Pistolas taser: ¿medida de protección efectiva o peligro para la salud?

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia, ha anunciado que dotará a los agentes de la policía municipal de más de 200 dispositivos eléctricos defensivos, más conocidos como “pistolas taser”. El empleo de este tipo de armas está ampliamente extendido en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Italia. Además, desde 2008, en España hay policías autonómicas, como los Mossos d’Esquadra o Ertzaintza, así como ciertos policías locales que ya utilizan estos aparatos. 

Estos dispositivos eléctricos de control emplean alto voltaje y baja intensidad (2,1 miliamperios). Al disparase, dos electrodos con forma de arpón se clavan en el objetivo mientras el cable conductor sigue conectado a la pistola y se produce la descarga eléctrica. Dicha descarga continúa mientras el agente aprieta el gatillo, normalmente entre uno y cinco segundos. 

No obstante, hay investigaciones que afirman que la potencia de estas pistolas eléctricas puede ser mortal. Douglas P. Zipes, cardiólogo e investigador de la Universidad de Salud de Indiana publicó un estudio en el que afirma, sin género de dudas, que “un disparo con pistola Taser puede producir una muerte repentina. Es decir, desde el punto de vista clínico, un disparo en el pecho puede causar un paro cardiaco y una muerte posterior”.

A finales de 2016, Amnistía Internacional informaba de 700 muertes que habían sufrido algún incidente con estas armas. En 2017, una investigación de la agencia de noticias Reuters, daba la cifra de que en los últimos 20 años han fallecido más de 1.000 personas, un 44% más que la cifra de 2016. De la misma manera, los expertos reconocen que aún no se ha realizado un estudio riguroso, independiente e imparcial sobre el uso de estas armas. 

Como denuncian asociaciones como Amnistía Internacional, este tipo de armas, que se caracterizan por ser portátiles, fáciles de usar y tienen capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón sin dejar señales importantes. Por ello, son especialmente susceptibles de ser usadas para cometer abusos cuando se emplean como pistolas paralizantes, puesto que están diseñadas para generar «docilidad frente al dolor» y suelen emplearse contra personas que ya están bajo custodia o control de la policía, a menudo tras haber experimentado múltiples descargas. De esta manera, es necesario que el uso de estas armas está supeditado y debe llevarse a cabo por los agentes bajo los habituales principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad. 

Este anuncio del Alcalde de Madrid da respuesta a una reclamación altamente demandada por parte de los cuerpos y fuerzas del estado, entre ellos, la policía nacional y la guardia civil. De acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP)“las pistolas eléctricas son dispositivos de lesividad mínima que, gracias a la evolución tecnológica ha permitido eliminar los riesgos cardiacos durante su uso, ya que los impulsos eléctricos generados están muy lejos del umbral peligroso para la salud, incluso portando marcapasos”. Asimismo, un estudio de la Universidad Wake Forest determinó que el 99,75 % de las 1201 ocasiones en las que se habían utilizado las armas TASER sobre el terreno, con personas de diferentes edades y razas, no se infligían daños significativos. También, un informe realizado los expertos académicos James E. Brewer y Mark W. Kroll concluyó que la reducción de oficiales heridos fue del 63% y de sospechosos heridos del 64% desde que se había aplicado el uso de estas pistolas. 

Por otra parte, el uso de otros métodos como las porras policiales no están exentos de riesgos. A pesar de existir protocolos y formación, existe una variabilidad lógica en su uso (velocidad, fuerza, lugar de impacto) que puede ocasionar lesiones mayores. El uso de dispositivos automáticos homologados garantizaría una “estandarización” de la fuerza aplicada. 

Igualmente, todos los actores implicados coinciden en que es mejor utilizar una pistola Taser que un arma de fuego. Para ello, es necesario una legislación que se regule su uso y aplicación, definiendo claramente, en qué situaciones, bajo qué circunstancias y de qué forma utilizarlas para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos, así como de los cuerpos de seguridad del estado. 

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