Se trata de un informe que recoge la batería de normas que prevén aprobarse durante el año que viene
El Consejo de Ministros, del pasado jueves 7 de diciembre de 2017, aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018. Se trata de un informe que recoge la batería de normas que prevén aprobarse durante el año que viene; un total de 287 normas, de las cuales la gran mayoría serán reales decretos, en total 240, mientras que el resto se reparten entre 38 leyes ordinarias y 9 leyes orgánicas. Cabe destacar que nunca antes se habían desgranado los planes normativos del Ejecutivo antes de iniciarse el ejercicio, por lo que supone un avance importante en el objetivo de lograr una mayor trasparencia para la elaboración de las políticas públicas.
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que es la primera vez que el Ejecutivo aprueba un instrumento de esta naturaleza, que sitúa a España «en el liderazgo dentro de la Unión Europea y de los países de la OCDE en la buena regulación, la regulación inteligente». De esta forma, los ciudadanos y los operadores económicos, jurídicos y sociales podrán conocer con antelación los objetivos del Gobierno, pudiendo buscar sinergias.
Además, la vicepresidenta añade que “con esta medida es posible evitar discordancias entre distintas regulaciones que procedan de distintos ministerios”. Una de las prioridades del Gobierno es modificar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, según ha apuntado la vicepresidenta, quien también ha destacado la ley de menores sin alcohol, el desarrollo de la ley del voluntariado y la modificación de los sistemas de financiación autonómica y local. La protección del medio ambiente recibirá también un impulso con la redacción de la ley de cambio climático y transición energética y con la ley de reducción de gases de efecto invernadero. Cabe destacar las modificaciones en el Mercado de Valores y la ley del Impuesto de Sociedades, así como un nuevo esquema de resolución extrajudicial de conflictos financieros.
El Gobierno iniciará o continuará la redacción de estas normas y en su tramitación mantendrá contactos con los distintos partidos políticos, por lo que algunas se materializarán en leyes y otras no, en función de si existe o no acuerdo. No obstante, es posible que a lo largo de la legislatura se plantee la necesidad de aprobar otras normas.
