Casi 400 empresas alimentarias reducirán el contenido en sal, grasas y azúcares de sus productos

La aplicación del plan responde a la actividad de lobby ejercida por las diferentes asociaciones, organismos y sociedades científicas

En España, el 37% de los adultos y el 40% de la población infantil sufre de sobrepeso, y el 17% y 18%, respectivamente, padece obesidad

El pasado martes 22 de enero, la Ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, firmó 20 convenios con las asociaciones representantes de 398 empresas alimentarias y de bebidas para mejorar la composición de sus productos y que estos sean más saludables para los consumidores. 

En nuestro país, el 37% de los adultos y el 40% de la población infantil sufre de sobrepeso, y el 17% y 18%, respectivamente, padece obesidad. La aplicación del plan responde a la actividad de lobby ejercida por las diferentes asociaciones, organismos y sociedades científicas que, desde hace años, vienen alertando y pidiendo medidas para fomentar una alimentación más saludable. 

Este hito estaba pendiente desde la aprobación del “Plan de Colaboración para la Mejora de Composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2020” en febrero de 2018. Este Plan está enmarcado dentro de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), lanzada en el año 2005 por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), con la meta de que el sector alimentario se autorregule para conseguir dietas más saludables entre los ciudadanos.

Además, la actividad europea que persigue el control de la obesidad infantil y la implantación de planes destinados a mejorar los hábitos alimentarios de la población (como la Acción contra la Obesidad Infantil 2014-2020 de la Comisión Europea), está contribuyendo decisivamente a que las administraciones públicas de muchos países miembros desarrollen este tipo de acuerdos con la industria alimentaria para mejorar la calidad nutricional de alimentos disponibles en el mercado.

Estos acuerdos contemplan más de 4.000 referencias entre alimentos y bebidas y son un total de 13 los grupos de alimentos a los que se le aplicará esta reducción. Entre ellos: productos lácteos, salsas, pan especial envasado, platos preparados, néctares de frutas, bebidas refrescantes, bollería y pastelería, helados, derivados cárnicos, galletas, cereales de desayuno y cremas. El compromiso acordado entre el ministerio y la industria alimentaria se basa en tres pilares: sal, azúcares añadidos y grasas saturadas. 

Sal

La reducción del contenido en sal se propone hasta un 14 % en patatas fritas, un 16% en embutidos y 5% en salsas. Medida que responde a la relación entre la hipertensión y el consumo de este mineral en las comidas, que también está relacionado con la obesidad.

Azúcares añadidos

Se pretende disminuir el contenido en azúcares añadidos a bebidas refrescantes y néctares de fruta en un 10%. En cuanto a la bollería, su cantidad de azúcar deberá reducirse en un 5%. En este sentido, fuentes como Azucarera, apuntan que la función de estos azúcares añadidos va más allá del aporte de dulzor, y destacan su papel como conservante agente modificador del punto de fusión y congelación.

Grasas saturadas

Las grasas saturadas se reducirán en un 10% en aperitivos salados y platos preparados; y un 5% en galletas, bollería y derivados cárnicos. Su consumo está relacionado con problemas, a corto y medio plazo, como obesidad infantil y enfermedades cardiovasculares.

Este plan de colaboración público-privada sigue las líneas de actuación que marcan tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea. La masiva adhesión voluntaria por parte de las empresas ha supuesto un hito a nivel europeo como modelo de colaboración, por el número y la variedad de productos que van a mejorar su composición. 

Este ejemplo de autorregulación es uno de los muchos con los que empresas e industria se adelantan a la legislación. De esta manera, muestran su compromiso con el bienestar social y posicionándose como referentes para facilitar su interlocución con las administraciones públicas en sus distintas actividades de lobby.

Inés Fernández de Betoño, ejecutiva de cuentas.

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