El desafío regulatorio en torno al juego online

El crecimiento exponencial de este tipo de apuestas ya ha despertado las primeras voces de alerta dentro del poder legislativo

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge una reducción del tipo aplicable a los ingresos netos provenientes del juego online, pasando de pagar un Impuesto sobre Actividades del Juego del 25% al 20% en todo el territorio nacional, excepto en Ceuta y Melilla. El objetivo de dicha medida es lograr una mayor atracción de las operadoras de juego para realizar sus actividades en el marco legal, “evitándose las actuaciones ilegales que aún se producen en este sector», tal y como señalan desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Según alertan los expertos en adicciones, este tipo de apuestas conllevan un potencial adictivo superior y acarrean consecuencias más rápidas y graves que los juegos presenciales, especialmente si se tiene en cuenta que el perfil del nuevo ludópata es el de un joven (en ocasiones menor) “enganchado” a las apuestas deportivas, al póker, la ruleta, el bingo y otros juegos de azar en red. En esta línea, y atendiendo a los últimos datos que maneja el Gobierno, un total de 668.869 personas apostaron en juegos online, al menos, una vez al año, lo que supone un aumento del 25,5% respecto al año anterior, especialmente entre la población de los jóvenes de 18 y 25 años.

Este crecimiento exponencial de las apuestas en línea ya ha despertado las primeras voces de alerta dentro del poder legislativo. Desde el PSOE se califica esta situación de «preocupante», haciendo un llamamiento al Ejecutivo a restringir la publicidad del juego online y el patrocinio de equipos deportivos, con el fin de frenar el «brutal crecimiento» de los menores de 25 años que acceden a este tipo de juegos. En este sentido, el grupo socialista ha registrado una PNL en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, mediante la cual instan al Gobierno a desarrollar reglamentariamente, en el plazo de tres meses, los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.

Por su parte, la Dirección General del Juego (DGOJ) ha cerrado recientemente una consulta pública a través de su portal web para que ciudadanos y asociaciones participaran en la ampliación del marco normativo respecto a la ley de regulación del juego. Dicha consulta, que llega en un momento en el que España se ha convertido en un enclave estratégico para el desembarco de los eSports, pretende modificar la normativa y adaptar las órdenes ministeriales al contexto actual.

El juego online constituye un desafío regulatorio para los poderes públicos en el que confluyen, entre otros, la protección jurídica respecto a las apuestas ilegales, la defensa de los menores, así como el control de una adicción que muchos expertos califican ya de pandemia. El acelerado crecimiento que están experimentando este tipo de apuestas intensificará el desarrollo legislativo en esta materia, a la vez que abre la puerta a las acciones de lobby por parte de los actores afectados.

 

Óscar Panizo

Consultor de Asuntos Públicos

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