La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha dado lugar a la adopción de medidas extraordinarias por parte de los Gobiernos, que han afectado tanto al ámbito público como al privado y que, en muchas ocasiones, han supuesto cambios en el proceso de toma de decisiones.

En este escenario, Transparencia Internacional ha alertado de un riesgo de pérdida de calidad democrática, al aparecer súbitamente agentes desconocidos o intermediarios poco fiables. También preocupa la afectación del funcionamiento de portales de transparencia, que están sufriendo enormes retrasos en la tramitación de solicitudes de información. Esto propicia desinformación y facilita la divulgación de bulos.

“Ante este riesgo, la actividad profesional del lobby se presenta como una práctica clave para garantizar al político información rigurosa, en un clima de confianza y lealtad mutua”. Así lo ha afirmado Carmen Mateo, presidenta de la consultora de lobby y comunicación Cariotipo, durante su intervención en la webinar “El valor de los Asuntos Públicos en tiempos de COVID-19”, organizada por la Deusto Business School.

Según explica la presidenta de Cariotipo, la confianza del político se genera a través de “comportamientos concretos y medibles”: decir claramente a quien representas; cuáles son los objetivos de tu cliente; y aportar datos reales y claros, que ayuden al político a conocer el problema, la empresa o el sector en cuestión, así como sus objetivos e intereses.

Regulación y profesionalización

Otra de las cuestiones en las que ha incidido Carmen Mateo durante su presentación ha sido en la importancia de diferenciar dos actividades opuestas que, a menudo, y fruto de la falta de conocimiento, se confunden: El lobby y el tráfico de influencias. “El lobby es una parte de la toma de decisiones públicas en democracia, mientras que tráfico de influencias es una actividad no lícita y que figura en el código penal”, destaca.

Las organizaciones internacionales coinciden en que un buen lobista aporta al decisor información que contribuye a mejorar la toma de decisiones. “Esto es así porque se invierte mucho tiempo en buscar datos, estudiar el problema y ver como lo han resuelto otros países de nuestro entorno. Con toda esta información se debe elaborar una buena historia, un caso, con argumentos sólidos y un lenguaje en clave política, adecuado a los distintos interlocutores”, subraya la presidenta de Cariotipo.

Una de las prioridades para la presente legislatura europea es el establecimiento de un registro de transparencia de los grupos de interés de la UE, jurídicamente vinculante en todas las instituciones de la UE.

En España, APRI, la asociación profesional de los lobistas, lleva reclamando desde 2007 a los distintos partidos políticos que se regule la actividad, mediante un registro centralizado y una serie de medidas que garanticen el libre ejercicio de la profesión. A este respecto, la presidenta de Cariotipo hace hincapié en la urgencia de normalizar la profesión, para lo que considera “imprescindible un marco jurídico en línea con las distintas tendencias europeas, que contribuya a normalizar y generar confianza en una actividad profesional consolidada y reconocida”.