición, cuyo plazo finaliza el 1 de enero de 2018, al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2015/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Esta modificación tiene por objeto la transposición, cuyo plazo finaliza el 1 de enero de 2018, al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2015/2302 relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.

La directiva deroga la normativa comunitaria vigente sobre viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados, estableciendo un nuevo marco legal en la materia, que incrementa la protección de los consumidores, contempla la nueva forma de contratación a través de Internet, al tiempo que aumenta la transparencia, elimina ambigüedades y colma las lagunas legislativas existentes.

La nueva normativa introduce cambios como: “Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje incluidos en el contrato”, “Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una indemnización” o “Si el aumento de precio excede del 8% del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato”. Desde el Gobierno se busca racionalizar una actividad que se ha visto impulsada con la irrupción de las herramientas digitales en los hábitos de los consumidores.

El sector de los drones a la espera de una nueva regulación en España

El borrador del real decreto (RD) que fijará las reglas de juego de esta industria lleva un año a la espera de ser aprobado. La industria de los drones en España sigue a la espera de que se apruebe definitivamente el RD que regulará de manera permanente la actividad de este sector y cuyo último borrador fue aceptado el 27 de octubre de 2016. Por su parte, el sector reclama el desbloqueo de la nueva regulación, teniendo en cuenta que la norma actual -artículos 50 y 51 de la Ley 18/2014, de 14 de octubre de 2014- es provisional y no otorga la suficiente seguridad jurídica a los actores de esta industria.

El borrador del real decreto (RD) que fijará las reglas de juego de esta industria lleva un año a la espera de ser aprobado. La industria de los drones en España sigue a la espera de que se apruebe definitivamente el RD que regulará de manera permanente la actividad de este sector y cuyo último borrador fue aceptado el 27 de octubre de 2016. Por su parte, el sector reclama el desbloqueo de la nueva regulación, teniendo en cuenta que la norma actual -artículos 50 y 51 de la Ley 18/2014, de 14 de octubre de 2014- es provisional y no otorga la suficiente seguridad jurídica a los actores de esta industria.

Entre los aspectos más relevantes del RD, destacan los cambios de criterio respecto a los vuelos en ciudades, nocturnos o en espacios aéreos controlados, así como la fijación de requisitos definitivos para pilotos -deberán ser mayores de edad, llevar un libro de vuelos y ejercer sus funciones de manera regular-, la obligación de registro de los drones o el detalle de todos los aspectos sobre fabricación y mantenimiento. Cabe destacar que en España ya hay dados de alta más de 2.400 operadores, más de 3.000 drones registrados de menos de 150 kilogramos y más de 2.500 pilotos acreditados.

Por otra parte, el plan lanzado por el Ministerio de Fomento para digitalizar todos los transportes incluye el desarrollo de una plataforma de gestión de tráfico aéreo de vehículos no tripulados, una iniciativa estimada en unos 700.000 euros, que está en línea con el ya citado real decreto.

Además, la Unión Europea está trabajando en una normativa común para armonizar la regulación en los Estados miembros, que podría estar lista en 2019. La Comisión Europea propone la creación de un espacio aéreo exclusivo para drones, así como la creación de un registro europeo de aeronaves. Desde las instituciones europeas se buscará un proceso participado para la elaboración del nuevo marco regulatorio.