La crisis de la listeria perjudica a la industria cárnica

La listeria es una bacteria resistente que se adapta muy bien a diferentes ambientes, coloniza todo tipo de alimentos y se puede llegar a multiplicar incluso en el interior de la nevera. Esta bacteria, una de las principales causantes de infecciones alimentarias en todo el mundo, se ha extendido como la pólvora entre aquellas personas que comieron carne mechada contaminada, sobre todo en Andalucía. Esta carne intoxicada ha generado la mayor crisis sanitaria –más de 190 afectados y tres fallecidos– para el reciente gobierno de Juanma Moreno, quien apenas lleva unos meses al frente de la comunidad andaluza.

El pasado 15 de mayo la Consejería de Salud de Andalucía comunicó la activación de la alerta sanitaria. La listeriosis ha ido ganando terreno, sembrando dudas y dañando la reputación de la industria cárnica en nuestro país en cuestión de días.

La crisis de la listeria ha puesto encima de la mesa una de las cuestiones prioritarias de las que trata de hacer insignia propia cualquier nuevo gobierno que irrumpa en la ardua tarea de gestionar una comunidad: los controles sanitarios.

El punto clave, ha sido el lote de carne mechada fabricada por Magrudis, pero comercializada bajo una marca blanca por otra empresa (Comercial Martínez León), que ha escapado de los controles sanitarios. La carne no tenía etiqueta y presentaba deficiencias graves que no se habían detectado, según el Ministerio de Sanidad. Los mensajes contradictorios que se han lanzado, desde la marca comercial implicada, han dañado la reputación de la industria cárnica.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha declarado haber aplicado escrupulosamente los protocolos sanitarios y actuar con celeridad en todo lo que respecta a la crisis provocada por la listeria. Todavía está pendiente aclarar si los controles a los que estaba obligada la empresa Magrudis se llevaron a cabo. La ley la obliga a realizar exámenes periódicos que, a su vez, controla la administración.

Aunque las competencias para superar y abordar esta crisis sanitaria correspondían a la Junta de Andalucía, hay otras dos instituciones implicadas: Ministerio de Sanidad y Ayuntamiento de Sevilla. Las tres administraciones públicas han tratado de alinear acciones y mensajes para tranquilizar a la sociedad.

La transparencia que debería haber mostrado la empresa afectada, y que habría sido un aspecto clave y reconocido por los afectados, se ha visto empañada por las reiteradas declaraciones ambiguas, que han dado los responsables de la fábrica a los medios de comunicación. 

Mientras tanto, otros colectivos como las organizaciones de consumidores y asociaciones sectoriales, han ido alertando sobre cómo la cifra de afectados iba aumentando.

El sector cárnico, que ya se encontraba en una situación difícil en el ámbito corporativo –debido a la creciente corriente a favor de la sostenibilidad y defensa del trato de los animales– ha visto acrecentada su crisis de imagen con esta grave falta respecto a los controles sanitarios que se llevan a cabo en las fábricas.

Marta Pérez

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