La nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, afronta el difícil reto de, en un tiempo limitado y en clara minoría parlamentaria (sólo 84 diputados), llevar a cabo una serie de cambios para revertir la política sanitaria del PP. Ya en su discurso en la toma de posesión ha dejado claros los grandes objetivos de su mandato: derogar el copago, recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria y dar prioridad a la dependencia.
Un primer aspecto positivo es su experiencia de gestión al frente de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Otro, que la nueva ministra es médico, lo que no es muy habitual entre los ocupan la cartera ministerial de Paseo del Prado. Por el contrario, pesa en su contra la posibilidad de que lleve su ideología al cargo y, en lugar de mirar hacia delante, se dedique a extender al resto del Estado la tensión frente a la sanidad privada, tal y como sucedió con la reversión del modelo Alzira en Valencia. Sería un error, ya que el Sistema Nacional de Salud necesita de la aportación y participación de todas sus partes, incluidas las que se rigen por un legítimo ánimo de lucro, pues hacen su aportación a la salud de la población y son fuente de riqueza y empleo. En cualquier caso, dado que las competencias están transferidas a las CCAA, será difícil que pueda llevar a cabo una renacionalización de la atención privatizada.
Una de sus primeras medidas podría ser la derogación, total o parcial, del Real Decreto 16/2012, para volver a ofrecer una sanidad universal, que incluya a los extranjeros en situación irregular. Además, su intención de eliminar el copago de los medicamentos de los pensionistas, que Montón ya ha puesto en marcha en Valencia, supondría un mayor gasto de aproximadamente 400 millones de euros a las CCAA, según datos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de Españoles (FEFE). Otra opción a la reversión total sería modularlo para que los que tienen menos rentas paguen menos, y los que ingresan más abonen más.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene ante sí una serie de prioridades y problemas endémicos, que tendrá que afrontar con mucho diálogo y con la dificultad de ser un ministerio con capacidad ejecutiva limitada. En primer lugar, cronicidad e integración de la Atención Primaria y Especializada, sin olvidar el reto de salud pública que suponen las resistencias antibióticas y que, hasta ahora, sigue sin contar con una partida específica en los Presupuestos del Estado.
Otra de las claves del éxito de Montón estará precisamente en su compañera en Hacienda, María Jesús Montero, que deberá garantizar una financiación suficiente para una Sanidad que ha perdido 8.500 millones de euros en los últimos años y que precisa de fondos para garantizar la cohesión y el acceso a la innovación que llega.
Los profesionales sanitarios también reclaman recuperar sus condiciones laborales y será necesario tender puentes para volver a retomar la revisión global del modelo de troncalidad, aunque será difícil sacarla adelante en tan poco tiempo si no se cuenta con un amplio consenso. Fortalecer el sistema de atención a la dependencia y dar voz a los pacientes en los ámbitos de poder serán otros ejes en los que deberá trabajar Carmen Montón.
En cuanto a su política farmacéutica, la ministra de Sanidad tendrá que ver cómo hacer frente a la falta de equidad en las prestaciones y, ligado con esto, la de transparencia: el sistema trata de manera diferente a los enfermos según la comunidad e, incluso, dentro de esta, aunque muchas veces ni siquiera hay datos para explicar lo que sucede o para medirlo. Además, la nueva ministra tendrá que decidir si saca adelante la reforma del Real Decreto de Precios de Referencia y el ansiado Proyecto de RD de precios y financiación, así como definir el papel de España en los acuerdos de La Valeta sobre acceso a los medicamentos.
En este sentido, Montón se ha rodeado de su equipo en la Consejería de Sanidad de Valencia, por lo que se entiende que mantendrá una línea de continuidad. Al frente de Farmacia estará Patricia Lacruz, que lleva desde enero participando en reuniones de la Comisión Interministerial de Precios, con lo que ya ha adquirido experiencia en el manejo de la información sobre financiación de medicamentos. Habrá que estar atentos para ver si respeta el buen trabajo llevado a cabo por Encarnación Cruz, a favor de la transparencia, o si se plantea una reforma de la CIMP.
Lo que sí está claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto pronto a trabajar y seguro que ya tendremos noticias en el próximo Consejo de Ministros.
Paco Gutiérrez
Director Asociado
